Balance de la violencia político electoral en 2024

En el México actual, la violencia se ha convertido en un arma muy poderosa del crimen organizado para influir en la vida política nacional, estatal y municipal. Este grave fenómeno amenaza a la débil democracia mexicana en cada elección. La de 2024 no fue la excepción. Los hechos de violencia fueron numerosos. Se manifestó en homicidios, secuestros, amenazas e intimidaciones contra aspirantes, personas relacionadas con el proceso electoral y otros funcionarios gubernamentales. Esta ola de violencia electoral provocó un clima de temor generalizado, a tal grado que algunos aspirantes abandonaron las contiendas antes de comenzar.

Escrito por: Gabriel Corona Armenta 

La injerencia criminal en los comicios es un secreto a voces. Los grupos delictivos se han convertido en un poder de facto en México. Este no es un problema nuevo. A lo largo de los años han incrementado su poder económico, pero también el político, a tal grado que han podido confrontar a los poderes formales de todos los niveles. Ha crecido tanto su poder en la esfera privada que ahora se ha convertido en una amenaza para la vida pública y para la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular.

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La violencia política parece una espiral sin fin. Las campañas electorales en México ocurrieron sin que la violencia política cesara. El uno de sus reportes de violencia política, Integralia Consultores sostuvo que el crimen organizado interviene en los comicios de diversas formas, entre las que destacan las siguientes:1) asesinando, agrediendo y amenazando a funcionarios y aspirantes; 2) financiando campañas; 3) imponiendo candidaturas; 4) movilizando o inhibiendo el voto y 5) alterando la votación en casillas.

En ese reporte se identificaron seis entidades con un riesgo muy alto de intervención del crimen organizado en las elecciones: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, así como nueve entidades con un riesgo alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Tabasco, Veracruz y Estado de México. El pronóstico se cumplió en la mayoría de los casos.

Los acontecimientos violentos revelaron una situación insostenible para la población de muchos lugares de México: el control de la vida económica y social de vastas regiones del país, por parte del crimen organizado, especialmente en estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas, entre otros. Pero su influencia no solo se limita a esos ámbitos. Los grupos delictivos también han penetrado las estructuras políticas, con el fin de buscar protección a sus actividades ilícitas. En este sentido, se han convertido en un actor político más.

Por esta razón, varias entidades federativas se convirtieron en focos rojos electorales. En muchos estados el crimen organizado ya penetró las estructuras socioeconómicas y políticas regionales, de forma generalizada. Una de las causas es que los gobiernos priistas fueron excesivamente tolerantes (o cómplices) de esos grupos criminales. Permitieron que se empoderaran de tal manera en esos lugares, que se han convertido en sus feudos particulares. La tolerancia y complicidad con las organizaciones delictivas desvirtuó la naturaleza del Estado mexicano. Las consecuencias han sido desastrosas.

La violencia estuvo presente desde el inicio del proceso electoral. Por esta razón, durante la sesión del pasado 24 de enero, los representantes de los partidos de oposición, en el consejo general del INE, demandaron que la autoridad electoral hiciera mapas de riesgo para detectar focos rojos de inseguridad, ocasionados por las actividades de grupos delictivos en el país. También le pidieron acciones específicas para resguardar a sus funcionarios y a los candidatos durante los comicios, en zonas del país “donde no se puede ni caminar”.

Por su parte, el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata, en una conferencia dada el 27 de enero, advirtió que el crimen infiltrado en candidaturas era el problema más importante en el sistema electoral mexicano. Propuso crear un botón de pánico para que los candidatos hostigados por la delincuencia pudieran defenderse. También habló de la necesidad de crear un mapa de riesgos. Finalmente, sostuvo que en los recientes comicios habría intervención de grupos criminales. En respuesta, el 2 de febrero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que los candidatos a puestos de elección popular podrían contar con protección federal durante el proceso electoral.

El anuncio gubernamental dejó claro que las elecciones federales y locales estaban bajo amenaza. En su momento, la misma Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que había “focos rojos” en 50 municipios del país. Así lo percibieron partidos y autoridades en diversos momentos. Por esta razón, desde enero, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y otros partidos anunciaron que no registrarían candidaturas a puestos de elección popular en algunas regiones del país, por la violencia sufrida en otros momentos por diversos aspirantes. Algunos de ellos habían sido “levantados”, baleados o amenazados para que renunciaran a sus aspiraciones políticas.

