Una deuda vigente

por María Consuelo Mejía

En las últimas dos décadas la situación y el posicionamiento de las mujeres han mejorado sustancialmente, pero esta mejoría no ha sido pareja; además de las condicionantes culturales que reproducen la exclusión de las mujeres, en México la desigualdad económica, que se traduce en desigualdades sociales, educativas y laborales, impide que miles de mujeres y jóvenes, especialmente de las zonas rurales e indígenas más marginadas, ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos

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Asimismo, es importante considerar las consecuencias de la violencia, la inseguridad y el deterioro del tejido social que ha experimentado el país en los últimos años en la vida, la salud y los derechos de mujeres y niñas.

Al referirnos a las condiciones de posibilidad para la garantía y respeto de los derechos humanos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, no podemos dejar de mencionar el impacto que ha tenido la III Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo realizada en El Cairo en 1994 y la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres realizada en Beijing en 1995, ambas convocadas por Naciones Unidas.

Si bien dichas conferencias no son los únicos instrumentos internacionales con los que contamos las mujeres para hacer valer nuestros derechos, nos parece esencial aludirlos porque marcaron un hito en la historia reciente de defensa de nuestros derechos y dieron lugar a procesos organizativos de la sociedad civil que nos permitieron ganar legitimidad. Se alcanzaron acuerdos básicos en un grado que no tiene precedentes en la historia: se admitió que no hay política de desarrollo que cumpla sus objetivos sin la participación de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de la discriminación contra las niñas son condiciones de un desarrollo más humano y justo. Asimismo, se dio especial énfasis a la urgencia de eliminar la discriminación contra millones de niñas que son objeto de todo tipo de violencias, desde la selección prenatal del sexo hasta el abuso sexual, pasando por el comercio sexual infantil y la trata. También se hizo hincapié en que los derechos humanos son universales y se reconoció que las políticas de población no pueden desvincularse de las decisiones que las mujeres toman sobre su sexualidad y su reproducción.

Desafortunadamente, la instrumentación de los acuerdos alcanzados por los gobiernos, dirigidos a mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes, ha encontrado obstáculos inmensos en los casi 20 años de su vigencia. El que nosotras consideramos más importante ha sido la cruzada que emprendió el Vaticano desde las Naciones Unidas, en donde ocupa un lugar como “estado no-miembro observador permanente” para oponerse a estos acuerdos, lugar que ha sido calificado de ilegítimo por diversos especialistas debido a que es la única religión con representación ante Naciones Unidas.

Abusando de su poder simbólico, político y económico, el Vaticano trazó una agenda estratégica para impedir cualquier medida que signifique un avance en la protección de estos derechos: uso de métodos anticonceptivos artificiales, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para jóvenes con confidencialidad, campañas de promoción de uso de condones, así como cambio de los estereotipos de género, la conformación de las familias, los deberes domésticos de las mujeres, entre otros.

En lo que tiene que ver con las políticas públicas en México, se pueden señalar omisiones en la implementación y efectividad de acciones ya adoptadas en temas tan importantes como el acceso a servicios de aborto legal y seguro; acceso a anticonceptivos (abasto insuficiente); acceso a servicios de salud reproductiva específicos para adolescentes, jóvenes e indígenas; campañas de información para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados; y acceso a una educación sexual integral de calidad.

Estos pendientes ponen al Estado mexicano en falta frente al cumplimiento de sus obligaciones respecto a la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres. Esta situación es más grave en el caso de las mujeres indígenas, de quienes están privadas de la libertad y de las que viven con VIH. El aumento del embarazo adolescente y de las altas tasas de ITS, VIH y sida en la juventud, es sin duda uno de los retos más serios que debe encarar el Estado mexicano en este campo.

Así, mientras que en la Ciudad de México se instrumenta a cabalidad la ley que despenaliza el aborto y que incluye consejería y provisión de métodos anticonceptivos, en el resto del país las mujeres, las jóvenes y las adolescentes siguen sujetas a la discriminación, la negación de servicios y la violencia institucional. Y las niñas de 9, 10, 11 años, embarazadas como resultado de la violación sexual, son obligadas a ser madres. No cabe duda que mujeres, jóvenes y niñas mexicanas son víctimas de la desigualdad económica, jurídica y legal para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Sin embargo, reconocemos que en la última década ha habido cambios jurídicos importantes y se han emitido nuevas leyes, normas y programas que amplían la protección de estos derechos, estos avances legislativos y programáticos, que son esenciales para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes, deben recorrer el camino de la armonización estado por estado de la República, y de la puesta en práctica de las medidas que allí se establecen. Y es en este camino en el que encuentran los obstáculos derivados de la falta de voluntad política, de una cultura institucional misógina y patriarcal que no facilita su implementación y que es avalada por la jerarquía eclesial, de actitudes y normas que siguen discriminando a mujeres y jóvenes, criminalizan su sexualidad y reproducción y no las consideran sujetas de derechos.

No obstante los embates de los grupos conservadores y la jerarquía católica, la sociedad mexicana ha logrado avanzar en la protección de derechos y libertades de mujeres, jóvenes y de la diversidad sexual en los últimos años, proceso en el cual la defensa del Estado laico y los derechos humanos ha sido una estrategia fundamental de los grupos progresistas y de mujeres. Es importante continuar con la defensa del marco jurídico de la laicidad, con la separación de lo político y lo religioso, y con el debate público, científico, respetuoso y plural sobre las leyes y políticas públicas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, como las vías para lograr la no discriminación, la convivencia en la pluralidad y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y las jóvenes.•