por Lorena Cruz Sánchez
La discriminación por razones de género está entre las causas estructurales de las múltiples violencias que viven cotidianamente las mujeres y las niñas en nuestro país. El derecho a la igualdad se ve permanentemente invalidado por la discriminación y la violencia presentes en los contextos familiar, laboral, político, comunitario y social
El Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector de la política en materia de igualdad en México, trabaja con la sociedad civil y con los tres poderes y órdenes de gobierno para erradicar la discriminación y la desigualdad de género en México.
Sabemos que la discriminación favorece todas las desigualdades que alejan a las mujeres de la justicia y la educación; de la salud y el ejercicio de sus derechos reproductivos; de la participación política y el desarrollo económico; de la autonomía y la libertad.
La discriminación está en la base de los delitos más infames contra las mujeres y la sociedad en su conjunto: la trata, que las condena a la muerte en vida, y el feminicidio, el delito más vil y cobarde contra una mujer. El Instituto que tengo el honor de dirigir ha sido enfático: la muerte de una mujer por razones de género es un delito de la más alta gravedad para el Estado mexicano.
En el documento de Conclusiones Acordadas en el 57º Periodo de Sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (marzo de 2013), el Estado Mexicano refrendó su compromiso para hacer frente al reto de erradicar la violencia contra las mujeres.
Hoy en día, Naciones Unidas reconoce que el feminicidio existe en todo el mundo y fue nuestro país el que promovió la inclusión de este concepto. Esta aceptación a nivel internacional es un gran logro y refleja el compromiso del gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, para visibilizar, perseguir y castigar de manera ejemplar a los feminicidas en México.
Tenemos que impulsar acciones focalizadas, inmediatas y transversales para prevenir los feminicidios, y también debemos encontrar y castigar a los responsables de esos asesinatos, porque la impunidad alienta la comisión de más crímenes de odio contra las mujeres.
Estoy convencida de que se necesita la convergencia de esfuerzos y trabajo de instituciones,¿ organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y de los integrantes de los poderes legislativo y judicial para dar una solución integral a estas expresiones extremas de violencia de género en todos los estados de la República.
Es preciso responder eficazmente a los familiares de mujeres que han sido asesinadas, que se encuentran desaparecidas o ausentes. Es necesario que las víctimas obtengan justicia. Debemos dar respuestas con acciones eficaces, enmarcadas en la política nacional de igualdad y de alto a la violencia contra las mujeres. La sociedad ya no tolera más impunidad.
La violencia de género se yergue como un enorme obstáculo para construir un México con igualdad y paz, “cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Esa es la razón de incluir la perspectiva de género como principio esencial, es decir, incluir acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación”, expresa el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
Los gobiernos de los estados y de los municipios tienen una alta responsabilidad, pues es en el territorio, en la región concreta, donde toman fuerza las políticas dirigidas a proteger los derechos humanos de mujeres y niñas mediante programas y acciones transversales específicas y eficaces.
También las y los legisladores tienen un sitio primordial. Un aspecto central de la erradicación de la violencia es conseguir que exista justicia para todas las mujeres, como lo mandatan los instrumentos internacionales en la materia. Por ello, resulta ineludible lograr una verdadera armonización legislativa.
Gracias al impulso conjunto, hemos obtenido avances significativos en la creación de leyes para erradicar la trata, la discriminación y la violencia contra las mujeres. También, en la modificación de códigos penales y civiles a partir de la aplicación de la perspectiva de género.
Incorporación de la perspectiva de género
En 26 entidades federativas se castiga con una mayor penalidad el robo de ganado que el abuso sexual, algo difícil de creer en el siglo XXI; sin embargo, es tan cierto como el hecho de que en nueve estados de la federación se exculpe el rapto si el secuestrador se casa posteriormente con su víctima, o bien, si un hombre asesinó a una mujer bajo lo que se ha dado en llamar “emoción violenta”, algo que afortunadamente está perdiendo vigencia en los códigos penales de las entidades.
No basta con el establecimiento de leyes que protejan los derechos de las mujeres, también se necesita vigilar de qué manera se aplican, por eso requerimos consolidar la incorporación de la perspectiva de género en la procuración y la administración de justicia, pues sabemos que con frecuencia aparecen estereotipos de género en los criterios aplicados por peritos, jueces y magistrados, agentes del Ministerio Público, médicos legistas y demás personas encargadas de atender a las mujeres en situación de violencia.
Me parece pertinente puntualizar que, en gran medida, la violencia no decrece debido a la persistencia de prejuicios y costumbres misóginas que agreden y limitan las posibilidades para que todas las mujeres disfruten de igualdad de oportunidades y de trato. En INMUJERES sabemos que muchas expresiones de violencia de género escapan a la sanción legal, pero no por ello deben escapar a la social.
Por ello, de manera paralela a la armonización legislativa, el Instituto está trabajando para incidir en un cambio de mentalidades que reconozca el valor de mujeres y niñas en México, colocándolas en el imaginario social como personas iguales en dignidad y sujetas de los mismos derechos que los varones en todo el país.
El camino aún es muy largo
Hoy contamos con tres grandes aliados: un marco legislativo que, como vemos, es perfectible, pero tiene ya bases sólidas; instituciones específicamente creadas y dedicadas al avance y protección de las mujeres; y un presupuesto etiquetado que garantiza la viabilidad de las acciones emprendidas a través de programas y planes, tanto nacionales como locales.
La vía para erradicar la violencia contra las mujeres es construir una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En este sentido, el reto que encara el INMUJERES es trabajar con los gobiernos locales, con las instituciones públicas, la academia y las organizaciones de la sociedad civil para lograr la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres en todo el territorio nacional. Estoy convencida de que este es el camino correcto para mover a México hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
La muerte de una mujer por razones de género es un delito de la más alta gravedad para el Estado mexicano.•