Este complejo clima de violencia generó un aumento sustancial en la cifra de candidatos que contaron con protección del gobierno federal. El INE informó que, hasta el 21 de mayo, 532 candidatos la habían solicitado. Además, diversas autoridades federales exhortaron a los responsables a realizar las adecuaciones pertinentes al protocolo de seguridad, para evitar que la burocracia impidiera que los solicitantes obtuvieran protección de manera inmediata.

A pesar del protocolo presentado para proteger a candidatos, durante el proceso electoral recién concluido, no fue un instrumento que dotara de confianza a todos los contendientes, para expresarse libremente en mítines y otros eventos políticos. Generalmente, por temor a represalias de los criminales, los aspirantes a puestos de elección popular evitaron hablar de los más graves problemas existentes en sus demarcaciones electorales, especialmente del narcotráfico, extorsiones, secuestros, asesinatos y demás ilícitos cometidos por la delincuencia organizada.

No obstante que era fundamental que los candidatos a cargos de elección popular hicieran sus campañas con la confianza de sentirse protegidos por la fuerza del Estado, sin amenazas o ataques de los grupos delictivos, hubo temor. También era necesario que la ciudadanía se sintiera libre para votar por el partido o la candidatura de su preferencia, sin presiones del crimen organizado, también hubo miedo. En síntesis, el protocolo de protección no sirvió para tener elecciones sin violencia y sin injerencia delictiva.

Era necesario que las autoridades electorales, las instituciones de seguridad pública y los tribunales judiciales fueran capaces de frenar significativamente la intervención del crimen organizado en las elecciones. Pero era difícil para todos los niveles de gobierno reconocer que la delincuencia organizada manda en gran parte del territorio nacional. A pesar de esas resistencias, se tuvo que enfrentar este problema para evitar que creciera. Por esta razón, era indispensable realizar las acciones necesarias para afrontarlo con éxito la tarea, lo cual no ocurrió.

Las principales mediciones de la violencia

Varias organizaciones le dieron seguimiento a este grave fenómeno político electoral. De manera particular lo hicieron Data Cívica-Animal Político-México Evalúa, Laboratorio Electoral e Integralia Consultores. A partir de sus cifras se hará un balance de la violencia política durante el proceso electoral recién concluido. Por razones de espacio se abordarán especialmente los asesinatos ocurridos entre gente vinculada a la política o al gobierno. Será particularmente importante el recuento de los candidatos asesinados.

Según Data Cívica, de enero de 2018 al 2 de junio de este año se registraron 1, 981 hechos violentos en México. Los más comunes fueron amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas vinculadas al ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos, por parte de la delincuencia organizada, que ocurrieron antes, durante y después de los procesos electorales federales y locales.

En su último corte mensual del proyecto: “Votar entre balas: entendiendo la violencia político criminal en México”, Data Cívica-Animal Político-México Evalúa reveló que ocurrieron 362 hechos político criminales en 2024. Los estados que tuvieron más acontecimientos violentos fueron los siguientes: Chiapas, 53; Puebla y Guerrero, 42; Guanajuato, 40 y Morelos, 32. Lo más grave es que en ese periodo fueron asesinados 34 candidatos. Esta cifra superó a los 22 asesinados en las elecciones de 2018 y a los 17 de 2021.

De acuerdo con las cifras del tercer reporte preliminar de otra organización, Laboratorio Electoral, con corte al 30 de mayo pasado, en los recientes comicios ocurrieron al menos 320 casos de violencia contra individuos relacionados con el proceso electoral. Entre ellos destacan los asesinatos de 93 personas vinculadas a los recientes comicios, de las cuales 32 detentaban una candidatura a un cargo de elección popular. Además, hubo 277 hechos violentos más: 131 amenazas, 77 atentados y 17 secuestros. Todos estos acontecimientos, en su conjunto, tuvieron un efecto negativo en los comicios. Alteraron su curso normal.

Finalmente, de acuerdo con el reporte previo a la jornada electoral de Integralia Consultores, fechado el pasado 28 de mayo, en el recién concluido proceso comicial hubo 749 hechos violentos, que superaron ampliamente a los 299 ocurridos en 2021. Los estados con más víctimas de violencia política fueron: Guerrero, con 105; Chiapas, con 88 y Puebla, con 68. Lo más graves es que 316 de esas agresiones fueron contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, 34 de los cuales perdieron la vida.

Los estados con más candidatos asesinados fueron: Chiapas, con 8; Guerrero, con 6; y Michoacán, con 4. Los partidos con más agresiones fueron Morena (61), PRI (58) y PAN (43). Un dato muy importante es que el ámbito comicial más vulnerable fue el municipal. Ahí se recibieron 75.6 por ciento de las agresiones, seguido del federal, con 9.8 por ciento y del estatal, con 7. 9 por ciento.

