por Nashieli Ramírez
Durante muchos años, el trabajo de las organizaciones ha sido fundamental para millones de niñas y niños mexicanos, a quienes les han proporcionado techo, alimento y de manera directa o indirecta, educación. Su participación sigue siendo fundamental, aunque dentro del marco de la asistencia social vigente, que en teoría debería de apoyar y regular sus funciones, existe una agenda pendiente que permita superar vacíos y omisiones en este ámbito
Sin duda, el denominado por algunos tercer sector, caracterizado por incluir actividades que no son del mercado y no son del gobierno, ha tenido un crecimiento significativo en nuestro país, especialmente durante este siglo. A la fecha aún no contamos con un sistema de información único a partir del cual podamos saber el número exacto de entidades de la sociedad civil o no gubernamental que existen en nuestro país, pero todas las fuentes disponibles reportan un incremento de este tipo de entidades.
Según la Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México (INEGI), para 2008 se contabilizaban 40,089 instituciones que realizaban actividades sin fines de lucro y el Registro; por otra parte, reporta 19, 283 organizaciones con Clave Única de Inscripción (CLUNI) al cierre de 2012, en comparación con las 3,594 registradas en 2006, es decir, se ha sextuplicado.
A partir de los años noventa surgen organizaciones del terreno sembrado por la Convención de los Derechos del Niño (1989). La incorporación de la perspectiva de derechos involucra necesariamente modificaciones en su actuación cotidiana en la manera que operan sus servicios. Pero también un compromiso de construcción de agenda pública, de incidencia en política pública y de generación y difusión de conocimiento sobre niñas, niños y adolescentes y sus derechos.
Sin duda, quien abre el camino a la participación de la sociedad civil en este marco es el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez. Comexani, como fue conocido, colocó las bases, tanto en gestión de conocimiento, como de incidencia en política pública en la materia de derechos de la infancia. Durante la primera década de vida la Convención, generó investigaciones, inició la socialización de la Convención, demandó la generación de la institucionalidad gubernamental para cumplirla y realizó los dos primeros ejercicios de reportes alternativos de este instrumento y articuló a organizaciones y personas.
La conclusión de estos cimientos es producto del trabajo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, surgida en 2001, a partir del impulso de organizaciones que en su mayoría trabajaban con poblaciones callejeras, paradójicamente, un grupo que actualmente ya no está constituido por menores de edad. La Red logró en un lustro visibilizar tanto en los actores sociales, como en los políticos, a los niños y sus derechos. Uno de sus principales ejes, del cual es además pionera, es la línea de incidencia en política pública basada en datos, principalmente con la Infancia Cuenta en México, que hasta 2010, año en que UNICEF lanzó Infoniñez.mx, estaba posicionado como el principal difusor de indicadores en la materia. La Red también participó en la integración de las agendas legislativas de infancia y se constituyó en referente la temática.
Hacia 2005, la conformación de organizaciones ligadas a temas de la niñez iba en aumento, a partir de agendas como la de explotación sexual comercial infantil, como Infancia Común y de defensa, y como la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. También de colectivos como el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, hoy desaparecido, pero que al igual que la Red presentó un informe alternativo al tercer reporte de México al Comité de los Derechos del Niño de la ONU y de otros que siguen vigentes, como la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, contamos con colectivos de organizaciones a nivel local que tienen amplia influencia en sus territorios, como son la Red de los Derechos de la Infancia de Juárez y el Foro Oaxaqueño de la Niñez.
A lo anterior se suma desde 2011 la Alianza por los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes en México, cuyo grupo promotor está integrado por organizaciones e instituciones especializadas en infancia, pero también en otras esferas que de manera transversal atienden problemáticas que finalmente tienen que ver también con niñas, niños y adolescentes. Es un grupo que parte de un principio no sectorizado, sino sistémico.
Desde sus respectivos espacios de estudio y trabajo se construye una visión integral de lo que representa la vida y los derechos de la tercera parte de la población en nuestro país. Se parte del principio de que la garantía de los derechos no es responsabilidad de una sola institución ni de una mirada, sino que requiere de un enfoque transversal y multidisciplinario. La alianza es, por lo tanto, un espacio de encuentro, discusión, reflexión y difusión que tiene la finalidad de generar un trabajo conjunto dentro de la especificidad y generar lazos de apoyo, de transferencia de experiencias y conocimiento que le permitan constituirse en una voz y referente responsable y autorizado desde la sociedad civil, en lo que a las materias de infancia y adolescencia se refiere.
Con apenas 16 meses de existencia la Alianza, integrada entre otros por Cauce Ciudadano A.C.; CEIDAS; Colectivo contra la Trata de Personas México; Compromiso, Solidaridad y Ayuda Social A.C. (incluye); GENDES, A.C.; Incide Social; Observatorio Ciudadano Educación; Programa Infancia. UAM-X; Save the Children México; Sin Fronteras; y Ririki Intervención Social; emitió las recomendaciones generales iniciales al Informe de México a la Convención correspondientes al cuarto y quinto periodos; participó en la consulta sobre niñez migrante de la día de Debate General en el Comité de los Derechos de la ONU; y participa activamente en la integración del nuevo marco legislativo de protección y garantía de derechos.
Hoy, sin duda, se trabaja de manera activa desde la sociedad civil en la construcción de un Estado para la infancia y adolescencia. El mayor pendiente en este campo está en la integración plena a este ejercicio ciudadano de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.•
