Esta semana fueron publicados los resultados del examen de admisión para el ingreso a la educación superior de diferentes universidades públicas del país. En términos generales, de acuerdo con los datos oficiales, sólo ingresan a la educación superior 20 de cada 100 jóvenes en edad de asistir a las aulas universitarias, y en la trayectoria educativa general, de cada 100 niñas y niños que se inscriben a la primaria, sólo entre tres y cuatro logran concluir la educación superior.
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Cada año, considerando sólo a las principales instituciones de educación superior de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México admite en el nivel licenciatura alrededor de 53 mil estudiantes; sigue siendo, con mucho, la institución de educación superior más grande del país; el Instituto Politécnico Nacional admite entre 23 mil y 25 mil estudiantes; a la Universidad Autónoma Metropolitana ingresan alrededor de 11,500; mientras que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México admite alrededor de 1,500 alumnos por año.
La meta que se estableció a partir de la creación de las llamadas Universidades del Bienestar Benito Juárez, fue de 300 mil alumnos; una cifra aproximada a la matrícula total de la UNAM. Sin embargo, hasta el 2020, no se tenía claridad de cuántos alumnos están matriculados y cuáles son los niveles de permanencia, rendimiento y deserción.
En este contexto, debe decirse que uno de los elementos que aún ahora permiten la movilidad social de en nuestro país, es lograr acceder a la educación superior y titularse de una carrera universitaria. Por ejemplo, el documento Panorama de la Educación, 2019, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestra que las personas que tienen una licenciatura obtienen 78% más ingresos que quienes tienen sólo educación de bachillerato; y 3 o más veces, que quienes tienen sólo la educación primaria.
Al respecto, es importante decir que, al igual que con otros grandes sistemas nacionales, el sistema educativo nacional está caracterizado por una enorme diversidad y heterogeneidad. Y esto exige un esfuerzo permanente para ofrecer la calidad educativa a la que todas y todos los mexicanos tenemos derecho.
Es importante mencionar que acceder a la UNAM, o a cualquiera de las Universidades Públicas del país, implica más que el ingreso a una carrera universitaria. De hecho, instituciones como la UNAM siguen siendo emblemáticas en la construcción de una identidad y orgullo que permanece de por vida; porque le cambian la vida a quienes ahí estudian y porque, en medio de todos nuestros dilemas, logran generar esperanza a quienes aprenden y enseñan en sus aulas.
Por ello también, es doblemente preocupante que, en las universidades e instituciones de educación superior de los estados, se estén profundizando problemáticas históricas como el pago de salarios, el crecimiento del pasivo laboral, el deterioro de los sistemas de seguridad social y de pensiones de las universidades autónomas, así como la reducción de la inversión en desarrollo científico, creación y difusión cultural, publicación de libros, y un largo etcétera.
A ello deben añadirse las disparidades de los sistemas de universidades tecnológicas; de los propios institutos tecnológicos estatales y regionales; así como nuevas plataformas de oferta educativa a través de las universidades virtuales e institutos de educación digital que operan en distintos estados y regiones del país.
Es importante destacar que estamos, como país, muy lejos de los promedios de nuestros principales socios comerciales, donde el porcentaje de matriculación escolar de quienes tienen de 19 a 24 años supera el 40%; y entre ellos, menos del 15% de los estudiantes de nuevo ingreso en programas de grado estudia ingeniería, manufactura y construcción, y menos del 5% estudia tecnologías de la información y la comunicación. En México, los promedios son, en evidencia, mucho más bajos.
Desde esa perspectiva, debe tenerse claridad que lograr condiciones generalizadas de bienestar exige de un sistema educativo nacional robusto, y que le educación superior y de posgrado es imprescindible en este esquema; que la investigación en ciencia y tecnología se encuentra sumamente rezagada, y que se mantienen enormes retos tanto en las carreras profesionalizantes como en aquellas de mayor formación teórica o humanística y que están pensadas como un eslabón central para la formación de posgrado.
Sin duda alguna, una de las mayores exigencias para los poderes públicos es el diseño diseñar un Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, que destine lo necesario, y no “sólo lo que se puede”, como se ha hecho inercialmente, a la educación superior, reconociendo que es impostergable fortalecer y robustecer a las instituciones ya existentes, en el ánimo no sólo de incrementar sus matrículas sino de expandir sus capacidades para cumplir con sus objetivos centrales de formación, investigación y difusión.
Hoy más que nunca, las Universidades tienen un papel central para enfrentar los desafíos del país y para superar las emergencias sanitaria y económica provocadas por la pandemia; y de hecho, preparar al país para para un nuevo curso de desarrollo.
México no podrá garantizar los derechos humanos, con la extensión y amplitud que establece la Constitución, sin un sistema de instituciones de educación superior que contribuya al fortalecimiento democrático; a la formación de conciencia crítica y comprometida con la nación; y a formar una nueva generación de mexicanas y mexicanos capaces de dar todo lo necesario para sacarnos de las trampas de la desigualdad y la pobreza.
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Preocupa, sin duda, cuál es el futuro de quienes aspiraban ingresar a alguna institución de educación superior y que no lograron un lugar; para ellas y ellos, la cancelación de esa posibilidad representa una dura prueba y para el país, una pérdida de tiempo, oportunidades y capacidades para el desarrollo.
En ese contexto, y quizá por lo adverso de las condiciones en que estamos, no deja de emocionar la alegría de quienes accedieron, y del orgullo que expresan sus familias; porque las universidades siguen siendo también espacios que construyen identidad, comunidad y país.
Por ello debemos seguir trabajando intensamente como país para que ninguna persona que así se lo haya planteado como meta y objetivo central de su proyecto de vida, tenga acceso a la garantía de su derecho a recibir educación superior de calidad; que le permita acceso al mercado laboral, o que le dé la posibilidad de desarrollo de proyectos académicos de largo plazo.
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