Para llevar a cabo sus funciones de la mejor manera, es deseable que los servidores públicos estén cada vez mejor capacitados.
Recientemente estuve en Sinaloa y un amigo me contaba las dificultades sufridas para efectuar un trámite relacionado con el servicio de agua potable: tras muchas vueltas a la oficina municipal y después de haberse visto en situaciones que parecían no tener salida, se le acercó una señora ─colaboradora de ese ayuntamiento─ quien lo reconoció por la cantidad de veces que había hecho fila.
Esta servidora pública, con gran disposición, escuchó el lamento y le dijo: “¡Ay, esta gente! Espérame tantito”. Se fue, y cinco minutos después volvió con el flamante sello que daba por concluido el asunto.
Mi amigo estaba feliz por haberlo conseguido, y por tan solícita servidora pública. Yo no dejaba de pensar en la importancia de la profesionalización, para que no tengas que poner un santo de cabeza azuzándolo para que te toque alguien con espíritu de servicio y sentido común… lo cual es poco común.
¿Cuántos son?
En 2017 el INEGI contabilizó 4 millones 198 mil 846 personas laborando en las administraciones públicas. Aproximadamente seis de 10 en el gobierno estatal, y los otros cuatro en el ámbito federal. Si consideramos la tasa, es decir, cuántos servidores públicos hay por cada 100 mil habitantes, encontramos 1,374 en la esfera federal y 2,205 en la estatal.
Son cifras muy importantes porque los gobiernos están obligados a mejorar su gestión a través, entre otras estrategias, de contar con las personas adecuadas —no más, tampoco menos— para atender las necesidades ciudadanas.
Al cierre de 2017, 36% de los servidores públicos del orden federal estuvieron adscritos al sector salud, que incluye a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a otros hospitales públicos.
Otra tercera parte realizó funciones educativas, 15% perteneció al sector energía; 5% trabajó en instituciones de seguridad pública y la quinta parte restante estuvo adscrito a obras públicas, turismo, vivienda, medio ambiente, comunicaciones, transportes, entre otras.
Cuando desagregas por sexo estas estadísticas, te das cuenta que hay una distribución prácticamente equitativa entre hombres y mujeres en el servicio público. Pero, no hay que guiarse solo por ese dato. Cuando analizas cómo está la composición por sexo en las cabezas, en la titularidad de las áreas, la perspectiva es otra: en 2017 las instituciones de las administraciones públicas federal y estatal estaban dirigidas por 2,433 titulares, de los cuales prácticamente ocho de cada diez eran hombres.
¿Qué escolaridad tienen?
Para llevar a cabo sus funciones de la mejor manera, es deseable que los servidores públicos estén cada vez mejor capacitados. Y, por supuesto, la escolaridad es parte de esta formación.
En el orden federal y estatal más de la mitad de los servidores públicos tienen educación superior, aunque en el nivel federal hay más personas con maestría o doctorado. Caso muy distinto es el de los municipios. Ahí, menos del 1% del personal tienen licenciatura o posgrado. Por supuesto, estamos hablando de promedios. Hay municipios donde la realidad es muy distinta.
Es fácil, e irresponsable, decir que en México se es corrupto ─o burocrático como sinónimo de lento y complicado─ por trabajar en el gobierno. Hay un gran número de servidores públicos, la mayoría, que desempeñan sus funciones de una manera profesional y honesta.
El problema son los otros, los ineficientes o quienes roban y ensucian el nombre del resto.
Vicente Amador es director de los Posgrados en Comunicación de la Universidad Panamericana. Filósofo. Consultor en temas de Comunicación, Vinculación y Asuntos Públicos. Especialista en difusión de datos.
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