por Rafael Lozano / Mauricio Hernández
La violencia medida a través de los homicidios refleja un serio problema de salud pública que requiere de atención inmediata, no sólo para recuperar el retroceso que ya se observa en los indicadores de salud, sino para, además, atender las consecuencias no letales que abruman a la sociedad mexicana
Hace 30 años las palabras “violencia” y “salud pública” rara vez aparecían en la misma oración (I), ahora se acepta que el abordaje científico de prevención de la violencia que ofrece la salud pública es una de las herramientas más importantes para luchar contra este importante problema social.
La violencia es un problema de salud pública porque daña la salud de las personas y puede acabar con su vida; no sólo deteriora la calidad de vida de las familias que la padecen, sino que puede romper el tejido social y generar fuertes desequilibrios en la convivencia, así como desasosiego y pérdida de valores sociales fundamentales.
La expresión más drástica de la violencia es el homicidio, pero también se deben incluir las muertes debidas a hechos violentos dirigidos contra uno mismo. A las muertes hay que sumar las consecuencias no mortales de la violencia, que representan uno de los desafíos más importantes para los sistemas de salud.
Además de contender con heridos y mutilados debidos a la violencia física, también se tiene que trabajar para recuperar la salud mental de niños, mujeres y adultos mayores que sufren de maltrato, amenazas y todo tipo de violencia psicológica y sexual. Cuando la violencia recrudece se empieza a acumular una importante carga de estrés postraumático, tanto para las víctimas directas, como para sus familiares y vecinos, lo cual tiene impactos importantes sobre la salud y la calidad de vida de todos ellos.
En el sector salud se reconoce la importancia de la violencia como un problema prioritario de salud pública que requiere atención inmediata. La Secretaría de Salud (SS), como parte de la Comisión Intersecretarial (II), contribuirá fortaleciendo la detección oportuna y la atención médica y psicológica en materia de violencia familiar y de género. Priorizará la orientación y consejería a adolescentes y grupos vulnerables, así como la promoción y adopción de estilos de vida saludables y entornos libres de violencia en escuelas y comunidades.
De manera sobresaliente la SS, se compromete a desarrollar la vigilancia y análisis de las adicciones, que ya venía haciendo a través de diversas encuestas, así como de las lesiones, accidentes, homicidios y otros determinantes de conductas que propician la violencia y la delincuencia. Esta última se considera esencial para desarrollar acciones preventivas y para evaluar el curso de la epidemia de violencia que afecta al país. Un requisito básico para afrontar el problema de la violencia de manera integral es el de definir y observar la magnitud del problema e identificar sus causas, para poder formular y poner a prueba modelos de intervención.
El modelo de prevención (III) que se ha puesto en marcha desde la salud pública incluye la identificación del problema y sus causas, la experimentación con diferentes programas y la evaluación de las respuestas. Se construye con base en la evidencia que demuestra que tanto la conducta violenta como sus consecuencias pueden prevenirse. Es muy importante reconocer que las intervenciones y programas que se plantean desde la salud pública complementan y hacen sinergia las respuestas que la justicia penal y los derechos humanos dan a la violencia.
Crecimiento epidémico
El estudio de la Carga Mundial de la Enfermedad, Lesiones y Factores de Riesgo ubica a México en 2010 dentro de los 15 países con mayor mortalidad por homicidios en hombres, con una tasa de 35 por 100,000. En 2005 nuestro país se ubicaba en el lugar 40, con una tasa de homicidios de 20 por 100,000 hombres (IV).
Según los resultados del estudio, en México 9% de los años perdidos por muerte prematura en los hombres en 2010 se asocian a homicidios, por encima de las enfermedades isquémicas del corazón, la diabetes y los accidentes de tránsito.
El impacto de esta epidemia también se expresará en una disminución de la esperanza de vida al nacer de los mexicanos. Según el Consejo Nacional de Población, de 2009 a 2010 se pierde casi un año en la esperanza de vida de los hombres y se estima que ésta se recupera en un plazo no menor a cinco años. No hay que olvidar que sin la epidemia de homicidios no se hubiera atrasado este importante indicador de desarrollo social, que igualmente opaca otras ganancias importantes en salud y condiciona que no se cumpla con el objetivo del programa sectorial de salud de aumentar la esperanza de vida.
Referencias:
I. Dahlberg LL, Mercy JA. History of violence as a public Health issue.AMA Virtual Mentor, february 2009. Vol 11, No 2: 167-172. Disponible en línea:http://virtualmentor.ama.org/2009/02/mhstl-0902.htlm
II. Bases del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial (http://www.gobernacion.gob.mx/archivosPortal/pdf/Bases120213.pdf) fecha de acceso 22/08/2013
III. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 2003.
IV. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012, 380:2095-3018.
