Uno de los tabulados que forman parte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y en el que poco se pone la atención, es el relativo a las situaciones de acoso personal y violencia sexual; en efecto, en la difusión y discusión sobre los resultados que se presentan trimestralmente, se hace énfasis principalmente en cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad; sin embargo, los datos de estos tabulados son muy relevantes y deben tener una mayor visibilidad, y deberían obligar además a la construcción de una nueva política pública de prevención de los delitos sexuales en el país.
Escrito por: Saúl Arellano
En la entrega que hizo México Social a Excélsior esta semana, se documentó el incremento acelerado en el número de carpetas de investigación en los últimos cinco años, en prácticamente todos los conceptos de los delitos que atentan en contra de la libertad y la seguridad sexual de las personas; lo cual es consistente con los datos que da a conocer la ENSU y los que revelan la existencia de una tremenda e inadmisible violencia sexual en todo el país.
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El primer dato a destacar es el relativo a que, del total de población de 18 años y más que habita en localidades de 100 mil habitantes o más, el 17.1% ha enfrentado una situación de acoso personal o violencia sexual. Esto implica una cifra de 7.72 millones de personas, de las cuales 5.98 millones son mujeres y 1.73 millones son hombres, lo cual confirma que la mayor cantidad de víctimas siguen siendo mujeres, aunque con cada vez mayor frecuencia hay hombres que enfrentan este tipo de situaciones.
Es importante destacar que entre la población que ha enfrentado ese tipo de situaciones, hay quienes viven o son víctimas de dos o más tipos de agresiones. Así, de los 45.13 millones de personas mayores de 18 años que viven en el tipo de localidades señaladas, se reportan 7.074 millones que han enfrentado intimidación sexual, es decir, situaciones que el INEGI agrupa en las siguientes categorías: “Le dijeron piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo que a usted le molestaron u ofendieron”, “Le enviaron mensajes o publicaron comentarios sobre usted, con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas sexuales, a través del celular, correo electrónico o redes sociales (como Facebook, X (antes Twitter), WhatsApp, etc.), que a usted le molestaron u ofendieron”, “Le enviaron mensajes, fotos, videos o publicaciones con insinuaciones, insultos u ofensas sexuales que fueron ofensivos o amenazantes a través del celular, correo electrónico o redes sociales (Facebook, X (antes Twitter), WhatsApp, etc.)”.
Adicionalmente, 2.13 millones reportaron haber sido víctimas de actos de abuso sexual, los cuales pueden caer en las siguientes categorías que utiliza el INEGI en su encuesta: “Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se tocó sus partes íntimas enfrente de usted, y usted se sintió molesta(o), ofendida(o), o atemorizada(o)”, “Le manosearon, tocaron, besaron o se le arrimaron, recargaron o encimaron con fines sexuales sin su consentimiento”, “Le obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos (fotos, revistas, vídeos o películas)”.
Otras 521,509 personas declararon haber vivido acoso sexual u hostigamiento sexual, lo que incluye las siguientes situaciones posibles: “Le ofrecieron dinero, regalos u otro tipo de bienes a cambio de algún intercambio de tipo sexual, que a usted le pareció ofensivo o humillante”; mientras que un total de 285,317 personas declararon haber sido víctimas de violación o intento de violación, lo que se pudo haber realizado en situaciones como las siguientes: “Alguien intentó obligarle o forzarle usando la fuerza física, engaños, o chantajes a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, o en contra de su voluntad”, “Alguna persona le obligó a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad”.
Entre los 7.074 millones de personas que declararon haber sido víctimas de intimidación sexual, 5.54 millones son mujeres y 1.52 millones son hombres: de los 2.13 millones de víctimas declaradas de abuso sexual, 1.75 millones son mujeres y 379,980 son hombres; de las casi 700 mil víctimas de acoso u hostigamiento sexual, 521,509 fueron mujeres y 176,977 son hombres; mientras que de las 483,254 víctimas de violación e intento de violación, 285,317 son mujeres y 197,937 son hombres.
Estas cifras contrastan con el número de carpetas de investigación iniciadas en 2023 por estos delitos; en efecto, por los delitos de violación y violación equiparada, los datos oficiales indican que apenas se iniciaron 22,725, es decir, apenas el 4.7% de la totalidad reportada en la ENSU, y esto considerando que esa encuesta se aplica sólo en localidades de más de 100 mil habitantes. En el caso del acoso sexual, de los casi 700 mil casos auto reportados, en 2023 apenas se iniciaron 13,820 carpetas de investigación, además de 3,483 por hostigamiento sexual, sumadas, dan apenas 17,303, es decir, solo el 2.47% del total.
Es evidente que ante este escenario puede sostenerse que la procuración de justicia es una calamidad en México; que las fiscalías estatales no ofrecen condiciones de confianza y seguridad a las víctimas, para lograr que la cifra negra se reduzca de manera relevante, y para garantizar a las víctimas justicia, reparación del daño y garantía de no repetición.
Los datos disponibles obligan a repensar toda la política nacional en materia de seguridad sexual de las personas, y de protección de las mujeres, niñas y niños, quienes son, como queda visto, las principales víctimas. No es exagerado pensar, por ejemplo, en una alerta de género nacional y permanente, hasta que esto deje de ocurrir.
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Investigador del PUED-UNAM
