El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados preliminares de las estadísticas de mortalidad para el año de 2021. El dato es tremendo: 1,117,167 defunciones registradas, de las cuales 1,093,210 ocurrieron el año pasado. El resto, alrededor de 24 mil, pasarán al ajuste de las ocurridas en 2020 o en años pasados, y que fueron registradas solo hasta el año anterior.
Escrito por: Saúl Arellano
Asimismo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del gobierno federal, hasta el 29 de mayo de 2022, se tenía el registro de 333,084 defunciones, un promedio de aproximadamente 66,616 defunciones por mes. Esto implicaría que, al cierre de junio de este mismo año, podría haberse llegado a 400 mil defunciones, lo que, de continuar con la tendencia, nos llevaría a un año de alrededor de 800 mil defunciones totales.
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En el acumulado, dado que en el 2020 fallecieron más de 1.1 millones de personas, tendríamos tres años (2020-2022), con un total de tres millones de personas fallecidas. Es una cifra gigantesca que jamás se había visto en nuestro país, y que permite dimensionar la magnitud del drama.
Lo sorprendente, además del dato, es la aparente resignación con que se está viviendo esta calamidad, y la disposición de la mayoría de la población a pasar por alto el desastroso manejo que se ha tenido no sólo de la pandemia, sino de prácticamente todas las esferas estratégicas del gobierno, en lo que respecta al bienestar y protección y cuidado de la vida.
Al ritmo que vamos, el total de personas fallecidas en esta administración podría ubicarse entre 5.5 y 6 millones. Una cantidad equivalente a toda la población de un estado como Guanajuato, en solo un sexenio. Para ponerlo en perspectiva, es importante destacar que, hasta la fecha mencionada del 29 de mayo, había un registro de 649 mil defunciones en exceso, para el periodo que va de 2020 al 2022.
Preocupa que, a dos años y dos meses de que concluya la presente administración, los problemas que arrastrábamos del pasado, no solo no estén en vías de solución, sino que sigan profundizándose, sin que haya una revisión de los resultados y de los retos que tendrán que enfrentarse de cara al cierre de la administración, pues cualquier persona que conoce del tema, sabe perfectamente que en la medida en que se acerca el término del mandato, las decisiones políticas y el enrarecimiento del clima electoral, dificulta cada vez más la acción del gobierno.
También es un hecho que el desgaste de las y los funcionarios que han tenido la responsabilidad al frente de las instituciones comienza a convertirse en un problema mayor; y eso no solo hacia “afuera” sino, ante todo, al interior de las instituciones, donde se tiene mayor claridad de qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer y cuáles han sido las oportunidades desaprovechadas.
En ese sentido habrá que poner atención a lo que ocurre dentro de los organismos clave del gobierno, donde, además, habrá una gran cantidad de personas que buscarán acceder a cargos de elección popular. Y en esa medida, dada la tónica y estilo de lo que se ha visto hasta ahora en los grupos políticos dominantes, es posible que se intensifique el clima de ataques, filtraciones, escándalos de corrupción y documentos que pongan en tela de juicio la probidad o capacidad de determinadas funcionarias o funcionarios.
Ese clima político puede reducir aún más la calidad del gobierno. Y por eso es urgente que haya un proceso de integración de equipos de cierre de la administración. A estas alturas del gobierno es casi imposible que se impulsen nuevas iniciativas de gran envergadura. El reto está antes bien, en consolidar lo que se tiene y avanzar hacia la entrega-recepción de la administración de la manera más ordenada posible.
De esta forma, en la revisión de los objetivos y estrategias de cierre del gobierno, quizá la más relevante sería cómo evitar que haya más muertes evitables. Cómo lograr que las personas dejen de morir por padecimientos prevenibles o curables y cómo transitar hacia la adecuación de la política de desarrollo social en general, para evitar que la pobreza coloque a más personas en las dolorosas condiciones de vida y de vulnerabilidad que se registran en todo el territorio nacional.
México dispone de los instrumentos y herramientas necesarios para mejorar la calidad del gobierno. Tuvimos un Censo, levantado con toda oportunidad y calidad por el INEGI, a pesar de la pandemia; tenemos una medición de la pobreza, que debería llevar a un ajuste final a la estrategia gubernamental y sentar las bases de una nueva lógica de intervención para el gobierno que habrá de llegar, y, sobre todo, hay los diagnósticos, indicadores y herramientas para dedicar todo el esfuerzo del gobierno, a mejorar y corregir los errores que se han cometido hasta ahora.
No actuar en ese sentido seguirá teniendo consecuencias nefastas para las personas; seguirán contándose los muertos en cantidades que podrían ser mucho menores; y seguirán acumulándose y profundizándose los rezagos que nos han colocado como un país donde la muerte tiene permiso para actuar.
Tres millones de muertes son una cifra que se dice rápido; pero que debe tener la fuerza para interpelarnos y llamarnos a una revisión ética de qué estamos haciendo. Frente a esto, sería más que una irresponsabilidad continuar creyendo que tenemos más tiempo qué perder.
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