Solicitar un crédito personal, desde una perspectiva económica tradicional, tendría siempre un plazo perentorio. Se trata de un evento que debería responder, de manera general, a una planeación del gasto y de adquisición de activos para el hogar, o para llevar a cabo procesos de inversión que no solo permitan amortizar el costo de la deuda, sino generar mayor riqueza.
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¿Pero qué ocurre cuando las personas solicitan crédito para sobrevivir? ¿Frente a qué estamos, en el terreno de lo económico y lo social, cuando la deuda se convierte en una condición permanente, y en la cual, para muchos hogares, se convierte en un instrumento continuo para solventar lo más elemental de la vida, condenándoles a la reproducción de condiciones de precariedad económica, en ocasiones -y no es exagerado decirlo así- de por vida?
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Desde esta perspectiva, es importante señalar el último dato presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares: de los 36.64 millones de hogares que había en el 2019 en el país, sólo 15.79 millones no tenían ningún tipo de deuda, frente a 20.8 millones que sí las tenían.
De esa suma, en 4.23 millones de casos la deuda era hipotecaria, en 19.7 millones la deuda era no hipotecaria. En términos relativos, lo anterior significa que el 57% de los hogares tienen algún tipo de deuda, mientras que el 43.1%, no.
Asimismo, destaca que los hogares con más integrantes son aquellos que tienen mayores porcentajes de deuda, y que son también los deciles de menores ingresos donde se encuentran los mayores porcentajes de créditos, sobre todo de tipo no hipotecario. De igual forma, es importante mostrar que en 15.9 millones de hogares que reportaron alguna deuda en 2019, el nivel de escolaridad máximo es el bachillerato.
También es importante destacar que, de los 19.7 millones de hogares que tienen deudas no hipotecarias, 12.55 millones las tienen con tarjetas de crédito, las cuales son, como se sabe, de las más caras debido a las elevadas tasas de interés que se cobran en todos los bancos de país. Pero también es relevante el hecho de que en 3.9 millones de casos, el crédito sea de nómina o personal, pues implica que se está comprometiendo directamente una proporción del ingreso laboral que tienen las personas y el cual, según los datos del CONEVAL, es tremendamente bajo en nuestro país.
Otro dato a destacar es la enorme desigualdad que persiste entre mujeres y hombres que son las personas de referencia en los hogares (antes denominados como jefas o jefes de hogar), en lo que se refiere a la disponibilidad de la riqueza: el 74.6% pertenece a hombres, mientras que sólo el 25.4% pertenece a las mujeres, cuando los primeros son la persona de referencia en 68.9% de los hogares, y las mujeres lo son en el 31.1%.
Frente a estos datos, se confirma una vez más que las transferencias de ingresos de los programas públicos, siendo necesarias y útiles, están muy lejos de ser una solución estructural y de largo plazo a la precariedad de los ingresos. Pues en efecto, siendo estos datos previos a la pandemia, puede suponerse que en 2020 y 2021 seguramente se profundizaron y llevaron a contraer más deuda en los hogares como una estrategia adicional de las familias.
Esta información que proporciona el INEGI ratifica una vez más la urgencia de revisar la política de desarrollo social en el país; pues si realmente se quiere reducir el número de personas en pobreza, así como los niveles de desigualdad, lo necesario es otro curso de desarrollo.
Lo urgente ahora es garantizar que la economía va a crecer, y que al hacerlo permitirá una nueva lógica distributiva; una que permita reducir brechas y márgenes; y que evite, entre otras cosas, que la mayoría de nuestra población tenga, coloquial, pero literalmente hablando, que “vivir de prestado”.
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