Un nuevo trato (I)

por Gustavo Gordillo

Este artículo argumenta que el significado de una política alimentaria en tiempos de crisis parte de la necesidad de enfrentar la desarticulación productiva y la desintegración social prevalecientes en el medio rural con una estrategia de reconstrucción institucional basada en la autonomía de los habitantes rurales y en una dinámica de intervenciones estatales a partir de una elaboración institucional inteligente capaz de aprender y adaptarse a las situaciones heterogéneas y cambiantes en el ámbito rural.

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Este mundo desbocado

El mundo atraviesa una crisis económica, financiera, y política muy grave, en la cual el poder tiende a migrar del Atlántico al Pacífico. El mundo se está moviendo ahora hacia nuevos paradigmas, con temas como el cambio climático, la falta de gobernabilidad de los recursos naturales y la inestabilidad económica. pesar de que la agricultura se ha posicionado en el programa internacional, hace falta construir una nueva plataforma de gobernabilidad en este ámbito a partir de los organismos especializados de las Naciones Unidas, como es el caso sobre todo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

La política alimentaria es un tema transversal y multifactorial que obliga a poner sobre la mesa una concepción actualizada en torno de la seguridad alimentaria, entendida como un derecho de los seres humanos. Esta exigencia se deriva como lo hemos planteado De Janvry, Sadoulet y yo, del contexto actual:

“A diferencia del alza de precios de 1973, que rápidamente llevó a un regreso a la tendencia decreciente de los precios mundiales de alimentos, el alza de los precios de 2008 fue seguida de otros aumentos de precios y en general de una tendencia al alza, lo cual constituye en sí un punto de inflexión en la situación alimentaria mundial. Los inventarios mundiales de alimentos están en su punto bajo más bajo, lo que contribuye a la volatilidad en los precios alimentarios. La demanda por biocombusibles compite contra la demanda por alimentos que añade una presión alcista en los precios de los granos. En el corto plazo los países respondieron el aumento de precios con barreras a la exportación y compras de urgencia para proteger a los consumidores. Después de 25 años de relativo estancamiento los países también han comenzado a invertir masivamente en la producción de alimentos para aumentar sus autosuficiencias, incluso a mediante acaparamientos de tierras en otros países” (De Janvry et al, 2012; traducido directamente del inglés).

Añadimos en el texto antes mencionado que: “Al mismo tiempo mientras que la pobreza extrema se ha reducido en la escala mundial, el numero de hambrientos se mantiene atascado en alrededor de mil millones. La volatilidad de los precios de los alimentos genera amenazas a la continuidad del acceso, requisito para alcanzar la seguridad alimentaria. De la misma manera también se han incrementado las exigencias en los medios gubernamentales y de organismos internacionales para sustentar en la agricultura un conjunto amplio y multidimensional de objetivos de desarrollo. Estos objetivos implican intercambios (trade-offs) en material de políticas. La agricultura puede ser una fuente efectiva para el crecimiento agregado en países débilmente industrializados, y un camino hacia el empleo en la economía rural no agrícola. La agricultura puede ser efectiva para reducir el hambre de manera indirecta por medio de precios bajos de los alimentos y de manera directa por medio de la generación de ingresos en la agricultura de pequeña escala y en la generación de empleos. Además la agricultura es una importante fuente de servicios ambientales y puede ayudar a reducir la presión sobre algunos recursos naturales, como agua y tierra con el objetivo de canalizarlos a otros usos”(ibid, 2012).

Este ámbito de volatilidad de precios, medidas proteccionistas, proble- mas de hambre y pobreza, explosiones sociales y en general de inestabilidad económica, social y política, puede ser explicado sólo si se revisa de manera crítica las consecuencias de las reformas estructurales de los años noventa en el campo. Un informe del Banco Mundial (2008) presenta un equilibrado saldo entre la perspectiva en la cual se colocaron las políticas de ajuste estructural y sus resultados en el medio rural:

