por Rafael Camacho Solís / Miguel Ángel Mendoza Meléndez
Rafael Aunque el consumo de drogas se relaciona con la violencia, es importante aclarar que dicho consumo no es un delito. La adicción debe entenderse como enfermedad crónica progresiva, recurrente y frecuentemente mortal que, como otras enfermedades crónicas, no es curable y únicamente se puede controlar; por esta razón, la adicción no debe ser castigada, sino prevenida y tratada
Relación constante, pero no tan clara
El fenómeno de la violencia relacionada con drogas en México puede abordarse desde distintas perspectivas. Una de las más comunes en años recientes tiene que ver con estrategias de combate del crimen organizado; desde este punto de vista, las principales explicaciones ofrecidas señalan que la violencia tiene como origen luchas entre diferentes organizaciones que buscan controlar el mercado del narcotráfico y otras actividades delictivas. Estas estrategias generan enfrentamientos entre fuerzas armadas y otras agrupaciones encargadas del orden público, que en diversas ocasiones han resultado en la muerte de civiles, tristemente consideradas como “daños colaterales”.
A pesar de que el consumo de drogas está despenalizado, su producción, transportación, tráfico, comercio, suministro (aun gratuitamente) y prescripción (sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud) siguen siendo ilegales (Título séptimo, Capítulo I del Código Penal Federal), lo cual obliga a que los usuarios se involucren en el mundo criminal.
Sin embargo, la violencia no sólo está asociada con estos fenómenos; en ciertos casos, el uso de drogas puede funcionar como factor criminógeno, aunque la relación entre consumo de sustancias y delitos no es directa. La peligrosidad criminal asociada con el uso de drogas, entendida como la probabilidad relacionada con los aspectos que permitirán que un individuo se inicie en la comisión de conductas antisociales o cometa una nueva conducta antisocial (Chargoy, 1993) está mediada por el tipo de sustancia y la fase del ciclo de la adicción en la que se encuentre el sujeto.
Así, sustancias con mayor potencial adictivo como heroína y cocaína aumentan la probabilidad de cometer delitos debido no solamente al efecto farmacológico, sino a la necesidad de conseguir la sustancia. En relación con la fase de la adicción, es incluso más probable que se manifiesten delitos violentos durante la fase de abstinencia (Serrat, 2003).
A pesar de que existe una relación constante entre los dos fenómenos, ésta no es tan clara (White & Gorman, 2000):
• Los usuarios de drogas son heterogéneos en cuanto a su nivel de criminalidad
• Las personas que cometen delitos son heterogéneas en cuanto a su consumo de drogas
• Muchos consumidores de drogas no cometen delitos (a excepción de la posesión y comercio de las mismas)
• Las personas que consumen drogas y se involucran en delitos no se especializan en algún tipo de delito en particular
• En numerosos casos en los cuales personas consumen drogas y cometen delitos, el consumo de drogas no fue la causa de su primer delito
• El alcohol (siendo una sustancia psicoactiva legal) es la primera droga asociada con delitos
• Gran número de delitos relacionados con drogas (especialmente violentos) resultan de circunstancias relativas al comercio de drogas; sin embargo, no es un tipo de droga en particular la que influye en los delitos, más bien son las condiciones del mercado las que determinan la aparición de estos delitos
Factores de riesgo
Los factores que favorecen la aparición de eventos violentos pertenecen a distintos ámbitos, esto se conoce como Modelo Socio-Ecológico (Center for Desease Control and Prevention, s.f.). En este modelo se proponen distintos niveles en los cuales características o circunstancias favorecen la violencia:
El nivel individual se compone de factores genéticos, epigenéticos y conductuales, así como de características y experiencias personales; el nivel de las relaciones implica la manera en que se interactúa con otras personas; mientras que el comunitario abarca los ámbitos en los que se desarrolla la vida cotidiana de cada persona. El nivel social, por otra parte, incluye factores que pueden promover o reducir la tolerancia o aceptación entre grupos, además de las condiciones que mantienen o profundizan las brechas entre diferentes segmentos de la sociedad.
Una estrategia en este sentido deberá comenzar por intervenciones dirigidas a promover cambios dentro de los propios hogares (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2012), de modo que la violencia que nace dentro de estos espacios no escale a problemas de mayor magnitud.
Consumo puede facilitar ocurrencia de eventos violentos
Si bien es cierto que no en todas las personas que consumen drogas ni en todas las ocasiones en que existe consumo suceden eventos violentos, sí es válido afirmar que el consumo de estas sustancias puede facilitar la ocurrencia de dichos eventos. El alcohol, por ejemplo, aumenta hasta en 15 veces la probabilidad de ingresar a una sala de urgencias debido a lesiones por actos violentos (Borges et. al, 2008). De acuerdo con datos obtenidos de centros penitenciarios de la Ciudad de México, 38% de los internos aceptó haber cometido su delito bajo el efecto de alguna sustancia (IAPA, 2012).
Por otro lado, existen mitos acerca de que las drogas con efecto depresor del sistema nervioso central vuelven al individuo pasivo e incapaz de involucrarse en conductas disruptivas, sin embargo, debido al efecto depresor que tienen sobre los centros inhibitorios del cerebro, se promueve la aparición de conductas impulsivas y la falta de juicio (Winstanley, Olausson, Taylor, & Taylor, 2010).
Conclusiones
Las instituciones de salud y de educación son fundamentales en la detección de casos y grupos de riesgo en relación con la violencia y el consumo de drogas, sin embargo, es indispensable que, tanto los profesionales de salud, como los de educación reciban sensibilización y capacitación para esta labor. Es necesario poner en marcha programas y acuerdos que favorezcan el desarrollo de competencias psicosociales o habilidades para la vida.
Asimismo, deben fomentarse los factores protectores y disminuirse los de riesgo mediante programas que garanticen un acceso más equitativo a servicios de calidad y ofrezcan opciones de entretenimiento, alternativas tales como actividades recreativas, deportivas y culturales accesibles a la mayoría. Este tipo de programas preventivos deberían establecerse de manera coordinada, flexible y medible. La coordinación deberá mantenerse entre instituciones relacionadas con salud y educación, de modo que puedan detectar casos o grupos de riesgo, para que sean canalizados a programas debidamente diseñados para tal fin. Del mismo modo, a nivel comunitario es necesario localizar poblaciones en mayor riesgo para dirigir estrategias sociales que permitan prevenir la expresión franca de la violencia.
En el ámbito de la impartición de justicia es fundamental combatir la impunidad, de modo que no se continúe con una dinámica que incentiva la conducta disruptiva, sino que esta tenga consecuencias que la inhiban, y evitar que los consumidores de drogas que cometen delitos leves sean enviados a prisión, donde aprenden a usar otras drogas y se vinculan con la delincuencia organizada.•
