La violencia de género es todo acto cometido contra el sexo femenino y puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico o psicológico; es decir, toda acción violenta que recibe una mujer por el simple hecho de serlo, dañándola ya sea física o emocionalmente.
Cifras recientes de la prevalencia mundial indican que una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja, o violencia sexual por un tercero en algún momento de su vida.
En México existen reportes de la prevalencia de violencia contra las mujeres por ámbitos de ocurrencia: 10.5 comunitaria; 3.4 familiar; 1.0 escolar; 22.6 laboral; 27.3 de pareja; 40.0 violencia total (ONU Mujeres, con base en la ENDIREH, 2011)
En 2010, Ciudad Juárez, Chihuahua alcanzó el primer puesto en violencia contra la mujer (32.8 casos por cada 100,000 mujeres). Actualmente, Guerrero es el estado con mayor número de homicidios femeninos en los últimos años, una tercera parte de los cuales se producen en Acapulco (Economía Hoy. Mx 17-V-16)
Las estadísticas alertan sobre la grave situación por la que atraviesa el país en materia de violencia de género, ya que la tasa actual de 4.4 homicidios femeninos por cada 100,000 mujeres, duplica la media mundial, situada en 2.7, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Usualmente la violencia de género se relaciona sólo con el maltrato o agresión física o sexual, pero la realidad es que la violencia ejercida contra las mujeres se expresa de múltiples formas y en todos los ámbitos en donde se desenvuelven.
El maltrato físico se refiere al uso deliberado de la fuerza con la intención de generar una lesión física, daño o dolor, y el maltrato psicológico o violencia psicológica se refiere a los actos que atentan contra la identidad psíquica y emocional, así como contra la dignidad de la persona. Este tipo de maltrato se manifiesta en tácticas de ejercicio de poder y control, como lo son la vigilancia, los insultos, las humillaciones, las prohibiciones y las manifestaciones afectivas que tienen como consecuencia el aislamiento y la anulación de la autoestima de la mujer.
El maltrato psicológico tiene como objetivo la desvalorización, el dominio y el aislamiento, y se encuentra en todos los casos de violencia de género.
El maltrato sexual incluye cualquier acto de intimidación forzada por el agresor o no consentida por la víctima.
Existe también el maltrato o violencia económica, que se refiere a disponer o administrar los recursos económicos sin consultar a la mujer e impidiéndole acceder a ellos.
La violencia contra la mujer pasó del primer plano privado al dominio público y al ámbito de responsabilidad de los Estados en gran medida debido a la labor de las organizaciones y movimientos de mujeres en todo el mundo; gracias a ella se puso al descubierto el hecho de que la violencia contra la mujer no es el resultado de la falta de ética personal u ocasional, sino que está profundamente arraigada en las relaciones estructurales de desigualdad entre el hombre y la mujer.
Desde principios de este siglo la interacción entre la defensa de los derechos de la mujer y las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han sido el motor impulsor de la definición de la violencia contra la mujer como cuestión de derechos humanos en el programa internacional.
Las raíces de la violencia contra la mujer están en la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer y la discriminación generalizada contra la mujer en los sectores tanto público como privado.
La violencia contra la mujer es uno de los principales medios que permiten al hombre mantener su control sobre la capacidad de acción y la sexualidad de la mujer.
Las diferentes manifestaciones de esa violencia en las mujeres dependen, no obstante, de factores como el origen étnico, la clase social, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la nacionalidad y la religión.
El acoso sexual es una forma de violencia, en donde, si bien no necesariamente existe una relación de subordinación frente al agresor, como sucede en ámbitos laborales o escolares, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y riesgo para la víctima.
Entre los factores asociados específicamente a la violencia sexual destacan las ideologías que consagran los privilegios sexuales del hombre y la levedad de las sanciones legales contra este tipo de actos de violencia.
La violencia de pareja y la violencia sexual producen en las víctimas supervivientes y en sus hijos graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo, y tienen un elevado costo económico y social; ocasionalmente embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e Infecciones de Transmisión Sexual, entre ellas la infección por VIH.