“El ajuste estructural de los ochentas desmanteló el elaborado sistema de agencias públicas que proveía a los productores rurales con acceso a la tierra, al crédito, al seguro, a los insumos y a formas cooperativas de organización. Las expectativas eran que al remover [las intervenciones del estado] los mercados se liberarían y los actores privados asumirían esas funciones al tiempo que reducirían sus costos, mejorarían su calidad y eliminarían sesgos regresivos. A menudo eso no ocurrió. En algunos lugares la retracción del estado fue cuando más tentativa, limitada a la entrada de actores privados. En otras partes, la emergencia del sector privado fue lenta y parcial, sobre todo para atender a segmentos de agricultores comerciales pero dejando a muchos pequeños productores expuestos a exten- didas fallas de mercado, altos costos de transacción y vacíos en el ámbito de los servicios agrícolas. Mercados incompletos y vacíos institucionales impusieron altos costos expresados en un crecimiento que eludió a los pequeños producto- res y en pérdidas en bienestar, que amenazó su competitividad cuando no, como en muchos casos, su sobrevivencia.” (Banco Mundial, 2008, p. 138) (las citas del Banco Mundial han sido traducidas directamente del inglés).

De ese largo periodo de alrededor de 25 años podemos extraer tres grandes lecciones: i) aunque el mercado es una fuerza promotora de crecimiento y bienestar, existen graves problemas debido a mercados incompletos, asimetrías en el acceso a la información o a los costos para asegurar el cum- plimiento de contratos. ii) aunque las políticas públicas son decisivas para establecer el contexto en el cual pueden florecer las actividades emprendedoras, existen numerosas fallas en la instrumentación, debido a distorsiones clientelares o patrimonialistas. iii) aunque las sociedades y, más particularmente, las organizaciones no gubernamentales, las agrupaciones gremiales y las diversas asociaciones ciudadanas son decisivas para el éxito de programas de desarrollo, existen fallas de cooperación que requieren ser atendidas por medio de arreglos que motiven la acción colectiva.

De la boca al plato: los retos

A partir de estas consideraciones es que la FAO define los principales desafíos mundiales contemporáneos que se enfrentan en material alimentaria:

i) El incremento de la producción de la agricultura, de las actividades forestales y de la pesca, así como de su contribución al crecimiento económico y al desarrollo, a la vez que se garantiza la gestión sostenible de los ecosistemas y la aplicación de estrategias de adaptación al cambio climático y de mitigación del mismo.

ii) La erradicación de la inseguridad alimentaria, la carencia de nutrientes y los alimentos nocivos en vista del encarecimiento de los alimentos y la alta volatilidad de los precios.

iii) La racionalización del consumo de alimentos y de la nutrición.

iv) La mejora de los medios de subsistencia de la población que vive en zonas rurales, entre la que se incluyen los agricultores, silvicultores y pescadores en pequeña escala y, en particular, las mujeres, en el contexto de la urbanización y de las estructuras agrarias en proceso de cambio.

v) La necesidad de garantizar sistemas alimentarios y agrícolas más justos e integradores en los ámbitos local, nacional e internacional.

vi)La exigencia para incrementar la resiliencia(II) de los medios de vida ante las amenazas y crisis relativas a la agricultura y la seguridad alimentaria.

vii) El reforzamiento de los mecanismos de gobernabilidad a fin de satisfacer las necesidades de los sistemas alimentarios, agrícolas, forestales y pesqueros en los planos nacional, regional y mundial (FAO, 2012a).

Respecto a la demanda de alimentos se observa dos distintas tendencias en los hábitos alimentarios de los consumidores, que son impulsados por los profundos cambios demográficos y económicos presentes sobre todo en los países en desarrollo: la convergencia y la adaptación dietética. La primera explica la creciente similitud de las dietas de todo el mundo, y se caracteriza por una mayor dependencia respecto a un menor número de cereales básicos (trigo y arroz), así como por un mayor con- sumo de carne, productos lácteos, aceites comestibles, sal y azúcar, y una menor aportación de fibras dietéticas (FAO, 2004a). La adaptación dietética se refiere a los cambios alimenticios experimentados por la población de- bido a las características de la vida urbana, en cuanto al apremio del tiempo y el acelerado ritmo de vida. En la mayoría de los casos, la vida urbana implica que ambos progenitores del hogar busquen trabajo. Esta situación motiva a su vez que la población consuma más alimentos fuera de casa, y que adquiera un mayor número de alimentos elaborados y de marca (FAO, 2004a). Estos cambios de hábitos de consumo en los países en desarrollo, y en particular en las zonas urbanas, han generado una situación paradójica en la cual coexisten problemas de desnutrición con problemas de obesidad, relacionados a su vez con situaciones de pobreza. Estas tendencias se han reforzado aún más con la creciente concentración en la elaboración y comercialización de los alimentos agrícolas. En la América Latina se ha presentado en los años recientes un crecimiento explosivo de las inversiones por parte de las corporaciones alimentarias trasnacionales, y de la proporción de alimentos vendidos en supermercados.

