Violencia en los hogares, los nuevos datos de la ENSU

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) cuenta, entre sus encuestas regulares, con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Su periodicidad es cuatrimestral y proporciona información en torno a la percepción ciudadana respecto de las condiciones de inseguridad en áreas urbanas. Asimismo incluye preguntas respecto al desempeño de los gobiernos, los principales problemas identificados por la ciudadanía; y, de manera sorprendentemente positiva, en la edición de septiembre de 2021, se incluyó un tabulado relativo a la presencia de violencia en los hogares

Escribe Saúl Arellano. Puedes seguirlo en Twitter: @saularellano

Al respecto, el INEGI estima que en el país hay 18.31 millones de hogares en las 91 ciudades que son incluidas en la mencionada ENSU. De esa suma, entre enero y septiembre del 2021 habría 1.36 millones de hogares en los cuales se declara que ha habido víctimas de violencia en el contexto familiar, con una suma aproximada de 2.76 millones de personas violentadas. Esa cifra representa el 7.5% del total de los hogares que cubre la encuesta.

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Violencia en los hogares más allá la del promedio

Frente a ese promedio, hay 46 ciudades en las que se rebasa el valor del indicador, teniendo como las ciudades con mayor presencia, declarada por las personas de 18 años, de violencia en los entornos familiares.

De esta forma, los municipios o demarcaciones territoriales que presentan los peores valores en este indicador son: Iztacalco, en la Ciudad de México, con un 14.9% de los hogares que han tenido al menos una víctima de violencia en sus entornos familiares, entre enero y septiembre de 2021; Venustiano Carranza, igual en la CdMx., con 13%; Villahermosa, Tab., y Tlaquepaque, con un 12.7% en cada uno de ellos; Zacatecas, 12.5%; Iztapalapa, CdMx, con 12.4%; y Cancún, Q. Roo junto con la Alcaldía Miguel Hidalgo, CdMx., con 12% en cada uno de ellos.

Resulta interesante contrastar esos niveles, reportados sólo en las zonas urbanas consideradas en la ENSU, con los datos relativos a las carpetas de investigación iniciadas por el delito de violencia familiar, de las cuales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado, en el periodo de enero a septiembre de 2021, un total de 192,746.

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Elevada cifra negra sobre la violencia en los hogares

La suma referida de delitos registrados por el delito de violencia familiar, representa sólo el 14.1% de los declarados en la ENSU; pero considerando que en esa encuesta sólo se tiene un universo de 18 millones de hogares -que son aproximadamente la mitad de los existentes en todo el territorio nacional-, es lícito suponer que la cifra negra en este delito debe superar el 90%.

Para dimensionar la magnitud de estas cifras, es importante decir que el número declarado en la ENSU, respecto de las víctimas de violencia en los hogares, implica un promedio -entre enero y septiembre de 2021-, de al menos 5,037 casos por día, es decir, 209.8 casos por hora.

Sin embargo, al contrastar las denuncias presentadas ante los ministerios públicos del país, la cifra es de 713 carpetas de investigación diarias, o bien, 29.7 casos por hora.

Quizá lo más preocupante es la tendencia creciente de este delito entre 2020 y 2021. En efecto, al cierre del tercer cuatrimestre de 2021, se tiene un registro de una cifra que equivale al 87% del total registrado en el 2020. Es decir, un ritmo similar implicaría un porcentaje del 75%, por lo que la diferencia observada es de 12 puntos porcentuales, por arriba de lo acontecido en el 2020.

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Más información

Debe celebrarse que el INEGI haya incorporado esta temática en la ENSU, y de hecho, es igualmente deseable que la incorpore en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), la cual tiene una periodicidad anual, y permitiría tener datos para un mejor diseño de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno.

Igualmente deseable es que, de darse la incorporación de estas temáticas en estos instrumentos, se lleve a cabo homologando la metodología conceptual en la definición de la pregunta, peor también garantizando comparabilidad entre instrumentos y a lo largo del tiempo.

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Saúl Arellano es Doctor en Economía y Pobreza; e Investigador del PUED-UNAM

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