Los datos sobre mortalidad dados a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en el año 2019 se registró la máxima cifra sobre personas fallecidas en la historia de nuestro país. El dato oficial definitivo del instituto indica que en el año señalado hubo 747,784 muertos registrados en las diferentes fuentes de información de que dispone el país: Secretaría de Salud, SEMEFOS y oficinas del Registro Civil.
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De hecho, desde el año 2017 se habían registrado en México más de 700 mil muertos en cada año: 703,047 en esa fecha, y 722,611 en el año 2018. Esto significa que, en sólo tres años, en nuestro país perdieron la vida 2.17 millones de personas, una cifra enorme, respecto de la que suele perderse dimensión debido a la magnitud demográfica de nuestro país, uno de los 10 más poblados del planeta.
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Para dimensionar ese dato, es importante decir que en el año 2018 el estado de Campeche tenía una población de 899,831 personas; así, tomándolo como referencia, entre los años 2017 y 2019 fallecieron en México el equivalente a 2.4 veces la población total de ese estado de la República.
Frente a estas estadísticas es de singular relevancia decir que en el 2020 la Secretaría de Salud tenía un registro, hasta la semana epidemiológica 47, es decir, la tercera del mes de noviembre, un registro de “mortalidad en exceso”, de 252,693 defunciones adicionales a las matemáticamente esperadas para el periodo, respecto de las tendencias registradas entre 2015 y 2018.
Obtener por lo tanto una cifra aproximada del número de muertos para el año 2020, en que la pandemia de la COVID19 profundizó la vulnerabilidad de la población ente la posibilidad de perder la vida, se ubica en más de un millón de habitantes, pues si se suman los más de 747 mil decesos del 2019, a los más de 252 mil registrados como “muertes en exceso” en 2020, antes de concluir el año, la cuestión es de aritmética simple: 2020 será un año con más de un millón de defunciones en nuestro país.
El azoro que genera esta cifra -debe subrayarse-, no sólo se debe a lo cuantioso, sino, sobre todo, porque detrás de ese número se encuentra la pregunta obligada: ¿cuántas de esas muertes no debieron ocurrir? Es decir, dados los recursos disponibles en el país, ¿cuántas de esas defunciones pudieron haberse evitado de haberse diseñado mejores políticas de prevención y atención primaria de la salud?
Se ha documentado que desde hace décadas México es un país con una inmensa cantidad de muertos en exceso evitables. Se estima que al menos uno de cada tres fallecimientos en México podría haberse prevenido e incluso evitado o pospuesto de manera considerable, si se destinasen los recursos suficientes para la garantía de los derechos a la salud y la vida.
Es cierto que la COVID19 es la responsable de muchos de los decesos registrados en exceso en 2020; pero ¿cuántos más son por diabetes, hipertensión, enfermedades alcohólicas del hígado, cáncer o defunciones infantiles? ¿Cuántos de ellos tuvieron como causa principal algún determinante social de la salud? ¿Cuántas de las personas desaparecidas han sido asesinadas y yacen en fosas clandestinas, cuya suma permite pensar que, de contabilizarse, elevarían significativamente el número anual de homicidios dolosos?
Un país con un millón de personas fallecidas es uno donde la reflexión debe darse no sólo en el ámbito de la salud pública, sino, ante todo, en el ámbito de la necesaria reforma del Estado para construir un nuevo curso de desarrollo, y para evitar más enfermedad y muertes que no deben ser.
Debe comprenderse, que la estructura de mortalidad que tiene nuestro país está determinada por las condiciones socioeconómicas de la población; y que ello demanda una radical modificación de las prioridades presupuestales y de intervención del gobierno; lo cual implica también una modificación radical de las estructuras y funciones de la administración pública federal.
Si no somos capaces como país de discutir en esos términos, y de generar los consensos requeridos para atender los problemas centrales del país, estaremos condenados a seguir contando ataúdes, en un país en el que ya no hay lugar para más tristeza.
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Investigador del PUED-UNAM
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