México está sumido en una espiral de violencia imparable. Las cifras de homicidios dolosos y víctimas mortales crecen y se acumulan. Cada nuevo registro resulta un máximo histórico.
Por Francisco Robles
Parecía que no podía haber un año más violento que el último del sexenio de Peña Nieto, pero las cifras correspondientes al primer trimestre de la 4T indican todo lo contrario.
Frente a la dinámica delictiva que afecta al país, el presidente López Obrador no atina a dar una respuesta convincente: “yo tengo otros datos” dijo, cuando el periodista Jorge Ramos lo confrontó, con información oficial, sobre los niveles de violencia.
Lo sucedido es producto de la mala herencia neoliberal: “todo esto es fruto podrido”, “el cochinero que nos dejaron”, señaló ante la tragedia de Minatitlán. “La exigencia de paz es promovida y auspiciada por los conservadores”, respondió a pregunta expresa de un periodista, como si esa demanda, la más importante para los ciudadanos, no tuviera soporte en la realidad.
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Existe una disonancia entre los hechos y lo ofrecido. Conforme crecen los índices delictivos se estrecha el espacio para culpar a otros de lo que sucede, se vuelve cada vez más imperioso asumir responsabilidades y dar la cara a los problemas públicos que afectan la vida nacional.
La masacre de Minatitlán tuvo lugar en un municipio, un estado y un país, cuyos gobernantes provienen del mismo partido político: Morena.
La estrategia de seguridad del nuevo gobierno es similar a la implementada por sus antecesores Calderón y Peña Nieto. Salvo algunos cambios que la aderezan, su núcleo duro se mantiene: uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
El combate y la contención siguen siendo el eje primordial de la estrategia. De ahí el empeño puesto en la creación de la Guardia Nacional.
El cambio se encuentra en la narrativa. Mientras que para Calderón el sonar de los tambores de guerra fue el mensaje y para Peña Nieto la estrategia de comunicación se centró en hablar lo menos posible de la inseguridad, como si el silencio pudiera ocultar su existencia, con López Obrador, se ofrece un horizonte en el que el pueblo encontrará justicia, bienestar y paz. Una especie de pastoral.
Cualquier hecho de la realidad que contradiga esta narrativa es de inmediato descalificado. “Vamos bien”, dice el presidente. Pero no solo de expectativas vive el hombre.
A pesar de las promesas de un país mejor, la estrategia de seguridad no muestra -aún- resultados claros que lucir. De mantenerse la tendencia delictiva, difícilmente lo hará en lo que resta del presente año.
Para hacer frente al contexto de violencia agravada que vive el país, que ha registrado en los tres primeros meses del año, 7 mil 469 homicidios dolosos, incluidos en ellos 227 feminicidios, con un total de 8 mil 737 víctimas mortales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública presentó una estrategia que identifica para su instrumentación 56 regiones prioritarias (conformadas por 341 municipios) que, de acuerdo con él, acumulan más de la mitad de los homicidios que se cometen en el país.
De esas regiones, 52 contaban ya con la presencia de efectivos de la Marina o del Ejército. La estrategia busca reforzar los operativos de combate y contención al crimen organizado; constituyen las primeras zonas definidas para el despliegue de la Guardia Nacional.
Un somero análisis sobre el contexto delictivo de los municipios que constituyen la cabecera de las 56 regiones prioritarias muestra que en 2018 se cometieron en ellos cuatro de cada diez homicidios dolosos registrados[1], un total de 12 mil 122 casos.
Sin embargo, no todos estos municipios presentaron niveles de violencia agravada; 29 de los 56 reportaron tasas de homicidios dolosos inferiores a la media nacional, que se ubica en 23.8 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Al estudiar el comportamiento anualizado[2] de la violencia letal en los 56 municipios/región, se observa un incremento del 1.9% en el número de homicidios dolosos, para alcanzar un total de 12 mil 353, elevando la tasa promedio, en medio punto porcentual, para ubicarse en 35.4%.