Los desafíos que se enfrentan en áreas regadas tienen relación con un manejo más eficiente del agua, que asuma su escasez y que además evite la degradación de los suelos. En áreas de agricultura intensiva se requiere un mejor manejo del paquete tecnológico constituido por semillas, fertilizan- tes, pesticidas y agua. En sistemas extensivos la fragilidad del ecosistema constituye el principal desafío. Parece empero que hemos llegado a un punto en el que cada vez resulta más evidente que se requiere transformaciones profundas en la manera de producir y distribuir alimentos, considerando las conocidas restricciones en materia de agua, energía y suelos (Pretty, 1995).

El manejo adaptativo y en general el reforzamiento de la resiliencia de los sistemas puede ayudar a mitigar los efectos de la degradación ambiental. Enfrentados a estos problemas los agricultores requerirán apoyo para encontrar soluciones específicas a sus condiciones locales. Se necesitan sistemas más diversificados como los que practican los agricultores en muchas partes del mundo, pero frecuentemente las políticas públicas y en particular las políticas de subsidios no favorecen el uso de esos sistemas flexibles capaces de adaptarse mejor a choque externos. Se requiere en consecuencia una amplia visión que recurra a un conjunto de políticas públicas orientadas a mitigar los efectos negativos y sobre todo a dotar de capacidad a los sistema agrícolas de mayor capacidad de adaptación frente a los problemas de deterioro ecológico y, ahora más aún, del cambio climático. Existen con todo dos tipos de intervenciones clave: “i) mejorar tecnologías para un manejo sostenible de tierra, agua y biodiversidad, y ii) poner a las comunidades locales en la conducción del manejo de recursos naturales (putting local communities in the driver’s seat” (ibid, 192).

¿Qué tan rural es el campo?

Las principales transformaciones relacionadas con el medio rural mexicano son:

i) Con base en los datos censales y de encuestas sectoriales y nacionales se subraya el profundo estancamiento del sector rural, incluyendo lo agrícola, forestal y ganadero. Las consecuencias de lo anterior se ob- servan en términos de pobreza: 2008 el 60% de la pobreza extrema se concentra en el sector rural.

ii) La sociedad rural se ha transformado profundamente. La sociedad rural se ha envejecido y se ha feminizado como producto sobre todo de la migración. La agricultura ha dejado de ser fuente principal de ingresos para la mayoría de los hogares rurales. Pero en el campo aún vive más de 20% de la población total y, dependiendo de la definición de población rural, podría alcanzar hasta 30% del total nacional. También importa subrayar que la sociedad rural es fundamental para el desarrollo del país más allá de las cifras sobre PIBA por el conjunto de bienes ambientales, culturales y económicos que proporciona y podría proporcionar hacia el futuro a la sociedad nacional.

iii) La sociedad rural es extraordinariamente compleja y diversa. Coexis- ten diversas lógicas productivas y sociales de las cuales rinden cuenta las diversas tipologías que se han elaborado para los productores agro- pecuarios. Más que una sociedad predominantemente agrícola se debe reconocer el peso de los recursos naturales entre los cuales los forestales son clave. Se trata de una sociedad rural que además de diversa este fuertemente pobladas por actividades multifuncionales impulsadas des- de las familias y las comunidades.

iv) Desde los años noventa se afirmaba que las políticas agropecuarias se habían basado en un modelo tecnológicamente ineficiente (Toledo et al, 1993), que había llevado a graves deterioro del capital natural: suelos, agua, vegetación primaria.

v) La consecuencia de lo anterior es que se requieren políticas diferenciadas con un fuerte anclaje en el desarrollo regional que permitan una transformación en la matriz tecnológica y en las condiciones de des- igualdad y pobreza. Lo anterior requiere la construcción de un nuevo pacto social “entre la banqueta y el surco” como lo propone Bartra (2011) o una “tercera reforma agraria” como lo sugiere Scott (2011) o un nuevo trato como se propone en este texto.

