por Joel Salas
El proceso que llevó a la aprobación de las leyes que pondrán en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nos muestra que existe un cambio profundo en la cultura política de nuestro país: la población y la sociedad civil organizada han asumido una posición activa y propositiva que ha sido retomada con apertura por diversos actores políticos
El impulso de la sociedad civil logró que la discusión y confección de las leyes relacionadas con los sistemas de transparencia y anticorrupción se dieran bajo la luz de un ejercicio de parlamento abierto; sin embargo, la prensa advirtió que la Ley de Responsabilidades Administrativas aprobada difirió de la Iniciativa Ciudadana de Ley 3de3 propuesta por organizaciones civiles, porque no se atendió la demanda de dar máxima publicidad a las declaraciones de los funcionarios públicos. Algunos interpretan esto como una desatención a las demandas ciudadanas.
Frente a esta percepción, es urgente demostrar que hoy existen más cauces para combatir la corrupción, además de las vías electoral y legislativa. El cambio en la cultura política tiene que ver con el deseo de la población de ser protagonista de la construcción del país que todos deseamos: un México sin corrupción. El ímpetu que acompaña a iniciativas como la Ley 3de3 debe mantenerse y contagiarse en todo el país, para mantener la posibilidad de incidencia dela sociedad civil en la construcción de normas, políticas e instituciones efectivas para combatir la corrupción. La responsabilidad de los legisladores fue construir un marco jurídico que permita combatir la corrupción de manera articulada, sistemática y de forma socialmente compartida; las autoridades responsables de implementar este marco deberán dar resultados con la finalidad de mantener el ímpetu de la sociedad civil y potenciar el éxito de estas reformas.
Hoy el consenso en torno a la necesidad de combatir la corrupción recorre todos los sectores. Autoridades, organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios y población en general estamos de acuerdo en contener la corrupción y la impunidad de una vez por todas, pero a partir de hoy el reto será pasar del consenso en las normas, al consenso en las prácticas.
Una ruta para cambiar las prácticas es la implementación de gobierno abierto en todos los poderes y en todos los niveles de gobierno. Hoy la población desea participar activamente en cada una de las etapas de las políticas públicas, sobre todo en aquellas que afectan su vida cotidiana. No le basta el voto. No desea ser sólo espectador. Por otra parte, diversas organizaciones de la sociedad civil han luchado por más de dos lustros en consolidar el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y para abrir espacios para la participación. La población exige esos cambios, pero también muchos servidores públicos estamos comprometidos con esta agenda. Estos esfuerzos buscan transformar la forma cómo se ejerce el poder en México de manera cotidiana, es decir, cambiar las prácticas de interacción política.
Desde hace un año la apuesta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue clara: hacer del gobierno abierto un movimiento nacional. Un movimiento que reuniera a la población, las autoridades y organismos garantes para colaborar. Un movimiento que agrupara las demandas de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Un movimiento para que las políticas públicas den resultados y mejoren la vida cotidiana de la población. Un movimiento que cambie las prácticas del ejercicio del poder en México.
No debemos perder de vista que el gobierno abierto es un medio para combatir la corrupción y la desigualdad, para construir comunidades más seguras y con menos impunidad. En este sentido, en los últimos cinco años he sido testigo de que la colaboración entre todos los sectores es posible para plantear acciones concretas que permitan mejorar nuestras condiciones de vida.
En este sentido, en 23 estados del país, este movimiento puede volverse una realidad mediante los ejercicios locales de gobierno abierto que impulsa el INAI. Estos consisten, en primer lugar, en el reconocimiento por parte de autoridades y sociedad de que sin la colaboración de ambas partes no será posible avanzar hacia el México que todos queremos. En segundo lugar, en la definición conjunta de prioridades y de los medios para solucionarlos en planes de acción puntuales.
Si, como ya dije, existe consenso en que la corrupción es uno de los problemas que más urge conjurar en el país, los ejercicios locales pueden colaborar a combatir la corrupción en al menos dos formas:
1.El gobierno abierto en los estados participantes puede convertirse en una plataforma para que las organizaciones de la sociedad civil y académicos que participaron en el ejercicio de par- lamento abierto que dio vida al SNA transmitan su experiencia con el objetivo de lograr los mejores sistemas estatales anticorrupción. Este diálogo permitirá replicar las mejores prácticas, fortalecer las áreas de oportunidad que dejo la legislación federal e incorporar las preocupaciones locales.
2.Los planes de acción locales son una herramienta para canalizar la participación de la población en la implementación de los sistemas estatales anticorrupción. Algunos planes de acción en curso ya incluyen acciones preventivas en el combate a la corrupción. Por ejemplo, en Veracruz se decidió seguir el dinero para asegurarse que llegara para el desarrollo de la infraestructura de salud; en Durango, para abastecer agua potable; en Morelos, para becas educativas; y en Oaxaca, para dotar de útiles y uniformes escolares a sus niños.
Más de 600 mil personas firmaron para apoyar la iniciativa 3de3, ahora imaginemos que sucedería si esas mismas personas se involucran en los ejercicios locales de gobierno abierto. ¿Qué resultados podríamos obtener si se mantiene su participación al colaborar con las autoridades y los organismos garantes del derecho de acceso a la información para definir acciones puntuales que permitan combatir la corrupción en los estados? Hacerlo permitiría transformar el ejercicio cotidiano del poder y de los recursos públicos para, con el uso estratégico de la información pública, contener la corrupción.
No cabe duda: todos deseamos un México sin corrupción y hoy existe voluntad en autoridades y población en colaborar para lograrlo. Como anoté, el reto es pasar del consenso sobre las normas al consenso en las prácticas de interacción entre población y autoridades. Las autoridades no podemos solas, tampoco la sociedad civil. Por eso, juntos debemos definir acciones puntuales, a partir del nuevo marco normativo, que nos permitan dar los resultados anhelados y mantener el ímpetu social que se manifestó con la movilización en torno a la Ley 3de3. Los planes de acción de gobierno pueden ser una ruta para canalizar esa movilización. La pregunta es: ¿la trazaremos?
| Joel Salas Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia Twitter: @joelsas |
