por Verónica Beatriz Juárez Piña
En el seno de la Comisión de los Derechos de la Niñez se ha elaborado un proyecto de iniciativa de la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el que se incluyen los planteamientos, propuestas y observaciones de diversas organizaciones públicas y privadas que coadyuvan en la implementación de acciones que se dirijan a solucionar su problemática actual
Este año, el mundo conmemora el 25 aniversario de la formulación de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que se reconoce como el tratado de derechos humanos más confirmado de la historia. La Convención ha sido firmada y ratificada por 190 de 192 Estados, sólo Estados Unidos y Somalia la han firmado pero no ratificado.
El documento consta de 54 artículos donde se establecen los derechos económicos, sociales y culturales de niñas, niños y adolescentes y a la vez reconoce que en todos los países la infancia vive en condiciones excepcionalmente difíciles, y por ello es urgente el mejoramiento de su entorno de vida, particularmente para aquellos que viven en Estados en desarrollo.
Asimismo, este cuerpo normativo está formado por un número notable de normas jurídicas que exigen hacer valer principios como el interés superior del niño; el derecho a ser reconocidos como sujetos plenos de derechos; a expresar su opinión; a ser escuchados cada vez que se tome una decisión que los afecte; a poder decir lo que piensan; a que les sean reparadas las violaciones a esos derechos; entre otros.
Sin embargo, en muchos territorios, incluido el nuestro, la vida de las niñas y los niños está amenazada por la violencia en todas sus diversas manifestaciones; los conflictos armados; la falta de acceso a la educación o a la salud; la desnutrición; el trabajo infantil; las adicciones; la trata de personas; la explotación sexual; y otras violaciones a sus derechos humanos.
Las niñas y los niños que viven en las zonas rurales, que son indígenas o migrantes, tienen aún menos oportunidades de desarrollo, en términos de igualdad con las niñas y los niños de las ciudades. La Convención de los Derechos del Niño afirma que tales disparidades –en el marco de las sociedades– son una violación de los derechos humanos. Por ello, es importante exhortar a los tres órdenes de gobierno para que se garantice la protección y el ejercicio de los derechos humanos de todos los niños y las niñas. La Convención busca eliminar este tipo de desigualdades que encierran en sí actos discriminatorios.
La Convención sobre los Derechos del Niño busca la construcción de nuevas perspectivas en torno a las niñas y los niños, los cuales son personas en formación y por tanto no son propiedad de sus padres ni de la persona que se encuentre a su cargo, sino personas con derechos plenos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. Al reconocer los derechos de las niñas y los niños, la Convención orienta firmemente su mandato hacia la personalidad integral de la niña o el niño.
Por ello, en el marco de lo estipulado por la Convención, y en cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños, en el seno de la Comisión de los Derechos de la Niñez se ha elaborado un proyecto de iniciativa de la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual es un documento legislativo consensuado en el que se incluyen los planteamientos, propuestas y observaciones de diversas organizaciones públicas y privadas que realizan un destacado trabajo en favor de las niñas, los niños y las y los adolescentes del país, y que en el ámbito de sus respectivas competencias coadyuvarán en la implementación de acciones que se dirijan a solucionar su problemática actual.
Cabe señalar que actualmente dicho documento se encuentra en dictaminación parlamentaria en la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en la LXII Legislatura. En el cuerpo de la propuesta se establecen las bases legales para la conformación de un Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que garantizará la existencia de una estructura institucional que pueda elaborar, definir y ejecutar las políticas públicas del país para la infancia y adolescencia.
La Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la creación de un Consejo Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como órgano rector de las políticas públicas en la materia y de toma de decisiones al más alto nivel, presidido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal y con la representación nacional gubernamental de mayor rango. A nivel estatal y del Distrito Federal se crean también los Consejos Estatales de las Niñas, Niños y Adolescentes, para su ámbito territorial de competencia.
También se establece, como nueva figura, el Secretariado Ejecutivo Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como un organismo dependiente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuya función es la de coordinar la recopilación de información estadística y relevante en materia de niñas, niños y adolescentes, así como la de preparar las reuniones del Consejo Nacional para su toma de decisiones. Asimismo, es el encargado de que todas las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional puedan ser aterrizadas y ejercidas por las Secretarías e instituciones responsables, mediante la coordinación y enlace institucional y con las organizaciones de la sociedad civil.
Este Secretariado Ejecutivo Nacional tiene un correlativo a nivel estatal y del Distrito Federal. Cabe señalar que estos Secretariados Ejecutivos, tanto el Nacional como Estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, generarán mediante la coordinación y el enlace con las demás instituciones y la sociedad civil, los contenidos de la política pública en materia de niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, además de la labor informativa y de participación en la elaboración y evaluación de los programas de acción, tendrán injerencia directa en el Consejo Nacional y los Consejos Estatales y del Distrito Federal compartiendo con el sector público la toma de decisiones en materia de rectoría y coordinación de las políticas de niñas, niños y adolescentes en el país.
La Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece además los lineamientos del Programa Nacional y los Programas Estatales a favor de las niñas, niños y adolescentes, así como su proceso de elaboración y de evaluación, de tal forma que garantiza la participación de la sociedad civil en dichos procesos, así como de los propios niños, niñas y adolescentes. Se refuerzan también los contenidos y lineamientos, a fin de que contemplen la integralidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Se regula en la Ley General el procedimiento de garantía de derechos con las competencias y coordinación entre las instancias participantes de atención, jurisdiccionales y de procuración de justicia, en los casos en que se encuentren violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Se establecen de manera muy concreta los plazos y las facultades de cada instancia responsable y los mecanismos de coordinación, con la finalidad de delimitar las responsabilidades y fortalecer al máximo la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, eliminando toda discrecionalidad que pueda derivar en un menoscabo de sus derechos.
Con la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tenemos por tanto ya establecido todo un sistema de garantía de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considera que la aprobación de una Ley General coadyuvará en la creación y el reforzamiento de las políticas públicas institucionales y de las acciones de sociedad civil para garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, también considera que es urgente la difusión, la promoción y el respeto de los Derechos de las y los niños ya que es, ante todo, prioritaria la creación de condiciones sociales, económicas y culturales adecuadas que les garanticen su bienestar.
Finalmente, reconocemos sin duda, la importancia de la Convención, a sus 25 años de creación, y que el mejor homenaje a la creación de la misma es su cumplimiento, ya que los derechos solamente son reales cuando se llevan a la práctica y se materializan. En este sentido, todavía nos queda mucho por hacer. La realidad de vida actual de nuestra infancia demuestra que el compromiso no está siendo totalmente cumplido.•
Verónica Beatriz Juárez Piña Diputada Federal y Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la LXII Legislatura; militante activa del Partido de la Revolución Democrática desde 1992, en el que ha ocupado distintos cargos en la Dirección Nacional; es Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. |
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