por Verónica Montúfar
Aunque los hombres también pueden sufrir violencia y acoso en el trabajo, los estereotipos y las desigualdades en las relaciones de poder hacen que las mujeres sean mucho más vulnerables
El movimiento mundial #MeToo ha revelado que el acoso y los ataques sexuales forman parte de la vida profesional de la mayoría de las mujeres. Pero este enfoque, iniciado en Hollywood, no debe hacernos olvidar todas las demás formas de violencia que sufren las mujeres en el mundo del trabajo.
Acoso sexual, amenazas, insultos, humillaciones, discriminaciones, pero también órdenes contradictorias o aislamiento se convierten en parte “natural” de las relaciones de trabajo, más aún cuando se observa que muchas mujeres no se atreven a denunciar a su agresor, por no saber a quién acudir o por miedo a perder su empleo.
Peor todavía, algunas se han acostumbrado, creyendo que la violencia es una fatalidad, que “hace parte del trabajo”. En México, por ejemplo, nueve de cada 10 mujeres que señalaron haber experimentado violencia física o sexual en el ámbito laboral no solicitaron apoyo ni presentaron queja o denuncia.
La cultura organizacional reproduce discriminaciones sociales y de género predominantes en la sociedad que tienden a situar a mujeres o a minorías (étnicas, sexuales) en posiciones de subordinación y de mayor a situaciones de violencia.
Aunado a lo anterior, muchas mujeres no logran encontrar un alivio en el hogar, ya que la violencia doméstica también es parte de su vida. Un informe de la ONU Mujeres destaca que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.
Este problema soterrado acaba teniendo consecuencias en el bienestar físico y psicológico de las trabajadoras, que pueden sufrir problemas de salud. La ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, los trastornos del sueño, los problemas con la atención y la memoria y los sentimientos de vulnerabilidad pasan a ser parte del cotidiana de su vida laboral.
Esta situación puede llevarlas a dejar su trabajo o a renunciar a trabajar, lo que se traduce en una discontinuidad del empleo con consecuencias para los ingresos presentes y futuros (menos derechos a pensiones), aumentado la ya inaceptable brecha salarial de 23% entre mujeres y hombres.
Si bien la violencia laboral afecta a todos los sectores y categorías de trabajadores, el de la salud –en donde predominan mujeres– es el que mejor ilustra la gravedad de la situación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la violencia en este sector es la cuarta parte del total de las agresiones que tienen lugar en el trabajo.
Un informe reciente en Estados Unidos revela, por ejemplo, que el 54% de las enfermeras de emergencia reportaron haber experimentado violencia en su lugar de trabajo dentro de los siete días de su participación en el estudio.
Cuando se les pregunta a las enfermeras de dónde viene la violencia, apuntan a pacientes y visitantes, por un lado, y a compañeros y superiores jerárquicos por el otro.
En realidad, la violencia laboral, y su aumento constante, tiene también responsables externos. Se agudiza en situaciones de guerra y de crisis económica, pero es igualmente una consecuencia de las privatizaciones y de las medidas de austeridad que introducen mayor desregulación y flexibilización que se traduce en violencia para los y las trabajadoras.
La Organización Internacional del Trabajo considera que el riesgo de violencia en el trabajo se ve incrementado por factores como cambios, reorganización de procesos productivos, plantillas insuficientes, sobrecargas de trabajo, contratos atípicos o falta de seguridad.
De la misma manera, las víctimas de la violencia no son solo quienes laboran. Como se puede notar en los hospitales, el cansancio, la depresión y la ausencia personal suficiente acaba afectando la calidad del servicio para los pacientes y sus familias. La violencia en los lugares de trabajo hace también que aumente el grado de miedo y de ansiedad de la sociedad.
Por ello, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) ha trabajado por la inclusión del concepto de “terceras partes” en la caracterización de las víctimas y perpetradores de violencia en el mundo del trabajo, aspecto que, como vemos, tiene consecuencias directas en la calidad de los servicios públicos.
El planteamiento de este sindicato global va más lejos, evidenciando que el deterioro del ambiente de trabajo, así como la desregulación y desarticulación del sector público para entregarlo a los capitales privados, es una de las principales causas que ocasionan violencia en los servicios públicos, lo que es imprescindible combatir.
En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer celebramos la inclusión del concepto de “terceras partes” en el texto del futuro convenio, que se discutirá de manera definitiva en 2019 en la OIT.
Tenemos que seguir reconociendo la importancia del diálogo social y la instauración de medidas de protección y prevención concretas entre los actores del mundo del trabajo: empleadores, trabajadores y gobiernos.
Como sociedad, todos somos víctimas de la violencia laboral, y acabar con ella es asunto de todos.
Verónica Montúfar es socióloga y responsable Mundial de Igualdad de Género de la Internacional de Servicios Públicos.
