Persisten las capacidades institucionales disminuidas para enfrentar la trata de personas

A más de 10 años de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, “seguimos con capacidades institucionales disminuidas” en torno a lo que se necesita, afirmó Nelly Montealegre Díaz, secretaria auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Un Artículo de: Laura Lucía Romero Mireles en Gaceta UNAM Foto: Francisco Parra.

Al participar en la UNAM en el Seminario Permanente sobre Violaciones Graves a los Derechos Humanos: Diálogos en torno al Manual sobre trata de personas, añadió que se sigue registrando ese delito y se enfrentan nuevos desafíos, de manera muy marcada la digitalización de la delincuencia organizada.

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En la sesión –coorganizada por la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la Universidad Nacional cuyo titular es Mario Luis Fuentes, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la SCJN y el Instituto de Investigaciones Jurídicas– agregó que la trata era el tercer delito que financiaba a la delincuencia organizada, pero “ya saltó al segundo lugar”.

Al hablar del capítulo 2 del Manual editado por el máximo tribunal constitucional del país y dicha Unidad (febrero de 2024), titulado Contexto nacional y capacidades institucionales para enfrentar el delito de trata de personas, su autora dijo que no se está documentando cómo las fiscalías solventan las investigaciones de los delitos cometidos a través de medios electrónicos en el tema; al respecto hay muchos retos.

La especialista mencionó que para conocer las capacidades del Estado mexicano al enfrentar este delito, primero era necesario determinar la situación del fenómeno y para ello se utilizaron varios informes.

Montealegre Díaz detalló que los delitos en materia de trata no se generan de manera aislada; hay otros contextos que los favorecen y otros crímenes circundantes. Empero, de pronto los primeros quedan desdibujados; por ejemplo, en caso de feminicidio ya no se investiga si esa persona estuvo sujeta a una explotación, y eso queda olvidado.

El Manual (coordinado por Fuentes Alcalá) es una gran herramienta que tiene por objeto hacer un análisis objetivo, científico, “de lo que tenemos”, y provee unos “lentes” de perspectiva e interseccionalidad, que van a ser de mucha utilidad para las personas juzgadoras, opinó la experta.

La autora mencionó que el Informe Global de Trata de Personas 2022 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito documenta muy bien el tema de las sociedades virtuosas para resolver los problemas, de cómo se une la sociedad civil con las autoridades, la academia y la iniciativa privada para dar soluciones integrales a problemas que lo requieren.

También se refirió, entre otros, al documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2023 Trafficking in Persons (TIP) Report, el cual brinda la posibilidad de analizar a detalle cómo estamos como país. A casi 12 años de la Ley General, “ya podríamos haber avanzado”.

El TIP señala los esfuerzos de México para enfrentar el problema, como iniciar más investigaciones y condenar a más tratantes, o la emisión del acuerdo para prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso; pero también hace observaciones, entre éstas que disminuyó el número de identificación de víctimas, que los servicios generales para ellas son inadecuados, o no se investigó, procesó ni condenó a ningún funcionario cómplice.

Además, continuaron las prácticas fraudulentas de contratación para trabajar dentro y fuera de México, respecto de las cuales no se han tomado medidas contra los reclutadores o agentes laborales.

Luego de mencionar los informes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, explicó que en el Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas se tienen grandes expectativas con el propósito de que contenga toda la información que se requiere para que “podamos tener respuestas tejidas desde la Comisión”.

Nelly Montealegre Díaz insistió en que hay un vacío en torno a los delitos cometidos a través de medios electrónicos, y cuestionó cuántas de las 14 fiscalías especializadas del país cuentan con un área de investigación de ese tipo de delitos. “En Ciudad de México había un proyecto que esperemos que se concrete pronto”.

En la sesión el moderador, Mario Luis Fuentes, dijo que, con sus actividades, la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas intenta estar a la altura de la Universidad Nacional y de un mundo más complejo y vertiginoso, que requiere mayor reflexión, y alertó que se tienen protocolos y guías pero no se sabe si se aplican.

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