por Luis González Placencia
En el imaginario social, el sexenio que termina –más allá de los logros en relación con la elevación del rendimiento social de nuestras instituciones democráticas– está definido por un solo tema: la estrategia federal de combate frontal al crimen organizado, que ha dejado un saldo preliminar de 60 mil personas muertas; la delegación de esta responsabilidad de manera casi exclusiva a los cuerpos castrenses en vista de la corrupción de la policía; y, además, un desgaste profundo del tejido social en aquellos espacios donde se ha intervenido de manera directa para frenar el avance de las redes criminales.
Desde diversos frentes ciudadanos se ha cuestionado la manera en que se ha planteado el problema como una falsa disyuntiva: o se garantizan derechos humanos para todos y, entonces, parecería que se pospone el enfrentamiento directo contra las redes criminales con sus propias armas; o, en el otro extremo, se siguen los procedimientos regulares de combate a la delincuencia y se garantiza en todo momento el debido proceso, con la dilación y falta de efectividad que caracterizan al sistema de justicia que todos los días la ciudadanía experimenta a través de trámites y ventanillas que se multiplican sin dar respuesta precisa.
Es decir: se ha colocado a la seguridad y a la garantía de derechos en una relación antitética, perdiéndose de vista que el conjunto de derechos lo que configura es un espacio de seguridad para que las personas vivan sus vidas con calidad, realicen elecciones autónomas y experimenten la libertad como ausencia de impedimentos para actuar, pero también a través de instituciones democráticas y transparentes que promuevan el empoderamiento ciudadano.
De hecho, la idea de “seguridad humana”, que ha sido el concepto clave para criticar la estrategia federal de combate al crimen organizado, implica la consideración de la fragilidad de la vida humana en ausencia de instituciones, leyes y prácticas gubernamentales que se comprometan de manera irrestricta con la defensa y promoción de los derechos humanos. En ausencia de un paradigma así para la acción pública, a lo mucho contaremos con soluciones asistencialistas, paternalistas y verticales para crear espacios provisionales y no definitivos para el ejercicio de las libertades ciudadanas.
Lo que necesitamos, frente al problema de la inseguridad y el crimen organizado, pero también para tratar otros grandes temas nacionales como la pobreza y la discriminación, es una reivindicación del paradigma de los derechos humanos para elevar la calidad de vida de las personas, al tiempo que se crean espacios de seguridad y se favorece su autonomía y agencia política.
Probablemente la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011 sea el logro más importante del sexenio que termina en la protección de las personas, su calidad de vida y la elevación del rendimiento social de nuestras instituciones democráticas. Esta reforma no es producto de una voluntad individual, sino de un consenso legislativo que plasma experiencias de activismo y defensa de los derechos humanos a lo largo de muchos años; lo que se reconoció con este acto legislativo fue la importancia del paradigma de los derechos humanos, que implica la primacía de los derechos de la ciudadanía frente a las decisiones públicas o los consensos sociales sobre el valor de las identidades; y que este paradigma tiene que vertebrar al conjunto de las instituciones políticas.
Ahora, con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, tenemos la oportunidad de reorganizar nuestras prioridades como sociedad y como país, a la luz de nuestras obligaciones respecto de la tutela y protección de la dignidad humana bajo cualquier circunstancia y en todo momento.•
