Podría decirse, sin exagerar, que en México se viven severas crisis simultáneas cuya magnitud y gravedad constituyen una realidad inédita en la que hay serias amenazas al Estado y a la viabilidad de nuestra democracia; todo lo cual exige a la ciudadanía a levantar la voz y a señalar en toda su magnitud, los peligros que estamos enfrentando.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
En medio del que es quizá el proceso electoral de mayor polarización en la historia reciente de México, estamos además ante una estructura de gobierno sumamente frágil. Y esto deriva de una paradoja: con el presidente más poderoso de los últimos 40 años, las y los gobernadores han perdido por un lado, eficacia de gobierno y capacidad de toma de algunas decisiones; pero por el otro, han caído en prácticas de mucha opacidad y nula rendición de cuentas, al amparo del poder presidencial, sobre todo ante la idea que ha expresado el titular del Ejecutivo Federal en varias alocuciones públicas que las y los gobernadores de su partido “no son buenos, sino buenísimos” en su desempeño.
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Por otro lado, hay amenazas que agudizan los problemas estructurales que implican las administraciones públicas en todos los niveles. Por un lado, el país está literalmente ardiendo por las altas temperaturas que hay en todo el territorio nacional, así como por la prolongada sequía que está provocando enormes pérdidas económicas, sobre todo en los estados del centro y del norte del país. De esto son víctimas las y los pequeños productores, para quienes los apoyos no sólo se han reducido, sino que además la política pública carece de un diseño integral.
En ese marco, el país se enfila hacia una crisis pocas veces vista con anterioridad: una crisis generalizada de abasto de agua en las grandes metrópolis, la cual podría verse acompañada de manera simultánea de una crisis de precios y de escasez de alimentos, lo cual obligaría a mayores niveles de importación de estos, generando que franjas de la población que ahora está en pobreza moderada, pueda caer una vez más en la pobreza extrema.
La polarización no solo es política; sino que es reflejo también de una inmensa polarización social, lo cual se expresa en el inaudito incremento de la riqueza de los mil millonarios, lo cual lleva a cuestionar que, de facto, esta administración haya separado al poder económico del político, pues si bien ha habido algunas medidas novedosas, en realidad la estructura fiscal, que es la que permiten los niveles que tienen los mares de desigualdad que nos dividen como sociedad, se han mantenido intactos.
Asimismo, es importante reconocer que las estructuras de gestión y mediación del Ejecutivo están enfrentando eventos y presiones que las están erosionando. El ejemplo más reciente es el derribo de las puertas del Palacio Nacional, evento en el que se expresa que esas estructuras están siendo desbordadas; pero, además, hay nuevas amenazas vinculadas a eventos tan oscuros como la muerte violenta de otro estudiante de Ayotzinapa ante lo cual se impuso la opacidad y la falta de información oportuna.
Las organizaciones sociales no encuentran diálogo ni posibilidades de interlocución con las autoridades municipales y estatales; y esto está generando tensiones adicionales, todas ellas innecesarias, pues lo que debería operar en la democracia es el diálogo continuo y eficaz.
Vivimos una tensión entre los Poderes de la Unión, que ante la ciudadanía se agudiza por medio de las escenas de una autoridad que está presente en el territorio, pero que se repliegue y su principal decisión es no actuar ante flagrantes eventos de violación al Estado de derecho y la seguridad e integridad de comunidades y ciudades enteras.
A todo lo anterior hay que sumar la migración y los desplazamientos forzados, y el exorbitante incremento del número de delitos contra las familias, la sociedad y los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual de las personas.
Todo ello, visto en su conjunto, no deja lugar a dudas de que estamos en un país convulso al que urge pacificar y reconciliar.
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