Las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de padecer depresión y problemas con la bebida. El riesgo es aún mayor en las que han sufrido violencia sexual por terceros.
Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos cabe citar un bajo nivel de instrucción, maltrato infantil o exposición a escenas de violencia en la familia, uso nocivo de alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género.
Los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir trastornos conductuales y emocionales; estos trastornos pueden asociarse también a la comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida.
Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacita- das para trabajar, perder su empleo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.
Acciones contra la violencia de género
En la actualidad hay pocas intervenciones cuya eficacia para la prevención de este problema se haya demostrado mediante estudios bien diseñados; para propiciar cambios duraderos es importante que se promulguen leyes y se formulen políticas que protejan y combatan la discriminación de la mujer, fomenten la igualdad de género y ayuden a adoptar normas culturales más pacíficas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reúne datos científicos sobre el alcance y los distintos tipos de violencia de pareja y violencia sexual en diferentes entornos, y apoya los esfuerzos desplegados por los países para documentar y cuantificar esa forma de violencia y sus consecuencias. Asimismo, refuerza las investigaciones y la capacidad de investigación tendientes a evaluar las intervenciones con que se afronta la violencia de pareja y apoya a los países para reforzar la respuesta del sector de la salud a la violencia contra las mujeres y colabora con organismos y organizaciones internacionales para reducir/eliminar la violencia en todo el mundo.
Desde 1999 el 25 de Noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; en este día se realizan actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.
En 2003 se creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) para fortalecer los programas dirigidos a las mujeres. Desde esa fecha ha trabajado intensamente promoviendo el derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres, a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres de discriminación por motivos de género. La aplicación de los programas del CNEGSR desde sus inicios es una de las prioridades de nuestro sistema de atención a la salud en todo el país (México Social, julio, 2014)
Asimismo, la Ley General de Educación señala que uno de los objetivos de la educación que imparte el Estado es la promoción de la igualdad ante la ley, la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento y respeto de los derechos humanos. La Secretaría de Educación Pública y UNICEF-México presentaron en 2009 la 1a Edición del Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México.
También existe la Ley General de Ac- ceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, publicada en el DOF el 1 de Febrero de 2007, en 2013 Ma. de la Paz Barajas (ONU Mujeres) dio a conocer el documento “Violencia contra las Mujeres en México: Tendencias Actuales”, y el 8 de septiembre de 2015 el CNEGSR presentó el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 2013-2018.
Aunado a lo anterior, recientemente el titular de Gobernación, al abordar el tema de la violencia feminicida en México, in- dicó que no se trata de ceder espacios ni dádivas, sino de respetar los derechos y la dignidad de las personas, por lo que en este gobierno “cerramos filas a favor de esta causa con niñas, adolescentes y mujeres”, solicitando al director del INEGI declarar como información de interés nacional la referente a la detección, atención, denuncia y sanción de la violencia feminicida, pues consideró que “el registro administrativo nos da la película y nos permite tomar acciones en el momento y no cada cinco años”.
La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, ha destacado que la reducción de feminicidios que se registran motiva a acelerar el ritmo y con- solidar las acciones en este tema, e indicó que el objetivo de las instituciones y de la sociedad es erradicar los feminicidios. Aseveró, asimismo, que la violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable y ponerle fin es un imperativo. “No es violencia contra las mujeres, es violencia contra la sociedad y la convivencia democrática”, puntualizó.
La violencia de género es uno de los problemas más urgentes del país, las cifras de los últimos años revelan un panorama desolador y un enorme reto. La ONU ha colocado a México entre los veinte peores países en términos de violencia de género. La violencia en contra de las mujeres es producto de una construcción social y cultural que se ha gestado a lo largo de varios siglos en todo el mundo y que no respeta posición económica, social, cultural ni religiosa (Milenio.com).
Desde tiempo atrás la revista México Social ha insistido en la urgencia de implementar acciones que resuelvan esta situación.
| Manuel Campa Especialista certificado “In tempore” por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana desde 1966. Fue Comisiado de arbitraje médico del estado de Veracruz de 1999 a 2008. |
