La vacuna del COVID-19 no puede ser solo para los ricos

Mientras la farmacéutica Pfizer asegurado tener casi lista la tan esperada vacuna contra el COVID-19, a nivel internacional surge el temor de que su distribución sea una cara más de la terrible desigualdad.

De acuerdo con la ONU, varios expertos en derechos humanos han alertado ante un posible acaparamiento de estas herramientas, exhortando a que las empresas farmacéuticas no antepongan las ganancias a los derechos de las personas a la vida y la salud

Los relatores han sido enfáticos al señalar que los Estados tienen la obligación de garantizar que todas las vacunas y tratamientos de COVID-19 sean seguros, disponibles, accesibles y asequibles para todos los que los necesiten.

“Esto es particularmente relevante para las personas en situaciones vulnerables que a menudo se ven descuidadas de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluidos los que viven en la pobreza, las mujeres, los pueblos indígenas, y las personas con discapacidad”, expresaron.

Además, manifestaron su preocupación frente al alto riesgo de que los gobiernos de los países en desarrollo recurran a medidas de austeridad, coms recortes en la protección social, la asistencia alimentaria o los suministros sanitarios, en lugar de adoptar políticas que respeten los derechos humanos.

De acuerdo con los experto, lo anterior, “profundizaría aún más la pobreza, la discriminación y la brecha de desigualdad dentro de los países. Los impactos sociales más profundos también retrasarán el proceso de recuperación económica”.

“Las medidas de austeridad implementadas a raíz de la crisis financiera de 2008, por ejemplo, dejaron a los sistemas públicos de salud y protección social con una severa falta de fondos, un aumento del empleo precario y una mayor desigualdad entre ricos y pobres”, señala la ONU.

En este contexto preocupa el que, pese a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de que “nadie estará a salvo hasta que todos los estén”, hay países que están intentando monopolizar la vacuna, lo que ha sido alertado por relatores, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo de la división de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Lamentablemente, parece que algunos gobiernos se han comprometido a garantizar vacunas solo para sus ciudadanos. Las políticas de salud y adquisiciones aislacionistas están en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”, denunciaron.

Una vacuna para todos

Agregaron que según la ONG Oxfam, para septiembre de este año el 51%  de las dosis que se producirán en función de la capacidad para esa fecha ya se habían reservado para países con solo el 13%  de la población mundial.

“Si el resto del mundo depende de las mismas instalaciones de fabricación, tendrán que esperar a que cumplan sus pedidos anticipados y esperar que se puedan producir más dosis antes de que muchos más mueran o se enfermen gravemente”, advirtieron.

Los expertos advirtieron que estos países que han prometido las vacunas a su población probablemente no logren hacerlo debido a la limitada capacidad de producción, un obstáculo que se hace menor en el marco de un esfuerzo global coordinado.

Los expertos recordaron que la cooperación internacional y el multilateralismo son fundamentales para facilitar a los países la superación de la crisis actual y sentar las bases de una recuperación socioeconómica sólida, sostenida e inclusiva en todo el mundo.

“Para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias y hacer realidad los derechos humanos universales, los Estados deben tomar medidas, tanto individual como conjuntamente, mediante la cooperación y la asistencia internacionales”, dijeron.

 Este lunes, el director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, dio la bienvenida a los avances en la vacuna de Pfizer, que según la farmacéutica es eficaz en un 90% de los casos y dijo que el mundo está experimentando una colaboración científica sin precedentes.

Los relatores y expertos en derechos humanos hicieron un llamado a los países para que apoyen la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial.

“Según el derecho internacional, el acceso a cualquier vacuna y tratamiento COVID-19 debe estar disponible para todos los que los necesiten, dentro y entre países, especialmente aquellos en situaciones vulnerables o que viven en la pobreza”, afirmaron.

También pidieron la cooperación y la asistencia internacional entre los países desarrollados y en desarrollo para garantizar un intercambio generalizado de tecnologías sanitarias y conocimientos sobre las vacunas y el tratamiento COVID-19.

Además, recalcaron que las empresas farmacéuticas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y no deben anteponer las ganancias a los derechos de las personas a la vida y la salud, y deben aceptar restricciones a la protección mediante patente de las vacunas que desarrollan.

Los expertos acogieron con beneplácito la petición a la Organización Mundial del Comercio por parte de India y Sudáfrica de renunciar a ciertas disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) para mejorar la prevención, la contención y el tratamiento del COVID-19.

“Esta pandemia ha afectado a todo el mundo. Ahora el mundo debe dejar de lado iniciativas individuales fuera de lugar para monopolizar las vacunas y los suministros, y trabajar juntos para derrotarlo”.

Recomendaciones de los expertos

Los expertos declararon su apoyo al llamado de la Asamblea Mundial de la Salud para reconocer “el papel de la inmunización extensiva contra COVID-19 como un bien público mundial para la salud en la prevención, contención y detención de la transmisión con el fin de poner fin a la pandemia, una vez segura, de calidad, se dispone de vacunas eficaces, eficaces, accesibles y asequibles”.

Según ellos, los Estados deberían:

• Cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el acceso a los medicamentos, incluidas las vacunas COVID-19 y el tratamiento para todos y de asistencia y cooperación internacional.
• Asegurar que las tecnologías importantes, los datos de propiedad intelectual y los conocimientos técnicos sobre las vacunas COVID-19 se compartan ampliamente y que los países en desarrollo reciban apoyo para aumentar las capacidades de desarrollo, fabricación y distribución para garantizar el acceso equitativo a dichas vacunas.
• Abstenerse de utilizar la “seguridad nacional” o cualquier argumento que permita secretos comerciales relacionados con la vacuna, el tratamiento, las pruebas y cualquier otra información necesaria para combatir la enfermedad.
• Prestar especial atención a garantizar que las vacunas sean accesibles para los trabajadores de la salud de primera línea y a unirse a las iniciativas mundiales de la OMS.

Las empresas farmacéuticas deberían:

• Cumplir con sus responsabilidades, incluso mediante el ejercicio de la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar y abordar los impactos adversos sobre los derechos a la vida y la salud, tal como se establece en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.
• Abstenerse de causar o contribuir a impactos adversos sobre los derechos a la vida y la salud invocando sus derechos de propiedad intelectual y dando prioridad a los beneficios económicos.

Las instituciones financieras internacionales:

• Garantizar que las subvenciones y préstamos que otorguen a los países en desarrollo contribuyan a ampliar su capacidad para adquirir, fabricar y distribuir vacunas COVID-19 seguras, eficaces y asequibles.
• Alinear sus programas de ayuda con un enfoque coordinado a nivel mundial, como el Centro de Vacunas Mundial COVAX.