Hay decisiones legislativas que pueden tener un impacto sustantivo en la vida de las personas. Se trata de reformas o adiciones legislativas que definen un marco jurídico que busca establecer reglas claras para la protección de derechos humanos, y con ello, posibilitar el acceso a una calidad de vida digna. En ese ámbito se sitúa la actual discusión en torno al etiquetado de alimentos procesados y empaquetados.
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Se trata de un debate en el cual la parte más inmoral de la industria de los alimentos ha puesto todas las resistencias a su alcance para evitar que sus productos, que son evidentemente peligrosos y dañinos, sean etiquetados con advertencias claras para quien los compra, respecto de los riesgos que implica para su salud el hecho de consumirlos.
México, se sabe de sobra, es uno de los países con mayor incidencia de obesidad y sobrepeso. Y estos factores han detonado una impresionante epidemia de diabetes y de enfermedades isquémicas del corazón, que, a su vez, llevaron al Estado mexicano a declarar emergencias epidemiológicas que de poco han servido al momento de diseñar políticas públicas que permitan avanzar hacia el cumplimiento integral del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, con especial énfasis en que esto debe realizarse en estricto apego al Principio del Interés Superior de la Niñez.
De acuerdo con las cifras del Anexo Estadístico del Primer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal (México, 2019), entre los años 2000 y 2018 se han diagnosticado 9.48 millones de casos nuevos de personas que padecen hipertensión arterial.
Las cifras preliminares estiman que al cerrar este 2019 habría al menos 469,224 casos nuevos más. Es decir, de continuar esta tendencia, en el año 2025 podría llegarse a una cifra aproximada de 10 millones de personas que viven con este padecimiento.
El crecimiento en el número absoluto de personas que viven con diabetes ha ido de la mano con el crecimiento poblacional, pero también con el acelerado proceso de envejecimiento demográfico en el país.
Lo anterior sin descontar, por supuesto, que los casos de personas que tienen esta enfermedad en edades por debajo de los 65 años están directamente asociados con el consumo de alimentos hipercalóricos y altos niveles de contenido de sodio, y la obesidad que eso genera, además de estilos de vida sedentarios.
Desde esta perspectiva, es importante señalar que no se han logrado reducciones en lo que se refiere a la tasa de morbilidad por este padecimiento, siendo esta de un promedio de 440.4 casos por cada 100 mil habitantes. El dato más alto se registró en el año 2004, con 526.4 casos por cada 100 mil habitantes, y el año con el dato más bajo fue 2016, con 356.7 casos por cada 100 mil personas.
Las variaciones identificadas en estos indicadores se deben fundamentalmente a las tendencias de registro administrativo en el sector salud, pues la detección de casos nuevos depende de que las personas accedan a servicios de diagnóstico apropiado y oportuno, sobre todo en el sector público.
Los datos de que se dispone muestran que la inmensa cantidad de casos nuevos y la acumulación del total de casos han llevado a un sustantivo incremento en las tasas de mortalidad por esta causa.
Es necesario hacer notar que en el año 2000 la tasa de mortalidad por esta enfermedad fue de 9.9 casos por cada 100 mil personas. Considerando que había una población de 101.7 millones de personas, puede estimarse que el número de defunciones por este padecimiento fue de 10,068, es decir, 27.5 casos por día.
Para el año 2005, la tasa de mortalidad por hipertensión arterial creció a 12.2 casos por cada 100 mil personas. Considerando una población de 108.5 millones de personas, ese año habrían fallecido alrededor de 13,237 personas; es decir, un promedio diario aproximado de 32.6 personas.
En el año 2010 la tasa creció a 15.5 casos por cada 100 mil habitantes. Considerando que la población estimada en ese año fue de 112.33 millones de personas, las defunciones aproximadas por este padecimiento en ese año se ubicaron en 17,411, lo cual implica un crecimiento a un promedio de 47.7 casos.