En general, los homicidios generaron una atmósfera de miedo. Algunos de los contendientes que sustituyeron a un candidato asesinado, solo realizaron campañas de bajo perfil, o únicamente se comunicaron mediante redes socio digitales. Muchos de ellos evitaron concentraciones públicas que los pusieran en peligro. En otros casos, los partidos optaron por no sustituir a los candidatos para no arriesgarlos a sufrir un atentado. Ya no contendieron electoralmente.

Con estos datos recientes, y la experiencia de otros comicios en que ocurrieron hechos de este tipo, queda claro que la violencia política fue una amenaza real en el proceso electoral reciente. Los órganos del Estado mexicano fueron incapaces de coordinarse para garantizar la seguridad de todos los candidatos a cargos de elección popular. No pudieron evitar que el crimen organizado incidiera en las elecciones, alterando su curso normal. En parte, este grave problema no pudo resolverse por las complicidades estructurales de autoridades y delincuentes.

Si como lo señala uno de los reportes de Data Cívica-Animal Político-México Evalúa, “no existe la democracia donde impera el miedo”, entonces las autoridades tenían la enorme responsabilidad de que la competencia política ocurriera en condiciones pacíficas. Era indispensable que en la contienda electoral se dieran garantías de seguridad para transitar, reunirse y expresarse libremente, sin temor a sufrir represalias del crimen organizado. Es lo mínimo que se requería para que la ciudadanía votara en libertad el pasado 2 de junio. Había que detener la violencia electoral, para no correr el riesgo de votar con miedo o incluso entre balas.

La violencia contra el personal del INE

El problema de la violencia hacia aspirantes y candidatos fue algo muy grave, pero también son delicados los ataques a los capacitadores y supervisores electorales, quienes realizaron tareas de capacitación en medio de agresiones e inseguridad. Aunque no es de la misma magnitud y trascendencia, también es importante destacar la violencia cotidiana que se ejerce en contra del personal del INE.

Algunos de los delitos a los que se enfrentaron capacitadores y supervisores en el proceso electoral fueron los siguientes: asalto en la vía pública, amenazas, robos, agresiones físicas, persecuciones y acoso sexual. A esta lista se suman los incidentes que sufren en el camino a sus lugares de trabajo: asaltos en el transporte público y robo de sus prendas de identificación.

Son muchas las historias de capacitadores y supervisores electorales a los que, desde hace largo tiempo, se les ha impedido hacer su trabajo debidamente. En algunos lugares los extorsionan para entrar a notificar a los ciudadanos que han sido sorteados para ser capacitados, los cuales podrían ser designados funcionarios de mesas directivas de casilla más adelante. Hay numerosos testimonios de que han sido expulsados de ciertos lugares y amenazados para que no regresen, so pena de que si lo hacen enfrentarán consecuencias negativas. Es una forma de violencia que también debe detenerse.

Reflexiones finales

Las elecciones de 2024 no estuvieron exentas de la violencia estructural que aqueja al país desde hace muchos años. Para erradicarla, es necesaria una eficaz coordinación de las autoridades electorales con los gobiernos de todos los niveles. El deber de todos ellos es garantizar la integridad física de los candidatos que visitan las principales plazas públicas del país en busca del voto popular. Pero también es fundamental que no descuiden la integridad física de quienes realizan el trabajo electoral a ras de tierra; en contacto diario con las personas que reciben el voto ciudadano.

El Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de combatir eficazmente a los grupos criminales, no sólo con las fuerzas armadas, sino cortando sus fuentes de ingresos, desarticulando sus sistemas de inteligencia y quitándoles bases sociales. El reto para el nuevo gobierno y las autoridades comiciales será impedir que esos grupos interfieran más en los comicios. Las elecciones deben ser organizadas en condiciones pacíficas y sin la injerencia de grupos delictivos o de cualquier otro poder fáctico.

Para evitar la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones se requiere que las autoridades reconozcan el problema, si es que desean resolverlo. No deben negar lo evidente: que el crimen organizado ha penetrado también en las estructuras políticas y es un riesgo para la seguridad de quienes aspiran a cargos de elección popular, especialmente de aquellos que los delincuentes perciben como una amenaza a sus intereses. Las autoridades deben aprender de la experiencia reciente. En 2027 no deben esperar a que “se ahogue el niño”, para después tapar el pozo.

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