Aunque muchos países en América Latina y el Caribe se han esforzado por encontrar soluciones a las crisis sanitarias, económicas y de derechos humanos exacerbadas por la pandemia de COVID-19, con el inicio de las campañas de vacunación han aparecido en la región signos de alarma.
Así lo advirtió Amnistía Internacional en su informe “Las vacunas en las Américas: diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas”, en el que señala que las farmacéuticas “han menoscabado la transparencia en las negociaciones sobre precios y contratos”.
Además, según el reporte de AI, en nuestro país no ha existido transparencia sobre los contratos con empresas farmacéuticas para la adquisición de vacunas y, por ejemplo, el acuerdo con AstraZeneca, de octubre del año pasado, sigue siendo confidencial.
Se han usado para otros fines
La organización denunció también que en la región las autoridades no han considerado a la población en mayor riesgo frente al virus o históricamente discriminada. Reporta que se han usado las vacunas para obtener réditos políticos o personales en el marco de los procesos electorales en curso.
En cuanto a la población en riesgo o históricamente discriminada, el informe de Amnistía evidenció que el plan nacional de vacunación no menciona ningún protocolo para los pueblos indígenas.
Según el informe, en México se ha excluido de la planeación a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Aunque en el discurso, el gobierno mexicano asegura que la vacuna también se administraría a esta población, en los hechos, hay obstáculos administrativos que lo han impedido.
AI señala también que otros países, como Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, enfrentan la misma situación.
Recomendaciones
Amnistía Internacional recomendó a los gobiernos de América Latina y el Caribe aplicar de forma inmediata diez medidas basadas en el derecho internacional de los derechos humanos.
De acuerdo con la organización, estos estándares deben ser respetados también por las empresas:
1) Anteponer los derechos humanos a los derechos de propiedad intelectual.
2) Consultar ampliamente y publicar planes accesibles.
3) Proteger a los grupos en situación de riesgo e impedir la discriminación y la desigualdad.
4) Garantizar el acceso a información precisa en la implementación de los planes.
5) Facilitar la coordinación entre todos los niveles de gobierno.
6) Tener en cuenta a todo el personal sanitario y proteger sus derechos.
7) Garantizar la disponibilidad de las vacunas para todas las personas con independencia de la condición migratoria.
8) Garantizar que el sector privado no menoscaba el acceso justo.
9) Abstenerse de utilizar las vacunas para beneficios personales o políticos.
10) Administrar las vacunas gratuitamente en el lugar donde se prestan los servicios de Salud y destinar a ello el máximo de los recursos disponibles.
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