El sistema de procuración e impartición de justicia en México se encuentra profundamente cuestionado. Muy pocas personas confían en la capacidad y la ética en la actuación de las policías, de los Ministerios Públicos y de los jueces; y los tres ámbitos, es decir, la seguridad pública, la procuración de justicia y la impartición de justicia enfrentan una percepción ciudadana que apunta hacia la ineficiencia y la corrupción.
Sin duda, la construcción de un Estado democrático de bienestar requiere de una autoridad legítima ante los ojos de la ciudadanía, pues de otro modo es muy difícil construir un marco de seguridad y en el que todas y todos podamos reconocer, sin regateos, que es siempre preferible obedecer la Ley que confrontarla.
En México, son los más jóvenes quienes están cometiendo la mayoría de los delitos, y en consecuencia, quienes están poblando las prisiones. El 63% de quienes están detenidos en prisiones federales tiene menos de 40 años; 53.7% tiene estudios por debajo del nivel de la secundaria; al menos el 50% ha tenido a algún familiar en prisión; mientras que más del 80% tiene hijas e hijos. Estos datos dan un panorama preocupante en torno a cómo se procura e imparte justicia en nuestro país.
La pérdida de la confianza
Uno de los elementos clave para el funcionamiento democrático se encuentra en la confianza que tiene la ciudadanía respecto de las instituciones públicas. En nuestro país, dos terceras partes de las personas mayores de 18 años declaran algún grado de desconfianza y se muestran sumamente escépticos respecto del desempeño institucional en el ámbito de la justicia.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, 2013, coordinada por el INEGI, muestran que el 65% de quienes tienen 18 años o más cree que los Ministerios Públicos son corruptos y una cifra similar considera que las policías ministeriales también lo son.
Asimismo, el 64% de la población cree que los jueces están vinculados constantemente a prácticas de corrupción, lo cual es sumamente grave, pues si dos de cada tres personas desconfían de la imparcialidad de las y los jueces, entonces puede sostenerse que las condiciones para construir un verdadero Estado de derecho se encuentran comprometidas.
En el mismo tenor, sólo el 43% de las y los ciudadanos cree que los ministerios públicos son eficaces en su trabajo; el 44% piensa que las policías ministeriales tienen un buen desempeño, y únicamente el 49.4% de la población asume que las y los jueces tienen un buen desempeño en sus responsabilidades.
Investigación deficiente
La debilidad de la cadena de procuración e impartición de justicia en México inicia desde la integración de la Averiguación previa. En primer lugar debe destacarse que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (2012), de todos los delitos que se cometen, en el 91% de los casos no se inicia una averiguación por parte de las autoridades ministeriales.
La Primera Encuesta realizada en los Centros Federales de Readaptación Social, 2012, coordinada por Elena Azaola y Catalina Pérez-Correa, destaca que del total de las personas detenidas en prisiones en nuestro país, el 53.7% declara que fueron llevados a “otro lugar”, antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público (M.P.), como lo marca la Constitución.
Adicionalmente, de quienes sí fueron puestos a disposición del M.P., el 30% declara que pasaron entre una y tres horas antes de ser llevados ante esta instancia; uno de cada 5 declara que pasaron entre 4 y 8 horas antes de ser presentados ante la autoridad; el 12% declara que pasaron entre 9 y 12 horas; 13.5% señala un lapso de entre 13 y 24 horas; mientras que el 17% sostiene que la policía u otras autoridades los retuvieron entre uno y cuatro días.
Pobres y jóvenes: los detenidos
El estudio de Azaola y Pérez Correa muestra que, del total de quienes están detenidos en prisiones federales, el 38.2% son jóvenes entre los 31 y los 40 años; el 27.3% se ubica en el grupo de población de los 41 a los 50 años; uno de cada cuatro, es decir, el 25% tiene entre 21 y 30 años; y el resto, equivalente al 9%, tiene 51 o más años.
Asimismo, el 80% de quienes se encuentran en prisiones federales tienen hijos, destacando que más del 65% de las mujeres tuvo a su primer hijo antes de cumplir los 19 años.
Debe destacarse además que prácticamente el 18% de quienes se encuentran recluidos han tenido a un hermano o hermana en prisión; el 11% declara que algún tío lo ha estado; mientras que el 9% sostiene que al menos un primo ha estado antes o se encuentra detenido.
Adicionalmente debe mencionarse que el 53.7% de quienes están detenidos en prisiones federales carece de estudios de educación básica completa; el 20.4% estudió la secundaria completa; el 12% cuenta con preparatoria incompleta; el 7.3% cursó la preparatoria completa; el 4.3% cursó la universidad de manera trunca; mientras que sólo el 2% terminó una carrera universitaria o cuenta con educación de posgrado.
El mundo de las prisiones
Como ya se señaló, México tiene un sistema penitenciario sumamente débil, tanto en lo que a capacidad instalada se refiere, como en cuanto a la calidad de los servicios, el trato a las personas en reclusión, y el desempeño de quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo la custodia y el funcionamiento de los mismos.
De acuerdo con la encuesta citada, en México existen 418 centros penitenciarios: 306 son de operación y responsabilidad estatal; 90 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 12 lo están a la Federación; y 1 al Distrito Federal.
Según este estudio, al mes de enero de 2012, la población penitenciaria total era de 233,277 internos, de los cuales el 95% eran del sexo masculino y únicamente el 5% eran mujeres.
Presuntos culpables
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como un principio básico para la procuración e impartición de justicia, el principio de la Presunción de Inocencia; es decir, nadie puede ser tratado como si fuese culpable, hasta que no le sea demostrado por parte de la autoridad.
Sobre este tema debe destacarse en primer lugar, que una enorme cantidad de personas se encuentra en prisión sin haber recibido todavía una condena por parte de la autoridad judicial. En efecto, según el estudio mencionado, sólo el 59% de quienes se encuentran en prisión por un delito del fuero común han recibido una sentencia.
En el ámbito federal la cuestión es todavía peor, pues el 53.3% de quienes están en prisión han recibido una sentencia condenatoria; lo anterior significa que el 53.3% guarda una calidad de “procesado”, lo cual, en términos absolutos implica que, de los 48,066 internos contabilizados en el año 2012, un total de 25,619 se encontraban en la cárcel sin haber recibido todavía una sentencia condenatoria.
El estudio señala que la inmensa mayoría de las personas recluidas fueron detenidas en flagrancia, un indicador inequívoco de que el sistema penal mexicano carece de un adecuado sistema de investigación del delito, lo cual es responsabilidad de los Ministerios Públicos y de las Policías Ministeriales y de Investigación.
Justicia dudosa
De acuerdo con el estudio de Azaola y Pérez-Correa, sólo el 48.3% de quienes se declararon culpables admiten haber cometido un delito; el 30.5% dice haberse declarado culpable porque fue torturada o torturado; el 24.5% lo hizo porque fue presionado o amenazado para hacerlo; 4.7% lo hizo porque el Ministerio Público le indicó “que era lo mejor”; mientras que el 4.4% se declaró culpable porque amenazaron a su familia.
Asimismo, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, únicamente en 24 entidades los Poderes Judiciales cuentan con “Oficinas internas de control” que verifiquen todos sus procedimientos; sólo en 23 hay esquemas de sanción a servidores públicos; y únicamente en 17 existen esquemas de investigación contra servidores públicos.•
