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El día de ayer, en medio de una emergencia sanitaria por la que están falleciendo cientos de personas – y se estima que serán miles-, se desplegó una de las campañas de mayor vileza e inmoralidad de parte de TV Azteca en contra del gobierno de la República, enfocando las baterías en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
La trama
A lo largo del día, en diferentes espacios, se generó una serie de críticas en torno al manejo de la crisis sanitaria; sobre la errática política de comunicación de datos que ha tenido el gobierno de la República, y utilizando la posición, cuestionable por el tono y forma, asumida por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien acusó una manipulación dolosa del funcionario de marras, respecto del número de defunciones, y su registro, vinculadas al COVID19.
El colmo llegó en su noticiario de mayor audiencia, en el que literalmente, su conductor estelar, Javier Alatorre, expresó: “Como todas las noches, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”.
Quienes defienden la posición -o al menos le dan el beneficio de la duda- de la televisora y de este presentador de noticias, argumentan que lo que se cuestiona al gobierno es el manejo de los datos y no el cuidado de las personas. Pero pensarlo así sería ingenuo, porque quien tenga una mínima idea de la comunicación, y quien haya escuchado el mensaje completo, lo que se buscó fue desacreditar la autoridad ética del vocero oficial del gobierno de la República respecto de la emergencia sanitaria, y con ello, minar también la credibilidad de las autoridades en lo que se respecta al manejo de la crisis y las políticas que se han implementado.
El Derecho a la libertad de expresión y sus límites
Más allá de lo ruin e inmoralidad de esta posición, este debate debe ubicarse en el marco de dos derechos fundamentales: 1) el derecho a la información, garantizado por el artículo 6º de la Constitución, el cual establece que todas las personas tenemos derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión.
Como todo derecho, éste tiene límites; y la libre expresión de las ideas los encuentra en, según el texto constitucional: “el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de los terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”. En evidencia, lo que hizo TV Azteca cae en estos supuestos, porque al atacar, sin ningún fundamento científico, la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano en horas cruciales para salvar vidas humanas y preservar la salud pública, podría configurar varias conductas típicas de algún delito.
El propio artículo 6º establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, y que el estado debe velar porque sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal… acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
El derecho a la salud en riesgo
El segundo derecho es el derecho a la salud, establecido en el artículo 4º, y reglamentado por la Ley General de Salud. Este derecho implica tener acceso a información oportuna y de calidad, para que las personas puedan prevenir enfermedades; y para esa cuestión, es crucial el papel que juegan los medios de comunicación, pues de la calidad de la información que proporcionen, dependerá en buena medida el conjunto de decisiones personales, familiares y profesionales se que tomen para el resguardo y cuidado de su salud y la protección de sus vidas.
Desde esta perspectiva, es evidente que la población no solo tiene el derecho de recibir información de calidad de parte de los medios de comunicación, pero sobre todo de las autoridades responsables de la garantía de sus derechos, en el sentido que lo establece el Artículo 1º de nuestra Carta Magna.
Lo anterior, vinculado al artículo 6º, implica la posibilidad y responsabilidad de exigir a las autoridades información veraz, oportuna y de calidad. No se trata pues de creer, como si fuese un acto de fe, en lo que dicen las y los funcionarios del Estado; por el contrario, en todo momento debe ejercerse la crítica y la libertad de pensamiento y expresión; empero, esa práctica dista mucho del montaje de una campaña de desprestigio, que no cuenta con ningún sustento, sino la burda defensa de intereses económicos y políticos de la televisora del Ajusco.
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El gobierno no es ni incuestionable ni infalible
Hay muchas personas que, desde la academia, hemos cuestionado algunos de los supuestos y fundamentos teóricos y estadísticos del modelo que implementa el Gobierno Federal; pero esa es una discusión sustentada también en evidencia y busca mejorar las acciones públicas para enfrentar con mayor eficacia la emergencia sanitaria y económica.
Desde esta perspectiva, también debe tenerse cuidado en la lectura a las críticas a TV Azteca, porque éstas no deben interpretarse como un respaldo incondicional y acrítico de las decisiones del gobierno. Es decir, criticar la vileza de la televisora no significa estar necesariamente de acuerdo en todo o parcialmente con López-Gatell; en esa misma lógica, un uso de esta coyuntura para pedir confianza y apoyo al gobierno, sería tan perverso como la actitud de la televisora.
TV Azteca y su cuestionable posición
Así visto, lo que debe comprenderse es que en este momento lo que urge es priorizar salvar vidas. Y en eso debe subrayarse que, desde el inicio de la epidemia, la posición del dueño de la televisora y otros negocios, como Elektra y Banco Azteca, ha sido priorizar la protección de sus negocios, aún por encima de la enfermedad y eventual muerte de decenas de miles de personas.
Hay quienes han pedido que se le retire la concesión a TV Azteca. Y es un asunto que el gobierno debe considerar, por la franca violación a la Constitución y a la Ley; pero quedarse ahí resultará corto; lo que se debe revisar con mucho cuidado, desde el estado, pero también desde los propios medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto, es qué clase de medios de comunicación queremos; como consumidores de productos de entretenimiento, informativos y hasta de formación, cuáles son los mecanismos e instrumentos de que disponemos para exigir mayor calidad.
La crisis provocada por la COVID-19 es de alcances hasta civilizatorios, según algunas filósofas y filósofos. Y en esa tesitura debemos cuestionar, con urgencia, qué queremos de los medios públicos y privados, porque como ha quedado visto, su potencial dañino, sin una adecuada regulación y supervisión, puede provocar efectos devastadores, que nadie en su sano juicio puede querer.
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