Una temporada violenta

El recuento de la violencia política que se ha registrado a lo largo del proceso electoral 2021, construido por la Consultoría Etellek, muestra que se trata de la más violenta en la historia de nuestro país. Una realidad auténticamente preocupante porque lo que se encuentra en juego es nada menos que la democracia mexicana.

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De acuerdo con esta consultoría, entre el 7 de septiembre del 2020 y el 13 de mayo del 2021, se han registrado 563 hechos delictivos en contra de candidatos, políticos o funcionarios sin partido. Entre ellos, ha habido 83 asesinatos de políticos, 32 de los cuales eran candidatas o candidatos a cargos de elección popular.

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Asimismo, 76% de las víctimas mortales (60 personas) eran “opositoras” a los gobiernos locales donde fueron asesinadas; y entre los 32 candidatos que perdieron la vida por homicidio intencional, 27 competían por cargos municipales, siendo el 88% opositores a los gobiernos locales.

Tampoco es menor el hecho de que el 42% de aspirantes y candidatas a cargos de elección popular eran mujeres, lo cual es muestra de que para el crimen organizado no existen límites en el ejercicio de la violencia, y que el ejercicio de la violencia se practica independientemente del sexo de las personas que participan en política.

Adicionalmente, han sido asesinadas 91 personas que fungían como funcionarias o funcionarios públicos sin militancia política declarada; aunque se destaca que la mayoría tenía cargos de dirección general o superiores. A esta cruenta estadística, se suman 28 personas asesinadas, familiares de políticos, 14 de las cuales tenían lazos de consanguinidad con alguna candidata o candidato.

Otro dato que llama a la alerta es que sólo en 10 entidades del país no se han registrado atentados o hechos delictivos en contra de políticos o aspirantes en el periodo señalado: Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Durango y Coahuila.

El caso de mayor visibilidad en lo que va de mayo de 2021, ha sido el asesinato de Abel Murrieta, quien era candidato a la alcaldía de Cajeme, en Sonora; lo es porque fue Procurador de Justicia de aquella entidad durante 9 años, además de que fungía como abogado de la Familia Le Barón.

La ejecución, amenaza y hostigamiento en contra de cientos de candidatos y candidatas representa uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado en México, pues lo que se está fracturando es la legitimidad del entramado institucional y se está permitiendo que sean las bandas del crimen organizado las que decidan quién debe gobernar, redactar las leyes o impartir justicia en amplias franjas territoriales del país.

Frente a este escenario, lo que en mayor medida preocupa es la banalización de la política y la discusión pública del país. En el Palacio Nacional, lo que más importa es que su partido tenga el mejor resultado posible, renunciando con ello a la presencia del titular del Ejecutivo como un auténtico estadista, pues, al igual que sus antecesores, ha preferido actuar como una parte actora, y no como la figura institucional de regulación y arbitrio de la disputa democrática por el poder.

De otro lado varios partidos políticos se han convertido en grandes agencias publicitarias y propagandísticas, antes que, en espacios de generación de ideología y programa de gobierno, llegando al extremo del ridículo en las frívolas expresiones que las y los candidatos suben todos los días a las redes sociales.

Mientras la sangre corre por las calles del país, la mayoría de las y los políticos profesionales se mueven entre la mezquindad y en no pocas ocasiones en la ilegalidad. Pero ante ello, deben hacer un alto y pensar autocríticamente para darse cuenta de que aún hay tiempo; que todavía puede rescatarse a México de esta espiral de violencia y malestar social.

Poco o nada en las campañas está dirigido a resolver la severa crisis de violencia que padecemos; poco o nada respecto de cómo reactivar la economía y rescatar de la pobreza a los millones de familias que ahora se encuentra en esa circunstancia; nada sobre cómo enfrentar no sólo la tremenda sequía, sino en general los perniciosos efectos del cambio climático.

Pareciera que México es únicamente un botín en torno al cual se desarrolla una mezquina pelea, y no el gran proyecto de Estado nacional que está plasmado en nuestra Constitución Política. Todo gira en torno a intereses de grupo; y todo se resuelve con base en la fuerza bruta, en el ejercicio autoritario y antidemocrático de los recursos públicos; pero no con base en la fuerza de la razón y el diálogo.

Es de lamentarse que ni el presidente de la República, ni los “líderes” opositores hayan sido capaces de asumir, al menos hasta ahora, la responsabilidad de desplegar una pedagogía democrática de largo aliento. Porque si un mandato tiene quien participa en la vida política de cualquier sociedad libre, es precisamente el de contribuir a cimentar y garantizar la viabilidad y pervivencia de las condiciones que hacen posible la vida en libertad.

Como habría dicho Octavio Paz, estamos ante tiempos sumamente grises y nublados; y es preciso evitar que la tempestad arrecie. No podemos seguir siendo un país con cientos de políticos y aspirantes a cargos de elección asesinados. No podemos permitir que el crimen organizado continúe apoderándose de cada vez más estructuras gubernamentales, legislativas e incluso del control, vía la corrupción o la amenaza, de la impartición de justicia en el país.

Si se pensara de manera gráfica, nuestra democracia se vería hoy como un lienzo lleno de agujeros, teñidos de rojo por las balas asesinas de quienes hacen gala de la violencia y la maldad pura.

Por eso es inadmisible que la política nacional siga banalizándose. El ejercicio de las conferencias matutinas de la Presidencia debe cambiar de propósito, estilo y contenido; por eso debe romperse con la lógica de convertir a los partidos políticos en franquicias cuyo membrete está al servicio del mejor postor o de quien les garantiza mayores dividendos a auténticas camarillas de personas sin vocación de patria ni solvencia ética.

La discusión pública debe regresar a lo esencial: cómo hacer para que impere la Ley; cómo hacer para que toda persona tenga garantizado un nivel de vida digno; y cómo podemos lograr que México se convierta en el país generoso, incluso ejemplar, para nuestros tiempos y los tiempos venideros.

El país que hoy tenemos es un territorio de ignominia, donde las víctimas claman por justicia; y donde millones viven en el silencio y la invisibilidad del hambre. Y eso es algo que no podemos permitir que continúe así.

Investigador del PUED-UNAM

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