México vivía, desde hace años, una auténtica emergencia social. La cantidad de personas en situación de pobreza, la violencia generalizada en contra de mujeres, niñas y niños, las profundas desigualdades socioeconómicas que caracterizan al país, la persistencia del hambre, las múltiples epidemias que se vivían ya antes de la aparición de la pandemia de la COVID19, constituían el telón de fondo de una realidad insostenible y a todas luces, inaceptable.
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El voto masivo a favor de un cambio de gobierno en el 2018 se explica en buena medida, sí por el repudio a la corrupción, pero también como una acción ciudadana de repudio a una generación de gobiernos que no lograron avanzar hacia la generación de condiciones de bienestar y dignidad para toda la población.
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De esta forma, la llegada al poder de un movimiento social que proponía poner siempre primero a los pobres al centro de sus decisiones políticas y económicas se convirtió sin duda alguna en la alternativa, no solo necesaria, sino deseable incluso para una buena parte del sector empresarial, que comprendía y comprende que un país empobrecido es un país que no le conviene a nadie.
El arranque para el nuevo gobierno no fue sencillo: en lo económico, se tuvo un año de crecimiento negativo, con una cifra bastante lejana a la planteada como meta presidencial tanto en el periodo de transición de gobierno, como en el discurso de toma de posesión del nuevo Ejecutivo Federal; la violencia continuó en sus peores niveles; y formas de violencia estructural, como la que se ejerce en contra de mujeres, niñas y niños, se convirtieron en una agenda que movilizó a millones de mujeres, particularmente jóvenes, exigiendo una nueva sociedad de igualdad.
En este escenario, en diciembre de 2019 se anunció la aparición de un nuevo virus, cuya presencia expansiva llevó a declarar la presencia de una enfermedad pandémica que en unas cuantas semanas paralizaría a una buena parte de la economía planetaria y que a inicios del año 2021 ha mostrado su rostro más agresivo y está generando los peores resultados, sobre todo en los países donde las autoridades optaron por el negacionismo inicial, la minimización de su relevancia, y donde la comunicación y la prevención han fallado en momentos clave.
En esa lista de países se encuentra el nuestro, y ahora los resultados son más que graves: hay más de 250 mil personas que han perdido la vida por la enfermedad de la COVID19; y el paro económico ha generado que, en el inicio del año, haya al menos 2.4 millones de personas en el desempleo, amén de que, como lo ha mostrado el INEGI, la recuperación de puestos de trabajo ha sido no solo lenta, sino que los puestos de trabajo que han logrado recuperarse, son de menor remuneración y mayores condiciones de informalidad que los existentes antes de la aparición del conjunto de calamidades señaladas.
Por otro lado, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dados a conocer el 20 de enero, muestran un 2020 igual de violento que el 2019, en lo que a homicidios dolosos y feminicidios se trata; uno de los temas en los que la propia presidencia de la República ha reconocido que no ha logrado los resultados que se habían planteado al inicio de la administración.
A la par de lo anterior, los delitos que atenta contra la libertad y la seguridad sexual; los delitos contra la familia; y delitos clasificados como “contra la sociedad”, crecieron entre el 2019 y 2020; al respecto es importante sostener que la situación era ya insostenible pues en el año 2019 los indicadores que se tenían constituían los peores récords en la historia reciente del país en esos temas. Por lo que el 2020 se constituye una vez más como otro de los “años más violentos”, sin que haya una autoridad capaz de poner un alto definitivo y diseñar de una vez por todas políticas que nos permitan avanzar hacia un país intolerante al machismo y la misoginia.
Los reportes preliminares indican que el hambre se ha profundizado y agudizado entre los sectores de la población en mayor pobreza, lo cual ensombrece aún más el panorama nefasto que ya enfrentaban los más de 850 mil hogares donde, según el INEGI, en 2018 había al menos una niña o niño que no comía todo el día o comía una sola vez al día; así como los 1.5 millones de niñas y niños que se reportaron en la ENSANUT, 2019, como con bajo peso y talla para su edad.
El sistema de salud está colapsado; pues de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, en el 2020 hubo al menos 275 mil muertes en exceso, muchas de ellas atribuibles a la COVID19, pero decenas de miles más provocadas por enfermedades que dejaron de atenderse durante la pandemia: cáncer, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, entre otros padecimientos, hoy están fuera de la capacidad de respuesta institucional y tenemos una realidad en la que, por citar solo un ejemplo, la reconversión hospitalaria para atender la pandemia ha llevado en que no se disponga siquiera de oxígeno para quirófanos donde se difieren cirugías incluso para la atención de emergencias traumatológicas.
Mientras se genera una inmensa confusión sobre la llegada y la estrategia de aplicación de las vacunas para prevenir la COVID19, el programa nacional de vacunación, que ya vivía una severa crisis en 2019 y años previos, parece que continuará con la misma tendencia, lo que podría traer de regreso padecimientos de los cuales ya ha habido alarmantes rebrotes, como el del sarampión en el 2019.
Todos estos factores, y otros más, permiten sostener que atravesamos por una auténtica emergencia social; que permite igualmente sostener que el gobierno de la República está obligado a replantear ya no solo los programas prioritarios de inicio de la administración, sino toda la estrategia de gobierno.
No puede continuarse con la lógica, ya no sólo de confrontación y polarización de la opinión pública, que le genera enormes dividendos políticos al Presidente, sino que en general, debe ponerse bajo una profunda revisión todo el conjunto de la política pública para lograr dar respuestas efectivas a quienes están perdiendo todo o parte de su patrimonio, y para quienes no será suficiente la recepción de los apoyos monetarios que, ante la severidad de la crisis, sin dejar de ser relevantes, están muy lejos de constituir una auténtica salida estructural de la pobreza.
Una emergencia social como la que se vive debe llevar al gobierno a revisar sus principales tesis; y bajo los mejores valores posibles de responsabilidad y solidaridad social, emprender una nueva lógica de actuación que permita recuperarnos, no en el 2025, como ya indican algunas previsiones, sino desde ahora a fin de evitar más dolor, más frustración y más enojo social.
La democracia está riesgo en este escenario; y por ello el jefe del Ejecutivo está obligado a protegerla por todos los medios constitucionales a su alcance; por ello lo deseable que convoque a la nación y asuma que el crecimiento económico, en las condiciones vigentes no será suficiente para la respuesta social; de ahí la necesidad de rearticular y replantear a toda la estrategia del gobierno.
Son días aciagos para millones de familias que todavía confían en que el presidente de la República conducirá al país a una nueva etapa de bienestar, bienestar y desarrollo; pero ello requiere de toda la energía, de toda la concentración y de toda la disciplina posible en el gobierno y el aparato institucional, lo cual, a su vez, exige, que el Ejecutivo esté, todo el tiempo, a toda hora, conduciendo al aparato público.
La emergencia social no deja ya márgenes de ningún tipo; y es evidente que paralas personas más pobres y vulnerables, el tiempo se agotó hace mucho; y lo que no puede tolerarse de ninguna manera es que también se les acabe la esperanza sobre un futuro de mayor calidad de vida, bienestar y cumplimiento irrestricto de sus derechos humanos.
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Frase clave: Una evidente emergencia social