Un nuevo trato: la agricultura familiar en el centro

Reconstrucción institucional y empoderamiento ciudadano. Una pregunta que guía este ensayo: qué significa una política alimentaria en tiempos de crisis, parte de la necesidad de enfrentar la desarticulación productiva y la desintegración social prevalecientes en el medio rural con una estrategia de reconstrucción institucional basada en la autonomía de los habitantes rura- les y en una dinámica de intervenciones estatales a partir de una elaboración institucional inteligente, capaz de aprender y adaptarse a las situaciones he- terogéneas y cambiantes en el ámbito rural. La superación de los comportamientos autoritarios —aun y sobre todo en el contexto de regímenes democráticos— puede convertirse en la prueba de fuego para resolver las diversas inercias que entrecruzan los ámbitos rurales. Las formas autoritarias en la elaboración y manejo de la política rural presentan ramificaciones que han permanecido desconocidas hasta cierto punto, e indi- can la gravedad y sus efectos negativos en el sector rural: i) la tradicional acción discrecional en el desarrollo, unido a las prácticas exclusivas y verticales de las mismas corporaciones que determinan la captación de recursos públicos y refuerzan las tendencias polarizadas; ii) la tendencia a implementar políticas únicas y soluciones únicas —casi siempre varitas mágicas— que terminan estrellándose frente a un conjunto de realidades productivas diferenciadas, distorsionando los instrumentos de desarrollo, y iii) la sobrevaloración en el mercado político de la lógica corporativa que promueve una dinámica desde las redes de poder regional contraria al desarrollo de mercados, a modos locales de gestión democrática e incluso a la adaptación productiva.

Se entiende por reconstrucción de las instituciones un proceso deliberado emprendido gracias a la convergencia de actores sociales y gubernamentales como respuesta a una situación límite producto de una combinación de fragmentación social y debilidad institucional cuyo propósito es modificar algunas reglas del juego sean formales o informales. En estas circunstancias se requiere el establecer un conjunto de compromisos mutuos de derechos y obligaciones. Al resultado de esos compromisos lo denomino pacto de garantías, que es una construcción institucional característica y específica a esas situaciones límite y que abarca los tres ámbitos institucionales antes mencionados: el operativo, el de la gobernabilidad y el constitucional.

El pacto de garantías busca construir un piso básico a partir del cual negociar y resolver diferencias y discrepancias inevitables en sociedades plu- ralistas, que están en proceso de modificar sus instituciones. No se trata de mitificar el papel que desempeña la construcción de consensos, pero sí de señalar su papel insustituible para modular el ritmo de cambio, de transformación y de reconstrucción. Se trata de un pacto de garantías en el sentido que los actores aceptan ciertas restricciones mutuas –vetos cruzados-, tanto para actuar como para cambiar los actos originales en aras de ir construyendo así un grado de confianza paulatinamente creciente que permita hacer avanzar los acuerdos originales.

Este proceso de reconstrucción institucional puede ser alimentado por fuentes muy diversas: impulsos provenientes de la movilización social, de determinados regímenes de políticas y de una buena estructura de incentivos y sanciones que garantice el cumplimiento de las reglas. El aspecto central empero es que cuando los ciudadanos perciben que los costos asociados con la aplicación de reformas institucionales están distribuidos con justeza, éstas pueden ser más exitosas (Gordillo, 1999).

Acabar con la membra disecta: un estado responsable y con respuestas. Los ámbitos de acción pública que aquí se plantean tienen un hilo conductor. En la actualidad refutar los fundamentos de ideologías que justifican la injusticia realmente existente, requiere cultivar el tronco común de la acción del Estado como regulador y promotor de los agentes económicos privados, según el enfoque de una eficiencia con distribución social más equitativa de sus frutos. Una construcción básica con este perfil tiene hoy la difícil tarea de integrar dos elementos que se contradicen: uno que apela a los derechos individuales y otro que atiende a los derechos sociales. En realidad son elementos que se conjugan en un mismo universo, que es de por sí contradictorio y no homogéneo. No se trata de elaborar un esquema ideal que por perfecto termine por alienarse del mundo, sino de configurar escenarios que se reconozcan en la realidad precisamente porque no anulan sus contradicciones. Estos trazos retoman los principios de libertad e igualdad en otro contexto: la no eliminación política o económica de los actuales sujetos sociales, sino por lo contrario, la libertad de tomar decisiones sobre la base de la reciprocidad interesada y haciendo de las normas de reciprocidad componentes altamente productivos -por lo general asociados a redes sociales de intercambio- y uno de los cementos básicos para reconstruir la cohesión social.

