Termina el proceso electoral de 2021. No se trata solo de la elección más grande realizada hasta ahora, sino de la segunda más violenta después de 2000 por las agresiones políticas; y la segunda por el homicidio de candidatos y servidores públicos. Un saldo lamentable en un violento cierre de campañas.
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El 25 de mayo fue asesinada Alma Rosa Barragán, candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato. Y trece días antes, en Ciudad Obregón, Sonora, fue asesinado Abel Murrieta, del mismo partido y también candidato a presidente municipal.
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Son dos de los casos más conocidos, pero como ellos hay al menos otros 32 aspirantes o candidatos que perdieron la vida por homicidio entre septiembre de 2020 y el 26 de mayo de 2021.
Además de ellos, están todos los que sufrieron amenazas, robos, intimidaciones, privaciones ilegales de la libertad, y otras agresiones delictivas https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-A30-etellekt.html
Sería mucho cinismo minimizar esta violencia diciendo que hubo más muertes políticas hace tres años. Sí, las hubo, pero el hecho es que en este proceso electoral no solo rebasamos los niveles previos de agresiones políticas en general, sino que a eso se sumó un empeño gubernamental por desprestigiar y menoscabar a la autoridad electoral y sus instituciones autónomas.
La gran diferencia es que las embestidas contra el Instituto Nacional Electoral no vinieron de partidos de oposición, sino de la coalición en el gobierno; un hecho que no se había presentado en el pasado. La suma de la violencia política más el cuestionamiento permanente al INE fue alentando la tensión electoral y el conflicto potencial.
No son estos los únicos factores que propician la tensión, claro, pues la pandemia y la crisis múltiple en la que estamos son un buen caldo de cultivo. Sin embargo, la sensación de conflictividad postelectoral, que va más allá de la competencia y la rivalidad política natural, se fue instalando progresivamente. A fines de mayo, una encuesta encontró que sesenta de cada cien de sus entrevistados esperaba conflictos después del 6 de junio, por ejemplo. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/26/el-60-de-la-ciudadania-vaticina-conflicto-poselectoral/
A la violencia ejercida con los homicidios y otras agresiones por parte de los grupos delictivos, se sumaron los excesos y desplantes verbales, las amenazas explícitas contra consejeros electorales, las acusaciones infundadas de parcialidad, la resistencia a cumplir con los requisitos formales a los que deben someterse quienes compiten por los cargos que se disputan, entre otros hechos recurrentes durante las campañas.
Se trata de una sensación de conflicto que ha sido inducida y aprendida, que no es espontánea. Dentro de tal panorama, la buena noticia es que predomina una actitud de confianza tanto en el INE como en las elecciones. En 2020 el INEGI registro en su Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) https://www.inegi.org.mx/programas/encuci/2020/ que el INE merece la confianza de casi el 60% de la población, solo por debajo de las fuerzas armadas, la marina y la Guardia Nacional.
La ENCUCI documentó, además, que la confianza en el INE es superior a la de Presidencia de la República como institución. Los partidos políticos, en cambio, fueron calificados en los niveles más bajos de entre las organizaciones por las que se preguntó en la encuesta. Otros ejercicios muestran incluso una aceptación mayor del INE por parte de la población (https://gabinete.mx/index.php/es/) con más del 60% de opinión muy buena o buena, y que fue creciendo los primeros meses de 2021.
Esto es muy buena noticia porque la valoración positiva y la confianza en la autoridad electoral han ido calando en la población, y sobre todo en los grupos jóvenes. También se valora la autonomía del INE, con la que nacieron las nuevas generaciones de electores.
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Sin embargo, la violencia política y la desconfianza inducida pueden generar daños aún más profundos en el ánimo de la sociedad, en la convivencia pacífica, y en el aprecio de las prácticas democráticas. Aceptar una candidatura se volvió una opción de alto riesgo y, en algunos estados, es ya una decisión que puede costar la vida.
Si el temor y la incertidumbre siguen creciendo, para las próximas elecciones tendremos actores políticos atemorizados, principalmente en las elecciones locales; y será más sencillo para los grupos delictivos imponer candidaturas, controlar ayuntamientos y hasta legisladores locales y federales. Tendremos un daño profundo a la pluralidad política.
Decir que la violencia política es un problema local es solo eludir el problema. Las fuerzas de seguridad estatales y municipales están siguen fracasando, pero también siguen fallando las instituciones nacionales de seguridad pública.
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La violencia ha sido sobre todo contra las candidaturas a distintos cargos municipales. En efecto, los grupos criminales siguen buscando mantener, o lograr el control de las estructuras territoriales, y eso no deja de ser un problema de interés nacional, no solo local.
La tarea clave será que en las próximas elecciones no haya violencia; no solo que haya menos, que se realicen en paz, que cualquier persona que se postule a una candidatura tenga la certeza de que saldrá sana y salva de su campaña.
Y lo primero para lograrlo es que todas las muertes y agresiones de esta campaña no queden impunes, que se investiguen a fondo, que se castigue a los responsables.
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