Vacunas COVID y el derecho a la salud de la infancia y adolescencia en México

La pandemia que llegó en el 2020 trajo aparejados múltiples y complejos escenarios, pues se evidenciaron como nunca antes las carencias, la desigualdad y la discriminación que existe en nuestro país en materia de salud, tal como ocurrió con el caso del programa  instrumentado por el Gobierno Federal en coordinación con los Estados para la aplicación de vacunas COVID; el cual se ha ejecutado de manera rezagada, dudosa y únicamente para ciertos grupos etarios, pues por ejemplo, en el citado programa de inmunización se excluyó desde un inicio y de manera deliberada a niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

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Así, aunque en junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autorizó la aplicación de emergencia de la vacuna anti-COVID-19 de la marca Pfizer/BioNTech para personas a partir de los doce 12 años de edad, únicamente lo hizo para quienes padezcan comorbilidades específicas, dejando así de lado el derecho a la salud de manera integral para este grupo etario, pese a que la Organización Mundial de la Salud, determinó que los menores entre 12 y 18 años podrían ser vacunados de manera segura y eficaz contra el COVID-19 y sus variantes, y pese también a que en nuestro país, los casos positivos a la enfermedad en infantes y adolescentes pasaron de 84 a 78823, del 12 de abril de 2020 al 17 de octubre de 2021, de los cuales han muerto 762 menores, según lo dictaminó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en su red social oficial Twitter,[1] lo que nos coloca entre de los países con mayores casos de muerte de  de los 12 a los 18 años, acorde a la información pública.

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Así, ante el probado riesgo que representa el COVID-19 para menores, diversos gobiernos a nivel mundial han concluido estudios que avalan la procedencia y necesidad de protegerlos mediante la vacunación. Tal es el caso de la Food and Drug Administration (FDA) quien, desde el mes de octubre de 2021, emitió la autorización para la vacunación de menores de cinco a once años de edad,[2] al haber sido avalado por un comité científico que la vacuna no solo no tiene efectos adversos, sino que además cuenta con un 90.7% de efectividad para la prevención contra el virus COVID-19, por lo cual es totalmente recomendable su aplicación para menores a partir de los cinco años de edad.

Pero al respecto no ha habido una política clara y congruente en nuestro país, pues aunque se ha negado el incluir a menores dentro del programa global de vacunación, el gobierno federal sí ha respaldado dichas acciones, como lo demuestra el hecho de que se haya autorizado la vacuna para adolescentes de 12 a 15 años de edad, pero limitándolos a quienes padecen ciertas comorbilidades y excluyendo indebidamente al resto de esa población o  bien, con la  implementación del llamado “programa de vacunación transfronteriza”.

Mediante el cual, desde noviembre de 2021, el gobierno del Estado de Nuevo León y posteriormente el de Tamaulipas, a través de los consulados de México en Laredo y McAllen, Texas y con apoyo de la guardia nacional, han iniciado la vacunación masiva para niños mexicanos de 5 a 11 años de edad, residentes de ciudades fronterizas, con lo cual queda claro que el gobierno federal no solo ha reconocido, sino que está impulsando la vacunación masiva para los menores de 5 a 11 años en el país, pero con la imitante real que dicha vacuna solo está disponible para niños de los citados Estados, lo que significa un esquema de discriminación para cualquier otro menor del país que no tenga la fortuna de vivir en dichas entidades, tal como es el caso de quienes se encuentra en el extremo fronterizo sur del país.

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Aunado a lo anterior, desde hace meses se hizo público que los menores de edad iniciarían el curso escolar vigente de manera presencial ; lo que incluye los niveles básicos de primaria y secundaria que atienden menores de edad cuyas edades oscilan precisamente entre los 6 y los 15 años de edad y para quienes no se está brindando un sistema organizado, igualitario y eficaz para su vacunación que permita garantizar su derecho a la salud en el citado regreso a clases presenciales ordenado por las autoridades educativas federales.

Y aunque públicamente las autoridades de salud de país han sostenido que  hay dosis garantizadas para todas y todos los mexicanos, es claro que los menores de edad en etapa escolar básica no están contemplados, ni son tomados en cuenta en el calendario de vacunación establecido para el año 2022 por el gobierno federal, pese al riesgo que representa su vuelta a las aulas.

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Por todo ello, resulta indispensable y urgente que las autoridades federales y estatales reconozcan y respeten los derechos de las y los menores en nuestro país, pues la aplicación de la vacuna representa la protección de sus derechos a la salud, a la educación y a la vida mediante la prevención de enfermedades epidémicas y endémicas, a la luz del Interés Superior de la Niñez, y por tanto, la solicitud de aplicación de vacuna a su favor tiene fundamento en los derechos humanos que deben ser reconocidos y respetados, sin distinción ni discriminación alguna a favor de niñas, niños y adolescentes en los términos de los derechos consagrados a su favor a nivel constitucional e internacional.

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[1] Cuenta oficial https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1450243792515129344/photo/1

[2] consultable en el enlace:  https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age