Así, durante 2018, la tasa estimada fue de 18.5 casos por cada 100 mil habitantes. Considerando una población de 123.38 millones de habitantes, estimados por la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018, el número aproximado de defunciones por enfermedad pudo haber llegado a 22,825 casos, o bien, un promedio diario de 62 defunciones al día.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSANUT, Medio Camino, 2016), el 9.4% de las personas adultas en México padecen diabetes. Se trata de una estimación muy elevada, porque en números absolutos implica una cifra superior a los 6.5 millones de personas.
Pese a la magnitud, el dato podría resultar conservador, incluso si se obtuvo mediante una encuesta, pues los registros administrativos del sector salud indican que en el país se han confirmado, entre los años 2000 y 2018, un total de 7.32 millones de casos de personas con diabetes mellitus.
A diferencia del caso de la hipertensión arterial, en el cual hay una relativa “estabilidad” en el número anual de casos nuevos confirmados, respecto de la diabetes mellitus se percibe una tendencia aceleradamente creciente, tanto en números absolutos como en lo que se refiere a las tasas de morbilidad y mortalidad.
En efecto, según los datos del citado Anexo Estadístico del Primer Informe del Poder Ejecutivo, en el año 2000 se confirmaron 287,180 casos. Para el año 2005, la cifra fue de 397,387; en 2010 se llegó a un récord de 420,086 casos; 2015 registró un ligero descenso en el número de casos, con 369,146. Finalmente, en el 2018 se tuvo un nuevo repunte, con 425,345 casos, cifra superada solo por la de 2011, en la que se registró el récord histórico de nuevos casos, con 427,125.
Para el año 2019 el Informe del Ejecutivo Federal estima una cifra de 222,953, por lo que, de continuar la tendencia, se podría llegar a un récord histórico de aproximadamente 445,906 casos nuevos confirmados de diabetes mellitus tipo II.
Como resultado, la tasa de mortalidad por diabetes mellitus casi se duplicó en los últimos 20 años. En efecto, en el año 2000 se ubicó en 47.1 casos por cada 100 mil habitantes. Para el año 2005 la tasa creció a 62.5 casos por cada 100 mil personas; en el 2010 la tasa ya era de 72.9 casos por cada 100 mil; para el 2015 llegó a 81.1 casos por cada 100 mil; mientras que el dato estimado para el año 2019 es de 91.5 defunciones por cada 100 mil habitantes en el país.
Estas tendencias han generado una mortandad de niveles históricos, y no es para nada exagerado decirlo así. En efecto, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre los años 2000 y 2017 han fallecido a causa de la diabetes mellitus un total de 1.37 millones de personas.
A fin de dimensionar esa cifra, hay que decir que supera a la población total que había en el año 2015 en estados como Baja California Sur, Campeche, Tlaxcala o Colima.
Asimismo, si se compara el número de defunciones registradas por diabetes en el año 2000, frente a la cifra registrada por el INEGI en el 2017, el crecimiento es de la estratosférica cifra de 128% en menos de dos décadas.
A pesar de que no se dispone de datos para llevar a cabo comparativos internacionales, es válido sostener que se trata seguramente de una de las tasas de crecimiento más aceleradas del planeta.
Frente a estos datos, el Congreso de la Unión está ante la responsabilidad ética de poner un freno a la voracidad de las empresas productoras y distribuidoras de comida chatarra, y proteger el derecho de las niñas y los niños a estar bien alimentados, a tener acceso al disfrute del máximo nivel posible de salud y a tener en todo momento acceso a información diseñada para su edad y nivel educativo esperado.
De ninguna manera, frente a tales niveles de mortandad, pueden pesar más los argumentos sobre el número de empleos que generan estas empresas, las estrategias mentirosas disfrazadas de “información nutricional técnica”, y mucho menos, ante el afán irrefrenado de lucro a costa de la enfermedad, el empobrecimiento y la muerte de millones de personas.
Nada puede haber más importante en un país que busca transitar hacia una nueva lógica de desarrollo, y cuya mayoría parlamentaria sostiene que su objetivo mayor es construir una transformación histórica del país, sustentada en una actuación éticamente ejemplar.
Por todo lo anterior, no es exagerado sostener que en lo que decidan respecto del etiquetado de alimentos y bebidas edulcoradas, se juegan una buena porción de su posición ética en la historia reciente del país.
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