En consecuencia un Estado responsable y con respuestas lo es en la medida que establece diversos ámbitos de convergencia de fuerzas sociales y de deliberación pública, por medio de acuerdos: i) entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales para impulsar y motivar el funcionamiento de cabildos abiertos con el propósito de acordar entre los habitantes de esos municipios, y aplicar proyectos productivos con hincapié en garantizar acceso adecuado a alimentos impulsados con fondos financieros descentralizados; ii) entre el gobierno federal, los go biernos estatales y municipales y universidades públicas y privadas para garantizar que en los municipios seleccionados estas últimas proporcionen apoyo técnico amplio para la elaboración y aplicación de esos proyectos productivos; iii) entre consorcios privados vinculados o no con actividades rurales y sus propias fundaciones en coordinación con las universidades o centros de educación implicados, para financiar el establecimiento de talleres permanentes de formación de recursos humanos, orientados a temas relacionados con la formación de negocios rurales y emprendimientos productivos, y iv) por medio entre los gobiernos federal y estatal y los congresos mediante sus comisiones respectivas, para comprometerse a realizar un ejercicio conjunto de evaluación continua del diseño, puesta en marcha y resultados de estos ejercicios.

En síntesis, un Estado responsable y con respuestas lo es porque no espera que los problemas se resuelvan desde arriba, desde las burocracias o desde los gobiernos solamente. Los acuerdos con otros actores productivos, intelectuales y en general con la sociedad civil se asumen no como actos aislados ni casuísticos, sino como ejercicios permanentes, renovables y realimentadores en un proceso continuo de aprendizaje.

El punto de partida para la realización de estos acuerdos consiste en articular los diversos circuitos que hoy fragmentan al campo y separan a sus actores: i) tierra y trabajo, que deben encontrarse en proyectos productivos que capitalicen la tierra y generen ocupación permanente a quienes han tenido que emigrar largas distancias para encontrar si acaso ocupación temporal; ii) la materia prima y su transformación, hoy separadas por distancias geográficas, suspicacias que vienen de lejos, regímenes de propiedad diferentes; es indispensable que se reúnan por medio de modelos flexibles; iii) producción y ganancia, separadas por barreras de intermediación y que necesitan articularse para capitalizar sobre todo al pequeño productor; iv) la demanda local y regional, que frecuentemente quedan al margen de los proyectos de desarrollo público y privado, pero que constituyen un sustento indispensable para romper la parálisis en el crecimiento económico; v) el trabajador rural y el poseedor de la tierra, hoy divorciados por canales que no sólo los separan sino que a veces los enfrentan.

c) Un piso político común: Reforma presupuestaria. La respuesta eficaz a la disipación de recursos públicos, la fragmentación de políticas y la poca disposición para cooperar entre distintos agentes sociales y políticos no es la centralización burocrática. El verdadero antídoto es un programa compar tido y transversal desde el gobierno federal, dotado de inserción operativa en las esferas estatales, municipales y comunitarias, y legitimado sistemáticamente por medio de la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Una política congruente para el ámbito rural debe ser producto de acuerdos básicos de una sociedad, que por lo mismo trasciende los ciclos electorales. Su más importante patrimonio es la certeza y la continuidad.

El piso político de estos acuerdos estaría constituido por tres componentes: i) un enfoque territorial que permita cristalizar coaliciones locales y regionales; ii) una adecuada combinación de incentivos productivos y apoyos directos para el combate a la pobreza y la reactivación productiva que aseguren mayor equidad en los efectos de las reformas en la gente, y iii) un proceso de ensanchamiento de la soberanía popular por medio de mecanismos directos, efectivos y reales de participación ciudadana en la aplicación de las políticas y programas rurales. Empero, la piedra angular de ese piso político sería una reforma presupuestaria, que en el ámbito del gasto público agropecuario parta de una revisión profunda de todos sus rubros en el horizonte de un ejercicio de presupuesto base cero. Y debería seguirse impulsando el propósito de alcanzar un presupuesto multianual para el desarrollo rural, para garantizar continuidad y certeza de las políticas públicas hacia el campo (Scott, 2011).

