“Mi hija me dice que, gracias a mí, ella ha aprendido a ser fuerte”
Verónica Razo
El caso de Verónica Razo conforma uno de miles que retratan la impunidad en México. Sin embargo, el próximo 18 de julio se abre una luz para que pueda retomar su libertad y continuar su proceso estando lejos del encierro que desde el 8 de junio de 2011 la separó de su hija, hijo, hermano y madre.
Escribio: Anahí Ruelas Orozco
Verónica es un gran ejemplo de fortaleza, resistencia y valentía de una mujer que fue privada de libertad injustamente, señalada por un delito que no cometió bajo actos de tortura en su contra que le ocasionaron permanecer 3 días hospitalizada. Verónica no sólo se ha enfrentado a un proceso penal sino también a los estragos que implica ser sobreviviente de tortura.
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Verónica Razo fue detenida a unas cuadras de su casa por 7 hombres vestidos de civil que portaban armas largas, la encañonaron, esposaron y la subieron a un auto. Fue trasladada a oficinas de la entonces Policía Federal, en donde se enteró que su hermano Erik Iván Razo Casales también había sido detenido. Ambos fueron sometidos a actos de tortura para firmar declaraciones autoincriminándose por un secuestro que no cometieron.
La detención de Verónica Razo fue arbitraria, lo cual ha sido reconocido también por organismos internacionales de protección a derechos humanos como es el caso del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas en la Opinión 14/2021[1] emitida en su favor y en la que determina que tanto Verónica como Erik fueron sujetos a una detención arbitraria y señala al Estado mexicano su puesta en libertad de manera inmediata.
Verónica y Erik estuvieron casi 12 años privados de libertad sin recibir una sentencia y bajo prisión preventiva. Fue hasta el 27 de mayo de 2022, derivado de la labor del Instituto Federal de Defensoría Pública a cargo del maestro Netzaí Sandoval Ballesteros y su Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, con el licenciado Rafael Robles Roa, que se logró la libertad y absolución de Erik, pero Verónica continúa en prisión.
La labor incansable de la familia de Verónica y el Instituto Federal de Defensoría Pública para recuperar su libertad no ha parado. El 26 de julio de 2021 la Defensoría Pública Federal promovió un incidente no especificado para solicitar el cese de la medida cautelar de prisión preventiva. En las audiencias de alegatos se expuso lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo en revisión 315/2021[2], respecto a que las personas juzgadoras deben revisar la prisión preventiva cuando su duración ha rebasado el plazo de 2 años establecido en la Constitución federal para justificar que la persona permanezca privada de libertad.
Después de haberse negado el incidente por determinarse procedente pero infundado, y de que la Defensoría Pública Federal apelara dicha determinación, el Tribunal Unitario del Estado de México revocó la decisión del juez y ordenó llevar a cabo una audiencia para el próximo 18 de julio en la que el Juez Octavo de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez deberá tomar las nuevas directrices que ya señaló la SCJN para justificar la privación de libertad por más de 2 años sin una sentencia.
Así, Verónica Razo estaría frente a una nueva posibilidad de continuar su proceso en libertad y el sistema de justicia penal en México frente a otra, para demostrar que la prisión preventiva no es la única forma de mantener a una persona sujeta a su proceso penal, y que ésta, debe ser analizada y justificada como la excepción y no la regla.
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[1] Disponible para consulta en:https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session90/A_HRC_WGAD_2021_14.pdf y https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636725&fecha=30/11/2021#gsc.tab=0
[2] Disponible para consulta en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-01/AR-315-2021-17012022.pdf
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestranda en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México. Tiene experiencia en litigio de violaciones graves a derechos humanos desde el trabajo en organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con experiencia en temas relacionados con derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ha colaborado en consultorías y capacitaciones en la formación de derechos humanos. Actualmente es Asesora Jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública.
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