El dato que proporciona la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) -esfuerzo que ha coordinado desde hace varios años la talentosa Teresa Shama- resulta estremecedor y perturbador, por decir lo menos: en México hay alrededor de un millón cien mil niñas y niños desnutridos que presentan baja talla y peso para su edad.
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Esa suma es mayor a la de la población total de estados como Baja California Sur, Campeche o Colima; lo cual permite dimensionar la magnitud de esta tragedia; la cual desde luego no sería menor, cualitativamente hablando, si el número de niñas y niños en esa condición fuese más reducido.
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Otro tema a considerar es que ese dato corresponde al periodo previo a la pandemia; esto significa que, en estos momentos, la realidad en que viven millones de niñas y niños seguramente es mucho peor; y que la cantidad que han sido afectados en su posibilidad de tener cumplidos sus derechos humanos se ha incrementado significativamente.
Dado que México es considerado como uno de los cinco países con mayores indicadores de obesidad infantil en el mundo, suele pasar inadvertido o, como menos grave, la inmensa cantidad de menores de 18 años que enfrentan la inseguridad alimentaria, lo que les coloca en severas condiciones de privación y carencia de acceso oportuno a alimentos sanos e inocuos.
No es gratuito sostener que se trata de datos de auténtico escándalo, y tampoco es exagerado afirmar que son resultado de un curso de desarrollo que ha prohijado una de las más horrendas etapas y condiciones de desigualdades y brechas socioeconómicas en la historia nacional.
Es urgente, frente a esta inaceptable realidad, que los programas de asistencia social alimentaria, particularmente las dirigidas a la garantía del derecho constitucional de las niñas y niños a una alimentación adecuada, se fortalezcan y amplíen; y que al mismo tiempo estén acompañados de estrategias para la formación de una nueva cultura alimentaria que permita reducir los niveles de obesidad y sobrepeso que igualmente afectan sus condiciones de salud en el presente, pero que les impactarán también en el futuro durante su vida adulta.
Una niñez en condiciones de desnutrición está en mayores condiciones de vulnerabilidad ante enfermedades y padecimientos infecciosos; tiene menores capacidades de aprendizaje, concentración y retención de conocimientos, lo cual incidirá necesariamente en los niveles de aprobación, rendimiento y permanencia en las escuelas.
El lema de la presente administración dice: “primero los pobres”; pero para que esto no sea solo un buen “slogan”, entonces lo que el Gobierno de la República está obligado a hacer es poner en el centro de todas sus decisiones a las niñas y los niños y, como reiteradamente lo he sostenido en este espacio, garantizar su derecho de prioridad haciendo realidad el Principio constitucional del “Interés Superior de la Niñez”.
De acuerdo con los datos del CONEVAL, el grupo de población considerado por edad, en el que desde hace décadas se ha avanzado menos en la reducción de la pobreza es precisamente el de las niñas y los niños; más de la mitad de ellas y ellos vivían en pobreza en el año 2018; y es seguro que el impacto de la crisis económica asociado a la pandemia de la COVID será mucho más profundo y brutal para ellos.
Hasta hoy, no hay ningún programa presidencial prioritario que ponga al centro a las niñas y los niños; lo que hace del lema de “primero los pobres” una frase hueca, pues de ningún modo, y sin restarle importancia a los programas de becas y apoyo a niñas y niños con alguna discapacidad, podrían considerarse una estrategia integral de cumplimiento universal, integral y progresiva de los derechos de la niñez.
Urge actuar; las niñas y niños no tienen tiempo para esperar a ser rescatados de la pobreza; y la urgencia es tal, que en ella nos va comprometido un presente y futuro auténticamente ético para el país.
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Investigador del PUED-UNAM
Frase clave: Un millón cien mil niñas y niños desnutridos