En este periodo, 28 municipios registraron un aumento en el número de homicidios, mientras que 24 reportaron pequeñas disminuciones, y en cuatro la cifra no presentó variación.
Sin embargo, las disminuciones ocurrieron en los meses abril-diciembre de 2018 y no en el primer trimestre de 2019, en el que los 56 municipios observaron un incremento total de 2 mil 881 homicidios, que representan el 23.3 de la cifra anualizada y el 23.7% de total que registraron en 2018.
No podía ser de otra manera, prometer y esperar reducciones significativas en el corto y mediano plazo es aventurado, toda vez que:
Primero. La conformación, operación y despliegue de la Guardia Nacional apenas inicia y otras acciones de reforzamiento del Gobierno Federal aún no llegan a todos los municipios/región señalados como prioritarios, situación que llevará su tiempo.
De acuerdo con el propio Secretario de Seguridad la estrategia se encuentra operando o está por iniciar en apenas 19 de los 56 municipios/región[3].
Segundo. Dado lo anterior, con la estrategia definida resulta difícil o hasta imposible esperar una reducción, toda vez que para lograrlo, pasado el mes de marzo, se debió empezar a registrar una caída drástica en el número de muertes intencionales.
Sin embargo, la información que fluye de todos los rincones del país indica que sucederá lo contrario: abril será igual o más violento. Para producir un cambio significativo en los nueve meses que restan del año, el promedio nacional mensual deberá ubicarse por debajo de 2 mil 486 homicidios dolosos, mientras que en el caso de los 56 municipios/región, el promedio deberá ser menor a mil 27, límites que tenderán a elevarse conforme pasen los meses y no se obtengan resultados positivos.
Tercero. La estrategia deja fuera a los municipios rurales[4] que en conjunto registran una cuarta parte de todos los homicidios dolosos, alrededor de siete mil, para los cuales no parece haber acciones definidas.
Varios municipios rurales presentan tasas de violencia mortal iguales o superiores a las que tienen los municipios urbanos más inseguros del país. Tampoco se definen acciones de contención en los municipios semiurbanos que también aportan una cifra significativa.
Cuarto. El afán centralizador que busca controlar todo lo que sucede en la vida nacional opera en contra de los esfuerzos para abatir la inseguridad. El gobierno federal asume la responsabilidad exclusiva de tal empresa, impidiendo corresponsabilizar a los gobiernos subnacionales y locales.
La desconfianza le anula su posibilidad de construir acuerdos que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado. De tal suerte que los logros en materia de seguridad pública serán propios, pero también los reveses; no habrá manera de distribuir culpas.
De lograrse un “punto de inflexión” en el comportamiento de la inseguridad, este deberá ser significativo y consistente para modificar las percepciones de los ciudadanos en materia de seguridad.
Dada la magnitud alcanzada por el fenómeno, pequeños logros serán insuficientes para cambiar el sentir de la gente. De tal suerte que, cada pérdida (asesinato) que se suma al conteo general de la violencia es cada vez más dolorosa, mientras que las disminuciones, de no ser sustantivas, se valoran menos.
Es decir, las diferencias mínimas perceptibles de cualquier variable son directamente proporcionales a la magnitud de dicha variable[5]. Menudo embrollo en el que se encuentra la 4T.
Francisco Robles es maestro en Políticas Públicas Comparadas (FLACSO) y experto en seguridad y prevención.
[1] Incluye 264 feminicidios que representaron el 30.0% del total de feminicidios registrados en 2018.
[2] (Marzo 2018 – Marzo 2019)
[3] Al escribir esta nota el Presidente López Obrador ordenaba el despliegue inmediato de la Guardia Nacional en las 56 regiones prioritarias.
[4] Se consideran municipios rurales aquellos en donde más del 50% de la población reside en localidades de 1 a 14,999 habitantes.
[5] Ley de la psicofísica Weber-Fechner
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