por Mariana Moguel
La Ciudad de México se ha construido, sobre todo, con la participación de sus habitantes. En ella conviven y coexisten las más diversas expresiones culturales, sociales y económicas; somos, fundamentalmente, un crisol de ideas, posiciones y creencias, que en libertad pueden y deben continuar su coexistencia en un ambiente de tolerancia y respeto a la diversidad
A pesar de los avances, debemos decir que el camino hacia una Ciudad plenamente abierta y respetuosa de todas las visiones, es aún largo y, en ocasiones, pareciera sinuoso. Lo es, porque hay grupos conservadores que se oponen y que, de hecho, movilizan sus energías y recursos para mantener ciertas condiciones de desigualdad y desventajas para amplios sectores de la población, que no benefician sino a unos cuantos.
Uno de estos grupos lo constituimos las mujeres, quienes todos los días vivimos condiciones de acoso, maltrato y un sinnúmero de agresiones que permiten hablar de condiciones generalizadas de violencia, en todas sus formas y manifestaciones, que impiden el pleno cumplimiento de nuestros derechos.
De manera preocupante, estas condiciones se traducen en fenómenos muy complejos en sus causas y efectos, que es necesario reconocer y explicar para iniciar un proceso de cambio con el propósito de dar cumplimiento a los derechos humanos de la población y, hay que decirlo, en ciertos temas, específicamente los derechos de las mujeres.
Entre estos fenómenos, se encuentra el caso del embarazo adolescente, una problemática que se asume de salud pública, pero que es momento de ubicarla como una cuestión amplia de derechos humanos y de condiciones inaceptables de violencia, pues el embarazo temprano es, en la mayoría de los casos, la consecuencia de una larga cadena de incumplimiento de derechos sociales, económicos y culturales de las y los jóvenes. Se trata del resultado, por ejemplo, de campañas poco efectivas para la adecuada prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual.
Es resultado también del incumplimiento incumplimiento del derecho a una vida libre de violencia para todas las mujeres, pues, de acuerdo con las encuestas disponibles, hay altos porcentajes de mujeres que no se protegen en su primera relación sexual, porque su pareja o se los impide o se los exige, aun de formas sutiles.
No puede dejar de decirse que el embarazo temprano está asociado también a condiciones estructurales de violencia y desesperanza, pues las encuestas en la materia señalan que hay un alto porcentaje de niñas y adolescentes que afirman que, a partir de su embarazo y del nacimiento de sus hijas e hijos, le encuentran sentido a sus vidas y tienen razones para vivir.
Desde esta perspectiva, las encuestas encuestas que ha llevado a cabo la Subsecretaría de Educación Media Superior en distintas etapas, muestran que más de la mitad de las y los jóvenes matriculados en bachillerato indican que no pueden dejar de sentirse tristes, que en algún momento en su vida se han deprimido, o que piensan que la vida no vale la pena de ser vivida.
Tales ideas y percepciones no pueden estar desasociadas de las condiciones estructurales de pobreza, marginación y desigualdad que persisten en México, pues, aun en la Ciudad de México, la cobertura en el bachillerato rebasa apenas el 70% de quienes se encuentran en la edad normativa para asistir.
En este contexto, los datos del INEGI muestran que entre los años que van del periodo de 2005 a 2014 se atendieron en la Ciudad un total de 3,803 nacimientos de niñas y niños cuyas madres tenían menos de 15 años al momento del alumbramiento. Esto implica un promedio de 380 casos anuales, o bien, un nacimiento diario de niñas y niños cuyas madres son también apenas unas niñas.
El INEGI también informa que en el mismo periodo se han contabilizado un total de 230,544 nacimientos de niñas y niños cuyas madres tenían entre 15 y menos de 19 años al momento de dar a luz; es decir, un promedio anual de 23,544 casos anuales, que sumados a los registrados en menores de 15 años dan la cifra de prácticamente 24 mil nacimientos anuales en madres adolescentes o muy jóvenes.
En términos relativos, los embarazos adolescentes representan, en el periodo considerado, el 15.1% del total de los registrados en la Ciudad y aunque este porcentaje es significativamente menor al promedio nacional, cercano al 19%, no deja de ser sumamente elevado, y no ha registrado reducciones importantes, pues, de hecho, el dato de 2014 es mayor en casi un punto porcentual al registrado en el año 2005.
Sobre estos datos es importante decir que sólo en el año 2014 el INEGI estima que en 14,993 de los nacimientos en los que la madre era menor de 19 años se trataba de jóvenes o adolescentes que no habían concluido los estudios de secundaria; es decir, el 68.2% del total de los embarazos adolescentes registrados ese año para la Ciudad.
Es importante señalar además que las estadísticas de ocupación y empleo indican que las mujeres que tienen escolaridad por debajo de la educación secundaria tienen en promedio ingresos laborales por debajo de los 1,500 pesos mensuales, y que los empleos en los que logran ubicarse son los de mayor precariedad, pues se trata de trabajos sin seguridad social, e incluso abiertamente en el sector informal.
Si a lo anterior se le agregan las condiciones de discriminación, machismo, estereotipos de género y otros elementos que dificultan y limitan el cumplimiento de los derechos de las mujeres, el panorama es francamente desalentador, porque lo que se están construyendo son historias de vida para el desaliento, la desesperanza y la carencia de expectativas.
En efecto, los estudios que hay en el país sobre movilidad social nos alertan en torno a las dificultades que enfrentan las mujeres para “ascender” en la escala social una vez que se convierten en madres a edades tempranas, y que enfrentan la suspensión o el definitivo truncamiento de sus trayectorias escolares y, por lo tanto, las oportunidades de empleo a las que pueden aspirar.
| Mariana Moguel Diputada integrante en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social; Presidenta del Comité Directivo del PRI Ciudad de México; Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana; Coordinadora de proyectos del C. Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos (2013-2014); Subdirectora de Vinculación en la Delegación Miguel Hidalgo (2009-2012); Fundadora del movimiento de mujeres “Las Insurgentes” organización de la Sociedad Civil. |
