Una reforma punitiva, 1

A mediados de esta semana circuló un documento generado en apariencia por la bancada del partido Morena en el Senado de la República. Se trata de un proyecto de iniciativa para la reforma político-electoral a nivel nacional. Es evidente que esta pretendida filtración busca tantear el ánimo de la clase política, antes de formalizar la entrega de la propuesta de reforma constitucional. También es claro que existe prisa para concretar la reforma; la intención ha sido expresada en las conferencias mañaneras presidenciales, donde se ha expuesto sin ambages la animadversión oficial contra los organismos electorales.

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Un detalle: me llama la atención que el archivo electrónico venga firmado por el doctor Osiris Vázquez Rangel, quien según una ficha curricular que encontré es —o era— secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (https://bit.ly/3k7m0YW). Inquieta saber que un texto tan sensible se genere desde una cuenta ajena al Senado, y no estaría mal aclararlo.

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Luego de estudiar la exposición de motivos, me queda claro que la reforma busca pasar factura de los recientes descalabros electorales y legales del partido mayoritario, a los árbitros institucionales; en concreto, la mira está puesta en los actuales consejeros del INE y los magistrados del TEPJF. Se repite la receta punitiva del 2007, cuando la coalición derrotada en la elección presidencial de 2006 impuso los términos de una reforma que defenestró a la generación de consejeros que presidía Luis Carlos Ugalde. También se impuso un modelo de comunicación política que hoy es criticado por la nueva hegemonía, heredera de aquel movimiento.

Los términos del actual proyecto de reforma refuerzan la tendencia centralizadora que se gestó desde el Pacto por México de 2012, y que se concretó en la reforma política de 2014, que eliminó en la práctica la autonomía de los organismos electorales locales, y reforzó la megacefalia del INE. Se propone ahora “pasar [sic] las funciones de los OPLES al INE” y que éste asuma las funciones de éstos: organizar los miles de procesos electorales locales. Adiós al federalismo electoral.

Con esto, se dice, “se generan beneficios en términos prácticos y económicos, pero no se afecta a las entidades de la república […] el desafío consiste en generar que los organismos locales de los que dispone el INE [330 juntas distritales y 32 locales] asimilen en sus esquemas administrativos internos a la función de los OPLES.”

La nueva generación de consejeros generales del INE —que sustituiría de inmediato a los detestados titulares actuales— se constituiría con siete miembros —en lugar de once—, elegidos por nueve años por el Congreso, con una presidencia rotativa electa entre ellos mismos, en periodos de tres años. No está mal esta idea, si no fuera por la evidente intención de descabezar de inmediato al organismo.

También se propone eliminar los 32 órganos jurisdiccionales locales, y que la integración de la Sala Superior del TEPJF baje de siete magistraturas a cinco. Este tribunal tendría que establecer salas locales para atender los miles de recursos que se generan en los procesos municipales, distritales y estatales. También es evidente el deseo de fulminar a la actual generación magistral, que le ha causado no pocos descalabros a la 4T, que falló en su intento de domesticar al tribunal.

Sin embargo, hay elementos positivos en la propuesta, que voy a abordar en mi siguiente contribución. Buenas ideas que merecerían un mejor contexto, que incluyera un debate profundo entre los actores políticos, con vistas al 2024, todavía lejano.

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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda