El día de ayer se presentó el documento Pobreza y Derechos Sociales de las Niñas, Niños y Adolescentes en México, 2014; un texto coeditado por UNICEF-México, y por y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El primero, un organismo internacional de las Naciones Unidas, y el segundo un Órgano del Estado mexicano, cuya existencia está sustentada en el Apartado C del Artículo 26 de nuestra Carta Magna
La precisión sobre quién presenta el documento es relevante, porque se trata de dos organismos que no tienen ningún afán político-partidista; y sobre todo porque han construido credibilidad a través de la seriedad de sus estudios y documentos desde hace varios años.
También es relevante decirlo pues en el discurso oficial, la explicación en torno a la magnitud de la pobreza no está dirigida al análisis relativo a que la economía no ha crecido más allá del 2% anual en los últimos 30 años; tampoco a la precarización de los empleos y la caída progresiva del poder adquisitivo de los salarios; la variable de la discriminación es apenas tangencial; y por supuesto que tampoco se considera a la corrupción e incapacidad de los gobiernos, en todos sus órdenes y niveles, al momento de planear y ejecutar las políticas públicas.
No, todo lo anterior no es relevante; en realidad, los “escandalosos niveles de pobreza que se han estimado” -se nos ha dicho-, se debe a que utilizamos un mal método para medirla; por lo que deberíamos regresar a estándares como los del Banco Mundial, para demostrar que en México la pobreza se ha reducido tremendamente.
Tomando como marco de referencia estas consideraciones, el Coneval destaca varios hallazgos. Cito cuatro de ellos:“1) La pobreza entre la población infantil es mayor que en el resto de la población; 2) Los niveles de pobreza entre la población de 0 a 17 años prácticamente no han cambiado entre 2010 y 2014; 3) No será posible observar reducciones significativas en los niveles de pobreza hasta que mejore el ingreso de los hogares; y 4) Las carencias por acceso a la seguridad social y por acceso a la alimentación afectan más a este grupo de población”.
En la “mala medición” del Coneval, se estima que en el país hay 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de pobreza; entre ellos, 4.6 millones son pobres extremos; y el resto “pobres moderados”. A ello debe agregarse que únicamente 17 de cada 100 niñas, niños y adolescentes pueden ser considerados como no pobres y simultáneamente no vulnerables.
Hay que agregar además el tema de la muy baja movilidad social que enfrentan las niñas y niños; por lo que un dato sumamente relevante en esta materia es a la relación que existe entre la baja escolaridad de las madres y padres –y la obvia precariedad en que viven-, y la condición de pobreza de sus hijas e hijos.
En efecto, el 72.4% de quienes de las niñas y niños en hogares cuya jefa o jefe no concluyó la primaria, son pobres; en los hogares con jefa o jefe con primaria completa, pero secundaria incompleta, el porcentaje es de 66.7% de las niñas, niños y adolescentes en pobreza; en los hogares con jefe o jefa con secundaria terminada, pero bachillerato incompleto el porcentaje es de 50.3%; y para los hogares con jefe o jefa con estudios superiores al bachillerato el porcentaje es de 25.2%.
La conclusión es evidente: seguimos siendo un país inapropiado para la niñez; y requerimos dar cumplimiento, pero urgente, a los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley General en la materia. No hay otra ruta: ser congruentes con el Principio del Interés Superior de la Niñez, lo que exige un nuevo curso de desarrollo que garantice, para comenzar, acceso universal a la seguridad social y a servicios educativos de calidad y gratuitos, desde el preescolar hasta la universidad.
@saularellano
Artículo publicado originalemte en “la La Crónica de Hoy” el 28 de abirl del 2016
