La judicial: una reforma lesiva para la democracia

Una relación mutua, cordial y cotidiana entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las presidentas de la Cámara de Diputados y Senadores, Marcela Guerra y Ana Lilia Rivera respectivamente,  y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, sería lo ideal por el bien de los ciudadanos. La relación de respeto y coordinación es  lo normal en un régimen democrático en donde prevalece la división y equilibrio de poder.

Escrito por:  Ruth Zavaleta Salgado

Es decir, la teoría de la división de poder consiste en una separación del poder, pero no confrontativa, sino  cooperativa, potenciadora, pero  equilibrada entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por eso, cuando un poder se impone frente a los otros, y trata de subordinarlos, no puede calificarse como democrático un régimen político, así como sucedió en el largo periodo que el PRI mantuvo la hegemonía como partido y le permitió al presidente de la República en turno, ejercer el poder por encima de sus atribuciones constitucionales (poder metaconstitucional),  tal y como pretende el Presidente López Obrador que sea ahora.

Desde la administración del presidente Lázaro Cárdenas hasta 1997, ese presidente omnipotente decidió la conformación del poder legislativo, y, por ende, la del poder judicial. De esta forma, la democracia solo era un adjetivo constitucional, pero no había posibilidades de que hubiera una verdadera democracia. Es, precisamente ahí, en ese régimen político, en donde se formó como político  el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el seno del antiguo PRI y en un mundo en donde era normal el culto a la personalidad y la aspiración al totalitarismo. Por eso no tiene que extrañarnos que su forma de relacionarse con los otros dos órganos de poder, sea de superioridad patriarcal, más ahora que las mujeres los encabezan.

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El fondo de las descalificaciones cotidianas hacia la Ministra Norma Piña  y al poder judicial desde que ella es presidenta, quedó descubierto por lo expresado por el propio presidente de la República en una de sus conferencias matutinas. Palabras más, palabras menos, él presumió esa relación de subordinación y sometimiento del Poder Judicial a su persona por medio de la del anterior presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, incluso, para influir en las decisiones de los jueces en los casos que a él le interesaban; en cambio, la actual presidenta y la mayoría de las y los Ministros, mantienen una actitud de plena independencia respecto a los intereses presidenciales y de su mayoría legislativa en el Congreso de la Unión.

En ese contexto, el presidente López Obrador decidió presentar una segunda  iniciativa de Reforma al Poder Judicial. La primera de su sexenio se aprobó y publicó en el 2019,  sin mayor problema, porque prevalecía  la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Tampoco fue una reforma de gran trascendencia, pero, sirvió para fortalecer la imagen del anterior presidente de la SCJN, quien, intentó alargar dos años más el encargo y, al no lograrlo, renunció antes de terminar su periodo de Ministro para convertirse, ni más, ni menos, que en el vocero de la actual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. No sabemos a ciencia cierta, que hay detrás de esa decisión del exministro, el caso es que su discurso como vocero, resultó ser el de un feroz adversario político en contra de la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez.

No conforme con su trofeo y resentido por la no rendición de la mayoría de los integrantes del Poder judicial,  el 5 de febrero, el presidente López Obrador presentó una nueva iniciativa de Reforma constitucional del Poder Judicial que, seguramente,  no será aprobada por la actual legislatura, porque no tiene a su favor la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Sin embargo, Morena y sus aliados podrían alcanzar esa mayoría en la elección de junio.  Es asi que, el último mes de su sexenio, el presidente podría lograr su venganza.

De aprobarse en sus términos la reforma,  impactaría  estructuralmente el origen de la legitimidad y la organización del poder judicial, porque, en primer lugar, cambia la forma en la que serían seleccionados los Ministros, Jueces y Magistrados. Los cargos serían sometidos a competencia electoral. En el ámbito federal, los y las candidatas, serían propuestos por el presidente de la República, los legisladores del Congreso de la Unión y los Ministros; y, en el ámbito local, lo harían los gobernadores, diputados locales y órganos locales del poder judicial. Mas allá de la dificultad que implica lograr un acuerdo para seleccionar a los competidores, vale la pena mencionar que ningún país del mundo elige de esta forma a los integrantes del Poder Judicial, por otra parte ¿podemos imaginarnos a quienes quieran ocupar los cargos, haciendo campaña? ¿Qué tipo de campaña, quien los financiará: un partido, el crimen organizado, los empresarios? ¿quiénes formarán sus equipos de campaña? Para tener una idea de la cantidad de personas compitiendo, citemos los últimos datos oficiales del INEGI (2019) respecto a los órganos que conforman el poder judicial: 1, 370 órganos: 915  órganos jurisdiccionales y 455 órganos administrativos y/o unidades administrativas

En segundo lugar, la iniciativa propone desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y crear dos órganos para sustituirlos. Más allá de analizar las funciones que tendrían esos dos órganos, citemos dos hechos: 1) De los 1,370 órganos del poder judicial, 1, 297 (94.7%) correspondían al CJF: Tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito, centros de justicia, plenos de circuito y órganos administrativos. ¿Podremos imaginarnos el tiempo que requiere hacer una reestructuración de todo esto? 2) El CJF a pesar de su corta vida (1994-1995) es una institucional funcional para garantizar que, quienes conforman el poder judicial, son personas preparadas profesionalmente para ejercer los cargos en los tribunales y juzgados. ¿Quién va a garantizar que los juzgadores hagan su trabajo apegado al Estado de derecho en lugar de hacerlo bajo la lealtad política como lo hacen algunas ministras de la SCJN? ¿nos imaginamos para qué serán utilizados los órganos del Poder Judicial conformados por personas electas bajo  intereses políticos o de otra índole?

La necesidad de que el poder judicial no pierda su independencia y siga funcionando como un órgano de contrapeso al Poder Ejecutivo y Legislativo ha quedado marcada en este sexenio, si no fuera por eso, en este preciso momento, ya no tendríamos INE, ni Tribunal Electoral, ni democracia que defender.

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Frase clave: una reforma lesiva para la democracia, reforma judicial.