d) Territorios: economías locales públicas y desarrollos regionales. En esta “economía local pública” (Oakerson, 1999; Ostrom, 1999) se relacionan tres tipos de actores: el colectivo de ciudadanos que requieren “bienes o servicios públicos”, las organizaciones productoras y los intermediarios (organismo gubernamental, “emprendedor público”, etc.). Pero el modelo del “economía pública” no funciona con las mismas premisas que los mercados privados. El concepto “acción colectiva” es el elemento diferenciador, en el que el beneficio social está detrás del accionar de las unidades públicas de producción y provisión. La “coproducción” de los ciudadanos es, en definitiva, uno de los elementos más potentes, ya que en la práctica se estimula el protagonismo real de las personas en la gestión pública.

El papel fundamental de la gobernabilidad local se ejerce por medio de la “provisión” de bienes y servicios públicos; es decir, qué servicios proporcionar o no, la toma de decisiones en cuanto a los impuestos (ingresos) y en cuanto al gasto público. En cambio la “producción” es la entrega de estos bienes y servicios públicos. Ambos conceptos se concretizan en “unidades”; sin embargo, las capacidades requeridas y las organizaciones son muy disímiles. En todo este proceso el ciudadano viene a convertirse en el elemento central y su compromiso y participación resultan clave para el éxito de éste.

La pregunta decisiva que subyace en el análisis de gobiernos locales concebidos de esta manera -Ostrom los denomina policéntricos- es qué marco institucional se puede construir para la sociedad rural como resultado de acciones públicas y privadas deliberadas producto de deliberaciones y consultas, es decir con unidad de propósitos. En este contexto la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno para la elaboración de políticas integrales de desarrollo, se torna decisiva. También lo es el establecimiento de un marco legal que favorezca diversos modos de asociación territorial —entre municipios y para generar instituciones mesorregionales— según el tipo de proyectos, la cobertura de programas o el impulso de determinadas iniciativas locales. Por otra parte, la nueva situación ante la cual se enfrentan las sociedades rurales, así como las políticas sectoriales, requiere una redefinición del concepto de lo rural. Los distintos papeles que desempeña la agricultura en las economías de los países en desarrollo exigen una adecuada ponde- ración de los efectos de políticas que buscan objetivos unidimensionales, sin considerar sus consecuencias sobre otros aspectos del funcionamiento de las sociedades rurales. Más que un enfoque de desarrollo rural en un sentido restringido, se trata de una orientación regional que busca vincular lo urbano y lo rural. En efecto, se reconoce que gran parte de las oportuni- dades de actividad económica dependen del vínculo con los centros urba- nos. Por esta razón debería fortalecerse el sistema de ciudades intermedias con actividades de muy diverso carácter dentro de la vinculación del centro urbano con su hinterland rural, superando la idea de oposición entre rural y urbano (Schejtman y Berdegue, 2004).

La estrategia de desarrollo regional requiere de un proceso de inversión social y productiva que complemente la capacidad de ahorro de los pobladores rurales y fortalezca el poder de negociación de sus organizaciones. La autonomía en la orientación del proceso exige que estén en capacidad de participar activamente en el proceso de desarrollo regional, lo que sería difícil en condiciones de deterioro de la pequeña producción agrícola.

Este enfoque supone pasar de políticas públicas centradas en el pequeño productor a políticas orientadas a la familia rural ampliada; del empleo agrícola al multiempleo; de una política agrícola genérica a políticas dife- renciadas acordes con los tipos de unidades familiares; de la producción agrícola a las articulaciones de ésta con la agroindustria y los servicios; de la antítesis entre mercado-Estado a la intervención estatal como mecanismo de regulación, y de modelos tecnológicos extractivos a modelos sosteni- bles, flexibles y resilientes ante el deterioro de los recursos naturales y el cambio climático. En consecuencia se necesita articular territorialmente los diversos programas e instrumentos dirigidos al desarrollo rural y regional, como la vía idónea para inducir sinergias locales que eviten la disipación de recursos humanos, de recursos económicos y de energía social.

