A lo largo de sus trayectorias políticas, quienes hoy aspiran a ocupar el cargo de Presidente de México han tenido manifestaciones claras de intolerancia ante la diversidad sexual, ante el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y también intolerancia de tipo religioso
Frente a ello, es importante destacar el inmenso reto que tenemos, en tanto ciudadanos de un Estado republicano y laico, de exigir a quienes buscan ocupar un cargo de representación popular, cumplir estrictamente con lo que está estipulado en la Constitución y en las leyes mexicanas respecto de la separación del Estado y las iglesias
Hay quienes sostienen que es legítimo que las y los candidatos expresen abiertamente sus creencias religiosas. Sin embargo, debe considerarse que en sentido estricto, esas creencias son irrelevantes en un Estado democrático de derecho, es decir, si al asumir el cargo juran cumplir y hacer cumplir la Constitución, desde ese momento da igual si creen en las piedras o en los árboles, pues crean lo que crean, no tienen más opción que garantizar de manera universal, sin discriminación ni distingos, los derechos humanos.
El tema es de enorme calado histórico. De ahí la peculiar redacción del artículo 130 de nuestra Carta Magna, el cual dice a la letra: “El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”.
No hay ningún otro artículo que tenga una redacción similar. Por ello, es doblemente relevante destacar la magnitud de lo que implica afirmar, en el texto fundamental que el carácter laico del Estado se sustenta en un “principio histórico”.
Asimismo, el artículo 130 establece: “e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios…”.
De manera lamentable, por todo el país, estas disposiciones constitucionales se violan, pues es común escuchar en homilías, reuniones pastorales, servicios de culto, así como leer en múltiples publicaciones y panfletos religiosos, mensajes que velada o abiertamente, se ponen de lado de uno u otro candidato o partido político, violando con ello, una vez más, el carácter laico del Estado y sus instituciones.
El Estado laico es una categoría central de cualquier Estado democrático, de hecho, aunque en algunos sectores no se entienda así, es la condición necesaria para que las propias religiones existan y tengan una vida en normalidad, es decir, el Estado laico, lejos de ser prohibitivo del ejercicio de los cultos, es la garantía de que cualquier creencia podrá ejercerse en libertad.
Lo que no es válido es que, dadas las creencias de una o un candidato en particular, se pretenda subvertir el orden jurídico o constitucional, en aras de imponer a todos los demás una sola visión moral del mundo y de la vida en el mundo.
Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, todos, han expresado en algún momento de sus carreras, expresiones que atentan contra de la diversidad, de la tolerancia y de la libertad de hacer y decidir que nos dan a todos la Constitución y sus leyes.
En mayo de 2016, el papa Francisco hizo una importante declaración: “El Estado debe ser laico, los confesionales terminan mal. Esto va contra la historia”.
Y el pontífice tiene razón: no podemos darnos el lujo de ir contra la historia. No debemos permitir, que en aras del pragmatismo, las o los candidatos quieran aprovechar la profunda cultura religiosa de la sociedad mexicana, y con base en ella, dar marcha atrás al régimen de libertad y pluralismo en el que es deseable y exigible vivir.
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