Un fenómeno que se ha presentado en nuestro país y que constituye una amenaza significativa para nuestro sistema de democracia, en especial a los procesos electorales y con ello, a los actores políticos participantes y a la sociedad en general, es la violencia, cada vez más creciente en nuestro país.
Escrito por: Fernando Díaz Naranjo
La violencia en sus distintas formas que se manifiesta antes de las elecciones tiene diversas consecuencias tales como el impedimento para instalar casillas, la posible inhibición de la ciudadanía en participar ya sea como funcionaria o funcionario de casilla o bien, ejerciendo su derecho al voto. Esto repercute directamente en nuestro sistema democrático ya que entre menos participación ciudadana menos legitimidad tanto de nuestra democracia como de las personas que eventualmente resulten electas.
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La violencia durante el desarrollo de la jornada electoral se manifiesta en la presión de las personas electoras para que no ejerzan su derecho al sufragio, para que voten por tal o cual persona candidata o simplemente para intimidarlas y que no se presenten en la casilla electoral o estando en ella, decidan mejor regresar a sus hogares antes de exponer su seguridad.
¿Qué actos vienen después? De acuerdo con registros de las instancias electorales, la retención en ocasiones de manera temporal de las y los funcionarios de casilla, el robo de urnas, amenazas, quema de boletas y documentación electoral que, como actos violentos, irrumpen la civilidad y la fiesta democrática que debe imperar en toda elección, entre varias más.
Este tipo de acciones, si bien no es generalizada en el país, son focos rojos que deben de atenderse con prontitud, sobre todo ante la sospecha de la posible infiltración del crimen organizado en estos ejercicios democráticos que puede manifestarse de distintas maneras y que, a grandes rasgos señalo a continuación:
- La manipulación del voto de la ciudadanía a través de la entrega de despensas, el reparto de dinero en efectivo o bien, amenazas para votar por tal o cual persona candidata, entre otras.
- Irrupción del voto de la ciudadanía en las casillas a través suspensión temporal de la votación, el impedimento total de la votación, entre otras acciones que ya referimos.
- El posible financiamiento ilícito que bien puede introducirse en diversas campañas electorales violentando no solo la norma electoral, sino generando inequidad en la contienda electoral irrumpiendo así con diversos principios constitucionales como el de certeza y equidad.
- La posible profesionalización del crimen organizado en elecciones, es decir, la posibilidad de que, entendiendo los alcances de las elecciones, busquen a especialistas que les indiquen quienes tienen posibilidad de ganar para tal vez, financiar alguna campaña que, de ganarla, les genere diversos beneficios, entre otros aspectos.
Incluso el Índice Global contra el Crimen Organizado Transnacional (2023) a cargo de una organización independiente de la sociedad civil con sede en Ginebra, Suiza, y que analiza 193 países coloca a México encabezando la lista de acuerdo con los registros de diversos indicadores tales como actividades económicas ilícitas, trata y tráfico de personas, fraudes financieros, venta de drogas, comercio de piratería, entre otros.
Ante este panorama es necesario que se tomen diversas acciones, entre las que señalo, entre otras, las siguientes:
- Que el legislativo reconozca esta problemática y establezca en, por ejemplo, en la normativa electoral diversas consideraciones que le permitan actual tanto a las autoridades encargadas de la seguridad pública como a las autoridades electorales.
- Es necesario generar un Mapa de Riesgos con toda la información que se ha registrado a lo largo de más de tres décadas de elecciones.
- El establecimiento de estrategias conjuntas que atiendan e inhibas este tipo de prácticas en el que se involucren a las diversas instancias del Estado y a las autoridades electorales.
- La opinión de expertos en la materia, entre otras.
México necesita que los indicadores referidos, sobre todo en el ámbito político-electoral sean atendidos con prontitud, de lo contrario estaremos erosionando el principal factor de nuestra sociedad: la paz social y la participación de la ciudadanía en ejercicios democrático.
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