De acuerdo con la organización Causa en Común, hasta el mes de junio de 2024 se habían perpetrado al menos 187 masacres en el país. La organización considera una masacre al asesinato simultáneo intencional de tres personas o más. El último de este tipo de eventos registrados, al momento de escribir este texto, ocurrió en el estado de Querétaro, donde la madrugada del 10 de noviembre del 2024 fueron asesinadas 10 personas, y al menos 7 más resultaron heridas, cuando un comando arribó a un bar y disparó indiscriminadamente en contra de quienes estaban allí.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
En los primeros 40 días de la administración 2024-2030, se tiene un conteo preliminar que ya ha rebasado ya los 3 mil homicidios dolosos. Al respecto debe subrayarse la cada vez más cruenta y atroz exhibición de violencia y maldad que están desarrollando los grupos criminales pues, en evidencia, parte del objetivo no sólo es “calentar plazas”, sino sembrar el miedo y enviar un mensaje de poder e impunidad a las comunidades y ciudades en que ejecutan sus acciones.
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Las entidades donde con mayor frecuencia se perpetran las masacres son Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Baja California y Tabasco. En ese conteo, y por ello lo ocurrido el fin de semana en Querétaro es un nuevo “foco rojo”, Querétaro y Baja California Sur aparecían como las entidades con menor número de “atrocidades” reportadas en medios de comunicación.
Si se observa el mapa del recuento de los eventos de mayor crueldad por su nivel de violencia, lo que se encuentra es que es el Centro-Occidente del país donde en mayor medida se perpetran y registran eventos de tortura, desaparición forzada de personas, torturas, ejecuciones públicas, masacres y asesinatos crueles en contra de mujeres.
Lo que ocurre en México permite reforzar la hipótesis de que, en los últimos 17 años, la tendencia de la violencia homicida y armada en México no se ha comportado en función de las estrategias gubernamentales, ni a nivel federal ni estatal, sino antes bien, a las dinámicas, arreglos y conflictos propios de los grupos delincuenciales, los cuales marcan el ritmo y tono de las dinámicas sociales de vastas regiones, con cada vez mayor influencia y nivel de determinación de la llamada “economía formal”.
Otras entidades donde se registran con frecuencia eventos atroces son Morelos, Estado de México, Michoacán, Sonora y Oaxaca; y ya en el agregado nacional, el conteo es escalofriante pues entre enero y junio del 2024 son al menos 5 mil las personas que han sido víctimas de los actos crueles de los grupos delincuenciales.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los meses de enero y septiembre del 2023 se contabilizaron 22,631 homicidios dolosos en el país, de los cuales, 16,041 fueron perpetrados con arma de fuego. En el mismo periodo del 2024, el registro es de 22,754 casos, es decir, una cifra prácticamente igual, lo que es preocupante pues el argumento del gobierno federal era que se estaba logrando una reducción importante en el número de víctimas de este tipo de crímenes.
A lo anterior debe agregarse el dato relativo a las víctimas de lesiones dolosas, de las cuales se tiene un registro de 140,798 entre enero y septiembre del 2023; mientras que para el mismo periodo del 2024 el dato es de 142,950, es decir, un incremento de 1.5% en el periodo. En el periodo señalado para 2023, se contabilizaron además 649 casos de feminicidio, frente a 624 casos del 2024.
Los datos muestran que en los últimos dos años no se lograron avances importantes en materia de pacificación del país; y dos años son demasiado tiempo para aquellas personas que viven la amenaza, la extorción, el secuestro, las heridas y la desaparición de sus seres queridos. El tiempo para cambiar se agoto hace mucho; pero el sentido de urgencia no aparece ni en el gobierno ni en el Congreso; y eso es tan preocupante como la realidad terrible en que vivimos.
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Investigador del PUED-UNAM
