La Suprema Corte de Justicia decidió avalar el actual modelo de etiquetado de alimentos y bebidas. Este modelo ha sido criticado por la OMS y varias organizaciones de la sociedad civil.
El sistema actual, impulsado y defendido por la industria alimentaria, es tan confuso que incluso un público entrenado tiene problemas para entenderlo.
Por Kennia Velázquez, con fotografías de Juan José López Plascencia
Una, la que acapara los titulares de la prensa nacional e internacional, es la guerra contra el crimen organizado, que en 2018 provocó 93 asesinatos diarios. La segunda es silenciosa e invisible, pero mucho más letal. Cada día, la diabetes le quita la vida a 291 mexicanos.
El Estado prometió quitarle filo a esta guadaña con la Estrategia para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Dicho programa fue lanzado en 2013 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Cuando se reclamaban mayores esfuerzos para frenar la amenaza, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha vuelto a poner en evidencia una tendencia preocupante: los que deciden las políticas públicas prestan más atención a la industria de los alimentos y bebidas que a los especialistas en salud.
Esta sentencia, del 8 de mayo, se refiere al etiquetado frontal en alimentos y bebidas envasados, uno de los componentes de la Estrategia.
El tribunal ratificó las reglas vigentes en el etiquetado, propuestas por la industria. También anuló el amparo que se había concedido previamente a la asociación civil El Poder del Consumidor.
El Poder del Consumidor forma parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, y se opone a la forma en que se aplica el etiquetado. Considera que es demasiado confusa y que no cumple su propósito de orientar al ciudadano para que tome mejores decisiones.
Sin embargo, no está sola en su postura. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han lamentado el contenido de la resolución y han advertido que se apoya en errores y falsedades.
“El hecho de que el sistema normativo que se impugna contemple la obligación de destacar los azúcares totales sobre una base de 360 calorías, y no reflejar los azúcares añadidos, de ningún modo implica una violación al derecho a la salud, y tampoco podría determinarse que no comunica de manera clara a los consumidores el porcentaje calórico de los alimentos o bebidas no alcohólicas preenvasadas”, sostuvo el tribunal.
En su resolución, aprobada por una mayoría de tres votos contra dos, la Segunda Sala de la Corte señaló además que el actual etiquetado se basa en recomendaciones de la OMS.
“Desgraciadamente, la evidencia que se ha formulado hasta el momento no respalda las afirmaciones de la Suprema Corte, pues estudios que se han formulado desde el año 2011 han corroborado que el sistema actual es deficiente, incomprensible para la población mexicana y, ante la pandemia de obesidad, sobrepeso y diabetes que vive el país, debe ser cambiado”. Lo dijo el INSP en un comunicado, firmado el 2 de mayo, en respuesta al proyecto público de sentencia que poco después sería aprobado.
El proyecto fue elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa. El INSP es la entidad encargada de realizar investigaciones académicas para guiar y evaluar las políticas públicas en salud.
El etiquetado frontal vigente comenzó a aplicarse de forma voluntaria en 2011. Fue una iniciativa del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C. (ConMéxico), el más grande consorcio de compañías de la industria alimentaria en el país.
Este sistema, conocido como Guías Diarias de Alimentación (GDA), declara la cantidad de grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio y energía (expresada en kcal) por el contenido total del envase y por porción.
Además, indica el porcentaje que dichas cantidades representan respecto de “los nutrimentos diarios”, una referencia que un comité de expertos convocados por el INSP para analizar el etiquetado, en 2018, considera imprecisa.
Pese a diversas objeciones con relación a su claridad y a la validez de algunos de sus valores de referencia, el Estado mexicano adoptó este modelo. Y lo volvió obligatorio a partir de julio de 2015.
Lo que más sorprende en el fallo de la Suprema Corte es la afirmación de que el etiquetado responde a las recomendaciones de la OMS. En una carta conjunta dirigida el 3 de mayo a Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, los representantes de este organismo, de la Unicef y de la FAO en México, reiteraron que el modelo actual no se ajusta a sus lineamientos.
Son varias las objeciones planteadas al sistema vigente. En primer lugar, la OMS, la Unicef y la FAO señalan que toma en cuenta los azúcares totales, en vez de los azúcares “libres”, que son aquellos que se añaden a los alimentos.
