Human Rights Watch publicó su Informe Mundial 2020 y los resultados sobre la violación a derechos humanos en el país son desalentadores.
En el documento destacan dos aseveraciones que resultan realmente preocupantes:
“Las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad —incluyendo tortura, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
“Se siguen produciendo abusos contra migrantes y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos y persisten las limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos”.
“La impunidad sigue siendo la norma”
HRW rememora un informe del Relator Especial sobre los defensores de derechos humanos, en el que destaca que 98% de los delitos cometidos en el país permanecen sin resolver.
De esta manera, las víctimas de delitos y violaciones de derechos no obtienen justicia, protección ni reparación del daño. Además, los delincuentes permanecen en la más absoluta impunidad.
Asimismo, las violaciones generalizadas de derechos humanos perpetradas por militares persisten en el país. Entre los meses de enero y julio de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 241 quejas al respecto. Lo peor: “los esfuerzos para que se haga justicia ante estas violaciones siguen siendo infructuosos”, asegura el informe de HRW.
Confesiones bajo tortura
En nuestro país, el 64% de las personas encarceladas reportan haber vivido violencia física al momento de su detención, entre otros tipos: descargas eléctricas, estrangulamiento y asfixia. La tortura es una práctica habitual en el país para obtener confesiones de delitos, las cuales incluso llegan a ser utilizadas en los procesos penales como pruebas.
Durante 2019, la Dirección General de Especialidades Médico Forenses de la Fiscalía General de la República (FGR) intervino en 1,903 presuntos casos de tortura y entre enero y septiembre la CNDH recibió 84 quejas de tortura. Uno de los casos fue muy conocido a nivel nacional, cuando se hizo público un video en el que se asfixia, golpea y se dan descargas eléctricas a uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa.
No obstante todo lo anterior, “hasta noviembre de 2019, la FGR todavía no había cumplido el requisito establecido en la ley de contar para diciembre de 2017, con infraestructura para un registro nacional de tortura”, señala HRW.
En mayo de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU, según el documento, manifestó su preocupación por “la falta de adopción del Programa Nacional sobre Tortura y el uso del Ejército en operativos de seguridad pública, ante los señalamientos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por soldados”.
Desapariciones forzadas
En nuestro país lo más común es que quienes investigan los casos de personas desaparecidas sean las mismas familias, y que en su mayoría queden impunes. Los procesos de investigación por parte de las autoridades pueden llegar a ser deficientes y presentar irregularidades. Incluso, son sumamente frecuentes los señalamientos de colusión entre las autoridades y el crimen organizado en la comisión de este delito.
“Para enero de 2019, la FGR había iniciado 975 investigaciones sobre señalamientos de desapariciones forzadas y había presentado cargos en apenas 12 casos”, se señala en el reporte.
Conoce las cifras más recientes sobre las personas desaparecidas en este articulo de Judith Coronel: “BUSCAR PERSONAS DESAPARECIDAS ES UN INFIERNO”
Ejecuciones extrajudiciales
“En septiembre de 2019, ocho civiles fueron presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías estatales en Tamaulipas, en el norte de México. A la fecha de elaborar este informe, las autoridades habían emitido órdenes de aprehensión contra siete policías estatales”, reporta HRW.
Señala asimismo que en México no existe información suficiente sobre la cantidad total de ejecuciones extrajudiciales ni de las circunstancias en las que se cometen. Sin embargo, organizaciones civiles afirman que sí existen datos de la Sedena sobre civiles muertos en estas situaciones, pero que la institución “se ha negado a divulgarla y no ha proporcionado una explicación fundamentada”.
En abril de 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, estuvo en el país y destacó que era necesaria la creación de una nueva policía civil para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, respetando los derechos humanos. Bachelet señaló también su preocupación ante la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, situación que definió como “alarmante”.
Ataques a periodistas y defensores de derechos
“Periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de grupos delictivos”, indica el informe.
De acuerdo con datos de la CNDH, entre los años 2000 y 2018, 148 periodistas fueron asesinados. Además, de enero a julio de 2019 se registró el asesinato de siete periodistas más.
“Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente”, denuncia HRW. No obstante, desde 2010, la fiscalía especial encargada de investigar las agresiones contra periodistas ha iniciado más de mil investigaciones.
Según el reporte, de 2010 a 2018, la fiscalía “presentó 186 cargos por delitos contra periodistas, lo cual representa apenas el 16.3 % de las denuncias recibidas. Durante ese mismo período, obtuvo 10 condenas”.
En el caso de los defensores de derechos la situación es igual de alarmante. Los defensores también son víctimas recurrentes de intimidación, criminalización y violencia, y la investigación y resolución de los casos es exigua:
“Entre enero y julio, al menos 13 defensores de derechos humanos fueron asesinados, lo que representa un aumento respecto de años anteriores, según ACNUDH (…) Entre octubre de 2012 y marzo de 2019, 800 periodistas y defensores solicitaron medidas de protección, y se concedieron 678 de estos pedidos”.
Además, según HRW, en julio de 2019, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la falta de recursos para el Mecanismo Nacional de Protección de periodistas y defensores de derechos, creado en 2010, así como la ausencia de procedimientos claros y los problemas en la coordinación de las medidas de protección.
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