No han comenzado aún las campañas electorales, y ya comenzaron los golpes mediáticos entre los actores públicos nacionales. Los políticos ejercen sin límites la violencia informativa, y los medios de comunicación se ven presionados a seguirles el juego.
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Vemos que la atmósfera se está contaminando en dos sentidos: por el esmog de los chacuacos de las viejas termoeléctricas de la CFE, revividas por la emergencia energética, y los humos sofocantes del ambiente político partidista, con las acusaciones cruzadas de corrupción y excesos presupuestales.
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Nadie puede estar en contra del combate a la corrupción. Pero este debe canalizarse por las vías legales de la investigación profesional, la acusación formal, la judicialización discreta con presunción de inocencia, y el procesamiento jurisdiccional. Los asuntos y los contenidos de las carpetas de investigación no deben filtrarse a los medios de comunicación, ni convertirlos en argumentos de descalificación y condena adelantada con finalidad político electoral.
Sin embargo, en el débil sistema de procuración y administración de justicia en nuestro país es más que eventual que los medios reciban filtraciones desde las fiscalías, o incluso desde los juzgados. La justicia se politiza sin mayores consecuencias.
Es lamentable que en esta feria de la desinformación participen con tanto entusiasmo actores políticos de gran relevancia, como los titulares de los ejecutivos federal y estatales, los legisladores de todos los partidos, y –con más justificación– los dirigentes partidistas y los aspirantes a candidatos. En un modelo político democrático se vale señalar las lacras de los contrincantes, pero la ética ordena que se haga con sustento en información objetiva y cotejable, como lo son las resoluciones judiciales y los actos plenamente documentados ante autoridades competentes.
Las acusaciones ad ante son distractores de lo esencial: ¿Cuál de los actores interesados puede garantizar honestidad y eficacia en su desempeño público? ¿Quiénes mienten con más desvergüenza? ¿Cuál fue su desempeño previo? Esas y otras cuestiones deben ser despejadas con información verificada, accesible mediante medios de comunicación de probado profesionalismo.
Lo lamentable es que en México la mayoría de las pos verdades son generadas por los propios gobernantes y representantes de manera cínica e impune. Los medios de comunicación cargan con la responsabilidad de cribarlos con criterios de objetividad y verificabilidad, pero algunos son seducidos por el poder y por el dinero.
Los consumidores de información debemos evaluar con cuidado a los primeros y a los segundos, aplicando no sólo el sentido común, sino también los principios del pensamiento científico: duda sistemática, contrastación, verificación, evaluación y actitud crítica.
Sólo así contribuiremos a la deconstrucción de la subcultura del cinismo informativo y el abuso del monólogo autoritario.
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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda
Frase clave Violencia informativa