La diferencia no es poca. Según explica la carta, estos “no se requieren en la dieta humana, y están asociados a un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles”.
En segundo lugar, respecto del azúcar, utiliza un valor de referencia de 18% de la energía total (360 kilocalorías). Ello equivale a 90 gramos. “Este valor tiende a malinformar al consumidor, al hacerle creer que en su ingesta diaria el consumo de azúcares podría llegar hasta un 18%, lo cual representa casi el doble de la recomendación”, advierte el documento. Para la OMS, el consumo de azúcares libres debe ser menor al 10% del total de calorías.
No es la primera vez que esta institución cuestiona el etiquetado promovido por la industria en México. Entre enero y mayo de 2014, Maureen Birmingham, representante de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, envió dos misivas a Mercedes Juan López, entonces secretaria de Salud.
En ellas, resaltaba la importancia de reducir la ingesta de azúcares libres, que son la mayor parte de los azúcares que las personas consumen, para que no superen el 10% del total de energía.
Dicha carta, del 15 de mayo de 2014, adelantaba que la nueva guía que la OMS estaba preparando, y que se publicaría el siguiente año. Sugería rebajar dicho consumo incluso a la mitad (unos 25 g).
Más aún: argumentaba que el valor del 18%, tomado como referencia para el etiquetado, es más alto que lo suelen consumir los mexicanos, por lo que no tiene sentido usarlo si se quiere combatir la obesidad.
“El propósito de no distinguir los azúcares naturales de los azúcares añadidos es únicamente el de ocultar al consumidor cuánta azúcar ha añadido la industria de alimentos y bebidas ultraprocesadas”, opina Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.
Esta organización ha anunciado que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impugnar la sentencia de la Suprema Corte. La asociación espera que esta emita una resolución dentro de los próximos dos años.
En las dos cartas enviadas el 2014 a la Secretaría de Salud, Maureen Birmingham ofreció el apoyo de los expertos en nutrición de la OMS para revisar los aspectos técnicos del etiquetado.
Sin embargo, la oferta fue ignorada. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) recibió el encargo de definir el diseño de las etiquetas frontales.
Después, en una respuesta a una solicitud de información de El Poder del Consumidor, la Cofepris ha reconocido que no se realizó ningún estudio ni evaluación científica para cumplir esa tarea.
Finalmente, la decisión de los criterios para el etiquetado la tomaron dos abogados y una maestra en ciencias ambientales: Juan Leonardo Menes Solís, coordinador general jurídico y consultivo de Cofepris; Patricio Caso Prado, director general adscrito a la Oficina del Comisionado Federal de Cofepris, y Matiana Ramírez Aguilar, actual directora ejecutiva de Evidencia de Riesgos. Ninguno de ellos es experto en nutrición o salud pública.
El que sí hizo un estudio sobre el tema es el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). En 2011, aplicó un cuestionario a 122 estudiantes de nutrición para evaluar qué tan bien comprendían el sistema de etiquetado de las GDA. Los resultados fueron desalentadores: solo 12.5% supo decir qué indican las GDA.
Tras evaluar la información de la etiqueta de un producto, únicamente 56,3% de los participantes identificó que en el envase venía más de una porción. En promedio, se demoraron 3.34 minutos en contestar tres preguntas acerca del contenido de energía, azúcares y el número de productos que se podía consumir para alcanzar el máximo de azúcar recomendado en la etiqueta. Solo 1.8% acertó en todas las preguntas.
En resumen: este etiquetado resultaba difícil de entender incluso para un público entrenado.
Una investigación más amplia y más reciente, encabezada por la Universidad de Waterloo, ha confirmado esa conclusión. El estudio, cuyos hallazgos preliminares divulgó el INSP el 2018, sondeó la comprensión del sistema GDA en 4.057 adultos.
De esta manera, se encontró que solo el 6% de los participantes consideró el etiquetado actual fácil de comprender, pese a que el 72% lo había visto con frecuencia en los empaques de alimentos.
Por el contrario, el 83% estimó fácil de entender el llamado ‘etiquetado de advertencia’. Este sistema de sellos en forma de octógonos se emplea en Chile y en el Perú y es por el que apuesta decididamente la OMS.
