De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el transporte público es el segundo espacio donde las personas se sienten menos seguras en el país. En efecto, en diciembre de 2022, el indicador fue de solo un 32.6% que afirmó sentirse seguro en ese espacio. El lugar que genera mayor inseguridad son los cajeros automáticos, pues sólo el 25.4% de quienes los utilizan manifestaron una sensación de seguridad en ellos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Siendo muy relevantes estos datos, enfrentamos aún la problemática relativa a que las preguntas sobre espacios públicos son limitadas. Por ejemplo, sabiendo que el lugar que mayor miedo genera en las escuelas son los baños, sería interesante conocer cuál es el grado de sensación de miedo o peligro en los baños públicos o localizados en espacios públicos como terminales de autobuses, paraderos de autobuses o transporte colectivo, o en estaciones de metro o parques públicos.
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La cuestión es relevante sobre todo si se considera la desagregación por sexo. En efecto, en todos los rubros la sensación de inseguridad es mayor entre las mujeres respecto de lo que declaran los hombres. Por ejemplo, mientras que entre los hombres la sensación de inseguridad es de 52% en las calles que usualmente usan, entre las mujeres el indicador es de 60.7%. entre los hombres, la percepción de inseguridad en los cajeros automáticos es de 67%; mientras que entre las mujeres es de 80.2%.
En el transporte público, los hombres reportan sentirse inseguros en el 60.6% de los casos, mientras que entre las mujeres es de 72.1%. En los parques recreativos, los hombres reportan una percepción de inseguridad en el 38.1%, mientras que para las mujeres el indicador es de 53.1% que reporta sentirse insegura en este tipo de espacios públicos.
Las encuestas de percepción de inseguridad y de victimización entrevistan sólo a personas mayores de 18 años; pero sería muy importante tener conocimiento de cuál es la percepción de niñas, niños y adolescentes, pues en primerísimo lugar, es su derecho ser escuchados y opinar sobre los temas que les atañen; y en segundo término permitiría construir una nueva generación de políticas públicas, programas y acciones para protegerles de mejor manera en contra de toda forma de abuso, maltrato o violencia.
La emergencia nacional que enfrentamos en materia de feminicidios, y esto no se ha visibilizado de manera suficiente, palidece al compararla con la crisis de homicidios cometidos en contra de niñas y niños; en efecto, la tasa promedio de feminicidios de los últimos cinco años es de alrededor de 1.2 casos por cada 100 mil mujeres, mientras que la tasa de homicidios intencionales de menores de 18 años se ubica en alrededor de 3.7 por cada 100 mil en el grupo de edad.
El país ha fracasado en la construcción de una política de Estado para la erradicación de la violencia contra las mujeres; y lo mismo puede decirse en materia de protección a las infancias. En ambos casos, las decisiones que se han tomado, y las que se han dejado de tomar, están costando vidas; y compromete todos los días la seguridad e integridad de millones de ellas y ellos.
De igual forma, los datos de que disponemos en materia de delitos contra la familia; delitos contra la seguridad e integridad sexual; corrupción de menores y; tráfico de menores muestran incrementos de más de 45% en los últimos cinco años; lo cual no puede explicarse sólo bajo el argumento de que “hoy se denuncia más”; sobre todo si se considera que los datos de cifra negra no han variado positivamente en los últimos años.
Tenemos a la mayor cantidad de personas desaparecidas en un solo sexenio en la historia del país; y la mayoría de ellas son mujeres, niñas y niños; y tenemos por otro lado cientos de miles de niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos, ya bien por la pandemia de la COVID19, o bien por la violencia armada. ¿Cómo enfrentan la vida en los espacios públicos estas niñas y niños? ¿Quiénes los acompañan cuando van a la escuela? O en no pocos casos, ¿quiénes velan por sus derechos en los casos en que se incorporan a actividades laborales para contribuir al gasto familiar o incluso, para garantizar su propia supervivencia?
Al contrario de lo que se requiere, en la presente administración se decidió recortar el presupuesto para la atención de la niñez y el acompañamiento a las familias; se decidió atacar ideológicamente a los movimientos de mujeres y, sobre todo, se decidió avanzar por la ruta más neoliberal en el diseño y operación de los programas sociales dirigidos a estos grupos de población, dejándolos a su suerte en medio de un mercado voraz, concentrador y excluyente.
Los resultados estructurales están a la vista. En el 2020, el grupo de población en mayores condiciones de pobreza, visto por edades, fue el de las niñas, niños y adolescentes. Lo cual nos indica que somos un país totalmente inapropiado para las infancias; pues viven en contextos generalizados de violencia que agreden y segregan especialmente a las mujeres.
Las políticas de desarrollo urbano no están considerando estos factores en el nivel de lo local. Ni los gobiernos de los estados ni los de los municipios han entendido que el desarrollo territorial y urbano es mucho más que pavimentar calles y erigir puentes. Que por el contrario, el centro de sus decisiones y estrategias debería ser la construcción de comunidad; promover la cohesión social y generar entornos seguros que permitan la interacción y la convivencia solidaria entre todas las edades.
La cantidad de parques, jardines y servicios públicos esenciales como baños públicos seguros, bebederos de agua potable y lavabos para mejorar la higiene, sobre todo ante los riesgos de pandemias y otras infecciones, es tanto insuficiente como de pésima calidad. Y en eso debemos invertir mucho más, en una lógica de desarrollo urbano que además debe tener criterios de sostenibilidad.
El país inseguro violento contra las mujeres, niñas y niños que hoy somos es no solo inviable, sino, ante todo, inaceptable. Nuestra Constitución le da un mandato radicalmente a nuestros gobiernos; y es hora de que asuman la responsabilidad de cumplir lo que está ahí reconocido y prescrito.
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