e) Un programa mínimo sostenible en la agricultura familiar. Es necesario partir de la familia rural como unidad de análisis y punto de convergencia de las políticas públicas (Appendini, 2011, y Bartra, 2011). Las familias son instituciones rurales de primera importancia y tienen estrategias de vida e ingreso. Intentan valorizar y aprovechar sus activos y de aprovechar lo me- jor posible sus capacidades y posibilidades y oportunidades en un contexto dado. Por estas razones el estudio de los activos generadores de ingreso es muy significativo y varios autores lo han emprendido para abordar el pro- blema de la pobreza. (De Janvry et al, 2012); Banco Mundial, 2008). Como señala Rello (2001) “la unidad de análisis debe ser la familia rural y no la simple unidad de producción agropecuaria, porque la familia, por medio del trabajo de todos sus miembros, es la que genera los bienes y servicios que producen y venden y toma las principales decisiones de cómo emplear los diferentes activos a su disposición… Existen en ellas discriminaciones, frecuentemente contra mujeres y niños, quienes son los más excluidos de los excluidos. Por ello, la investigación de la pobreza y la exclusión social debería incorporar la dimensión de género”.

En esta dirección debería avanzarse hacia una política de ingresos ru- rales, cuya continuidad sea garantizada por la ley, que sea periódicamente revisable y que termine formando parte de derechos sociales exigibles y es- tablecidos constitucionalmente. Tal política podría convertirse en el núcleo central de este programa mínimo. Un subsidio verde —desvinculado de la producción agrícola, enfocada en fortalecer los ingresos rurales e interesado en fomentar un desarrollo sustentable— pudiera ser la base para diferentes intervenciones, tomando en cuenta las características de los productores y sus estrategias productivas y los desequilibrios regionales. El propósito de esta política de ingresos sería favorecer la pluriactividad rural y también las reconversiones de parcelas y de comunidades, sobre todo si están muy vinculadas a generar valor vía servicios ambientales.

Otros componentes necesarios de este sistema de apoyo serían: i) un sis- tema de financiación rural que movilice el ahorro, en el contexto de la eco- nomía familiar campesina; ii) la política de infraestructura debería enfocarse a aumentar considerablemente la infraestructura productiva pequeña (riego y conservación de acuíferos y suelos), caminos rurales y la infraestructura comercial (Mendoza, 2011; Scott, 2011, y Yúnez, 2007); iii) avanzar en la expansión de fondos concursables para financiar la transferencia de tecno- logía y la capacitación de los recursos humanos, y iv) la importancia de las mujeres en la economía rural y la necesidad de atraer jóvenes para la realización de actividades productivas en el ámbito rural exige trascender la idea de pequeños programas y políticas marginales y casuísticas orientadas a estos grupos. Se necesita colocar en el centro de las políticas públicas a mujeres y jóvenes. El acceso de las mujeres a dos activos centrales: tierra (particularmente en el sector ejidal) y crédito significarían una enorme transformación en el sentido de impulsar un nuevo espacio para las mujeres en las actividades productivas rurales. En el caso de los jóvenes sería indispensable retomar el programa impulsado por el Banco Mundial y la Secretaría de la Reforma Agraria en el sexenio anterior que buscaba vincular la generación de negocios y emprendimientos productivos dirigidos por jóvenes y el rejuvenecimiento de los portadores de derechos ejidales (Appendini, 2011, y Merino, 2011).

Nota:

I. Este texto es una versión resumida del artículo que con el mismo nombre fue publicado en el Trimestre Económico 315 julio-septiembre 2012

II. La resiliencia puede entenderse como la capacidad de un sistema para experimentar el cambio y las perturbaciones, manteniendo, a pesar de ello, cierta forma de control sobre su integridad inicial. Algunas referencias bibliográficas son: Levin, S., S. Barrett, S. Aniyar, W. Baumol, C. Bliss, B. Bolin, P. Dasgupta, C. Ehrlich, C. Folke, M. Gren, C.S. Holling y A.M. Jansson, Resilience in natural and socioeconomic systems, Beijer Discussion Papers, 1997. 100: 2-11; Walker, B., S. Carpenter, J. Andries, N. Abel, G.S. Cumming, M. Jassen, L. Level, J. Norberg, G.D. Peterson y R. Pritchard, Resilience management in social-ecological systems: A working hypothesis for a participatory approach. Conservation Ecology, 2002. 6(1): art. 14.

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