Un desarrollo vulnerable

por Mario Luis Fuentes

México enfrenta una amenaza climática real: el 50% de los municipios del país enfrentan al menos un riesgo climático; más del 73% del territorio nacional presenta algún grado de degradación; casi el 65% de la población vive en regiones con alto o muy alto estrés hídrico; mientras que el 28% de las viviendas de todo el país, el 46% de las instalaciones clasificadas como de “triple A” de Pemex, el 30% de las líneas de conducción eléctrica de la Comisión Federal de electricidad y el 20% de los planteles educativos de todo el país se ubican en zonas de alto riesgo ante el cambio climático y sus efectos

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México es un país con una alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. De acuerdo con la información oficial, no hay ninguna región del territorio nacional que no enfrente alguno de los grandes retos en materia de contaminación del aire y de la atmósfera por gases de efecto invernadero; contaminación del agua; desertización y pérdida de las áreas verdes; incendios forestales o de pastizales; así como la extinción por la amenaza de extinción de la biodiversidad.

Con el propósito de enfrentar esta realidad, el Congreso de la Unión emitió en el año 2012 la ley General de Cambio Climático, en la cual se establece la responsabilidad del Gobierno Federal de construir una estrategia nacional para enfrentar este fenómeno que, sin duda, es de preocupación y escala planetaria.

Una preocupación social

De acuerdo con diversas mediciones, la población mexicana está mayoritariamente enterada de la realidad, pero sobre todo de la magnitud de los riesgos asociados al cambio climático. En efecto, la estrategia nacional de cambio climático sostiene que más del 90% de la población nacional muestra grados importantes de preocupación ante este fenómeno.

A pesar de lo anterior, son todavía pocas las familias y hogares que han tomado medidas para adaptarse a las condiciones que nos impone la nueva realidad medioambiental planetaria y nacional; por ejemplo, menos de la mitad de la población nacional cuenta con medidas estructurales para el ahorro y el cuidado del agua, y también menos de la mitad de la población ha tomado medidas estructurales para el ahorro de los recursos energéticos, en particular de la energía eléctrica.

Más huracanes y lluvias torrenciales

Uno de los efectos inmediatos del cambio climático se encuentra en una doble tendencia: por un lado, los pronósticos indican que en los próximos 30 años la precipitación media anual disminuirá gradualmente; y por el otro, la evidencia permite alertar sobre la  presencia de lluvias torrenciales, huracanes y ciclones cada vez más intensos, frente a los cuales las poblaciones más vulnerables son siempre las que viven en mayores condiciones de marginación y pobreza.

Los daños económicos derivados de esta condición son inmensos: en la estrategia nacional de cambio climático se estima que entre 1980 y 1999 las pérdidas anuales causadas por los fenómenos hidrometeorológicos ascendían en promedio a 730 millones de pesos; en contraste, para el periodo que va del año 2000 a 2010 las pérdidas sumaron un promedio anual de 21,950 millones de pesos.

Lo anterior significa que en la última década se han generado afectaciones por prácticamente 220 mil millones de pesos, cifra aproximada al presupuesto anual total de los programas federales para el desarrollo rural sustentable en el país.

La degradación de los suelos

Otro de los ámbitos de vulnerabilidad que enfrenta México se encuentra en la constante degradación y desertización de nuestros suelos. Los datos del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2012, indican que más del 63% del territorio nacional presenta algún grado de degradación.

El 25% de los suelos que presentan algún grado de afectación tienen como causa principal la deforestación, la pérdida de pastizales y la pérdida de selvas tropicales. En segundo término, otro 25% se ha degradado debido al cambio de uso de suelo para su utilización en la agricultura, la ganadería y la urbanización o la ampliación de las zonas urbanas.

Un 25% adicional encuentra la causa de la degradación en el llamado “sobrepastoreo”, así como en el “sobre pisoteo”, generado por la carga excesiva de ganado que provoca la pérdida de propiedades físicas y químicas de los suelos destinados a las actividades ganaderas, las cuales tienen como objetivo la producción de carne, así como de leche y sus derivados.

Un paraíso ecológico en riesgo

A pesar del daño que se ha causado en los últimos 50 años al medio ambiente en México, seguimos siendo considerados como uno de los territorios que mayor diversidad biológica alberga en todo el planeta. Esta realidad exige comprender que la protección de nuestro patrimonio ecológico es simultáneamente también la protección del patrimonio ecológico planetario.

Los datos del mencionado Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio muestran que con sólo el 1.5% de la superficie planetaria, México comprende total o parcialmente, 46 de las 867 eco regiones que hay en todo el mundo; 27 de las 426 eco regiones de agua dulce del mundo; así como ocho de las 232 eco regiones marinas reconocidas en el orbe.

Esto convierte a México en uno de los 17 países que, con menos del 10% de la superficie terrestre total de nuestro planeta, albergan aproximadamente el 70% de las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, plantas e insectos; y la mayoría de bosques tropicales húmedos, arrecifes coralinos y otros ecosistemas prioritarios del mundo.

De manera lamentable, la falta de políticas públicas adecuadas para la protección y conservación del medioambiente han llevado a un acelerado deterioro y pérdida de esta mega biodiversidad. Los datos oficiales así lo confirman, pues, de acuerdo con el mencionado programa de ordenamiento ecológico, para el año 2002 en nuestro país: “sólo se conservaba el 72.6% de la superficie original de bosques; 59% de las selvas húmedas; 64% de selvas subhúmedas; 85% de los matorrales; y sólo 6 % de los pastizales.”

Un territorio amenazado

Como se mencionó líneas arriba, la mayor parte del territorio nacional está sujeto a serias amenazas y riesgos ambientales. Según la estrategia nacional de cambio climático, de los 2,457 municipios que hay en el país, 1,224 son considerados vulnerables ante al menos un riesgo climático.

Adicionalmente, las autoridades federales consideran que al menos el 64% de todos los municipios del país presentan una muy alta vulnerabilidad pecuaria, resultado de los ya mencionados procesos de “sobrepastoreo” y “sobre pisoteo” de los suelos dedicados a la crianza y producción ganadera.

Para cerrar este cuadro, es pertinente destacar que la SEMARNAT estima que son al menos 12 millones las personas que viven en zonas altamente vulnerables a los eventos climáticos extremos y, en general, a las distintas amenazas climáticas que existen en el país.

Infraestructura en riesgo

Asociado a los riesgos sociales se encuentra el riesgo detectado para las instalaciones estratégicas del desarrollo en el país. La estrategia nacional de cambio climático considera que una parte sustancial de los activos estratégicos nacionales está localizada en zonas consideradas como de alto peligro.

En efecto, el 30% de la población nacional vive en dichas zonas, en las cuales también están localizadas el 28% de las viviendas de todo el país. Ahí se encuentran también el 16% de las unidades médicas que hay en el territorio nacional; el 20% de los planteles educativos; el 46% de las instalaciones clasificadas como de “triple A” de Pemex; el 30% de las líneas de conducción eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad; el 11% de las carreteras; el 16% de la infraestructura hotelera y de los aeropuertos del país; y el 22% de las centrales de abasto en operación en el territorio nacional.

*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 25- Junio- 2013, p. 22

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