Los voceros de la industria han preferido obviar esas evidencias e insistir en la idea de que el etiquetado GDA favorece a la ciudadanía.
Según informó la prensa, Lorena Cerdán, directora general de ConMéxico, ha saludado con estas palabras la sentencia de la Suprema Corte:
“Yo creo que es una muy buena decisión para los consumidores. Esta resolución confirma que el etiquetado frontal nutrimental es claro, es transparente, es veraz, comprobable. Cumple con los estándares internacionales y tiene el sustento técnico y científico debido”.
No es de extrañar tanto entusiasmo. Después de todo, este modelo de etiquetado es hijo de la industria: se inspira en un sistema desarrollado en el Institute of Grocery Distribution.
Dicha organización tiene sede en Reino Unido y lleva a cabo investigaciones con financiamiento de las compañías de alimentos, bebidas, abarrotes y supermercados.
Otra institución con sede en aquel mismo país, UK Health Forum, publicó en 2018 un libro que pone el foco en la relación entre los gobiernos y la industria de los alimentos y en sus desafíos éticos. Uno de los casos que analizó fue precisamente el del etiquetado mexicano.
De acuerdo con la publicación, en el diseño de esta política, a cargo de la Cofepris, intervinieron activamente líderes de las empresas privadas, aunque no han quedado registros públicos de sus aportes. Se trata de un ejemplo muy ilustrativo de la influencia que ejercen actores no estatales en la regulación del sector. Y de la necesidad de mayor transparencia.
Una foto también puede ilustrar la cercanía entre el empresariado y el Estado en este campo. La imagen muestra a Pablo Kuri Morales (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de diciembre de 2011 a diciembre de 2018), junto a líderes de la industria de alimentos.
Allí está Jaime Zabludovsky, presidente ejecutivo de ConMéxico y del Movimiento por una Vida Saludable (Movisa). En esta iniciativa participan más de 60 empresas y organizaciones, entre las que se cuentan a Bimbo, Coca-Cola, Walmart, PepsiCo y Nestlé.
La fotografía es de enero de 2017, del relanzamiento de la campaña “Checa y elige”, promovida por Movisa, en alianza con la Secretaría de Salud y la Cofepris.
Esta campaña pretendía enseñar a los consumidores a interpretar las etiquetas frontales. Les ayudaría a descubrir, a través de cálculos matemáticos, si todavía pueden permitirse saborear algún producto.
En otras palabras, la industria pretende trasladar a los consumidores el problema de la complejidad del etiquetado que ella misma promueve.
Kuri –un médico especialista en epidemiología– conocía las objeciones de la OMS al etiquetado GDA. En marzo de 2015, él mismo declaró públicamente que implementaría las recomendaciones de dicho organismo internacional para reducir el consumo de azúcar.
Sin embargo, respaldó una iniciativa de los empresarios que en la práctica sirve para validar el polémico y complejo sistema de etiquetado.
Tipo complejo, Kuri. Se ganó la admiración de sus colegas por su dedicación al trabajo (ha realizado más 160 investigaciones). También se le reconoció su disposición a abandonar su escritorio y salir a atender al campo durante las emergencias sanitarias.
No obstante, también se ha cuestionado su proximidad a la industria farmacéutica. Como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, causó suspicacia su participación en las gestiones para adquirir la vacuna contra el dengue fabricada por la francesa Sanofi Aventis, donde él mismo laboró.
Pablo Kuri Morales rechazó ser entrevistado para este reportaje. “No me parece conveniente, en este momento, emitir opinión respecto a este u otros temas en los que yo haya tenido responsabilidad directa”, dijo vía correo electrónico.
Así, la última ocasión en que él se refirió públicamente al etiquetado de alimentos y bebidas fue en agosto de 2018. En esa fecha se esperaba que la Suprema Corte se pronunciara sobre este tema.
En aquella oportunidad, el ministro José Fernando Franco González Salas se encargó del proyecto de resolución y propuso confirmar el amparo que en 2017 un juez de distrito concedió a El Poder del Consumidor. Sin embargo, la Sala decidió aplazar la discusión. Aquella vez Kuri dijo que se harían las modificaciones que determinara la Corte.
Este reportaje forma parte de la serie “La salud en la mesa del poder” de la plataforma colaborativa Salud con Lupa, impulsada por Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).
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