Tribunal amenazado

La reciente crisis en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pone en evidencia que la intervención de poderes exógenos en los procesos internos de los organismos autónomos tiene consecuencias graves para su gobernabilidad. Cuando el ejecutivo y el legislativo, que tienen origen en la competencia político-partidista, buscan cooptar o domesticar a los entes autónomos, los contaminan con sus intereses partidistas e imponen una visión ideológica en su desempeño, con lo que la función original de los órganos es alterada, incluso corrompida.

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¿A qué me refiero? A que en el caso del tribunal el depuesto magistrado presidente había venido cumpliendo el papel de quinta columnista del poder hegemónico, dificultando o modificando la impartición de justicia en el campo de la competencia electoral. Es bien sabido por los que creemos conocer las condiciones internas de la función electoral, que algunas sentencias emitidas desde la designación del interfecto al frente del tribunal han causado controversia, en particular aquéllas que se han contradicho acuerdos del consejo general del INE. Incluso se han contradicho criterios defendidos en sentencias previas, como en el caso de la atención a la violencia política de género, o la obligatoriedad de candidatos y precandidatos de presentar informes de gastos de campaña.

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Los cinco —de siete— magistrados que destituyeron al controversial presidente enlistaron una serie de inconsistencias, omisiones, imposiciones y manejos administrativos sospechosos que nunca fueron esclarecidos o atendidos por el presidente del colegiado (https://bit.ly/2TVVEzY). La resistencia a ventilar temas incómodos fue evidente en los alegatos que expuso el aludido, antes de ordenar el levantamiento de la sesión virtual y hacer mutis, junto con otra magistrada y el personal directivo de la secretaría de acuerdos.

Los magistrados rebeldes asumieron la defensa del prestigio del tribunal, que ha sumado luces y sombras a lo largo de sus 25 años de existencia, pero que sin duda ha sido el garante de la democratización y la progresividad en los derechos políticos de los mexicanos.

El secuestro de los organismos autónomos se traduce en regresiones autoritarias que buscan deconstruirlos, para retornar al centralismo caudillista que todo decidía, incluso la aplicación de la ley.

Las reacciones externas nos ayudan a adivinar los hilos de control que hoy se ponen en riesgo: la mayoría parlamentaria y el ejecutivo se han pronunciado por la renuncia del pleno de la sala superior. Es lógico: así se plantea la tabla rasa que facilitaría la cooptación completa de ese importantísimo órgano del Poder Judicial, que también ha estado bajo asedio, con el anzuelo de la inminente reforma a ese poder, incluida la ampliación del periodo de su propio presidente.

El canibalismo institucional se desata sin embozos para facilitar el camino a la imposición de la agenda de largo plazo, transexenal, de la 4T. Ojalá los magistrados den la batalla por su autonomía, porque de otra manera el tribunal puede constituirse en la antesala del exterminio o domesticación del sistema electoral nacional.

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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda