México es posiblemente el único país que, sin estar en una situación de catástrofe o de guerra, tiene una reducción de la esperanza de vida al nacer por dos causas: la violencia en todas sus formas y las enfermedades crónicas, entre ellas el sobrepeso y la obesidad; ambos padecimientos se presentan en 3 de cada 4 personas mayores de 20 años que habitan el país.
Por: POPLab / Verónica Espinosa @veroespinosav
El 10% de los mexicanos padecen diabetes, hay cada vez más casos a edades tempranas. 15 millones reportan haber recibido un diagnóstico médico de hipertensión.
Así lo refleja la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que en esta ocasión se diseñó y aplicó en conjunto con la Secretaría de Salud federal y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
A partir del 2020, esta encuesta se aplicará cada año para tener una medición lineal de la calidad de los servicios de salud y de los diferentes factores de salud y nutrición de la población del país.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, 8.6 millones de personas en México están diagnosticadas de diabetes y 15 millones reportan haber recibido un diagnóstico médico de hipertensión.
“Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales en México se asocian con mala nutrición, en particular por consumo excesivo de azúcares, grasas, calorías y sal; esto ha condicionado no sólo un estancamiento, sino una reducción de la esperanza de vida al nacer”, advirtió el Subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell durante la presentación de la ENSANUT 2018.
La encuesta fue aplicada entre el 30 de julio del 2018 y el 24 de junio de 2019 y abarca una amplitud de datos: consumo de alimentos de niños, adolescentes y adultos; prevalencias y distribución de enfermedades agudas y crónico degenerativas (diabetes, hipertensión, dislipidemias); población con problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad; desarrollo infantil temprano; prácticas de alimentación infantil, derechohabiencia y uso de servicios de salud (ambulatorio y hospitalario); vacunación en menores de 5 años, actividad física, así como consumo de tabaco y alcohol en adolescentes y adultos.
Es la tercera que se aplica con los dos ámbitos (nutrición y salud). Las dos primeras se levantaron en el 2006 y el 2012.
El INEGI, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública presentaron los primeros resultados. El total se irá dando a conocer en un calendario ya programado, por la cantidad y complejidad de la información obtenida, pues la encuesta incluyó la medición antropométrica, tomas de muestras de sangre, peso y talla de menores de edad, entre otros insumos.
El presidente del INEGI, Julio A. Santaella, y el director del Instituto Nacional de Salud Pública Juan Ángel Rivera Donmarco, explicaron que por este modelo especializado participó personal de enfermería, medicina y nutriología, capacitados por el INSP.
Las entrevistas se efectuaron cara a cara en 50 mil viviendas en la parte de salud, y 32 mil viviendas para el tema de nutrición, ambas muestras que permiten hablar de una generalidad de los más de 126 millones de habitantes en el país.
Las poblaciones objeto de estudio se dividieron en: infantes de 0 a 4 años (que representan 10 millones); menores de 5 a 9 años (poco más de 11 millones); adolescentes de 10 a 19 años (unos 23 millones) y adultos de 20 años y más, segmento mayor de población con casi 83 millones.
Ocho de cada 10 personas declararon tener derecho a un servicio médico como IMSS, ISSSTE o algún otro asociado a la Secretaría de Salud, pero menos del 60 por ciento de estos derechohabientes se atiende en esos servicios.
Tres de cada cuatro personas mayores de 20 años presente un problema de sobrepeso y obesidad: el 40 por ciento tiene el primero y un 36 por ciento presenta el segundo.
El 10.3 % de los adultos mayores de 20 años están diagnosticados de diabetes. Es decir, hay otra cifra de aquéllas que no han sido diagnosticadas.
La parte Noreste del país es la que tiene la mayor prevalencia. Campeche tiene la tasa más alta, el 14 por ciento; ese mismo estado presenta la mayor tasa de prevalencia por colesterol, que de acuerdo con la encuesta, estaría diagnosticado en 15.2 millones de mexicanos; un 20 por ciento de este segmento presenta niveles altos.
En cuanto al consumo de alcohol, mientras el 22 % de la población adolescente dijo haber tomado bebidas alcohólicas, en los adultos el dato es del 64 %, con las mayores prevalencias en estos estados: Puebla, Colima, Jalisco, San Luis Potosí y la Ciudad de México.
Guanajuato se ubica a la cabeza en la prevalencia de consumo de tabaco en población adolescente (una tasa del 9.5), seguido de Coahuila, Aguascalientes, Hidalgo y Sonora.
Entre los adultos encuestados que fuman a diario, los hombres consumen un promedio de 7.5 cigarros y las mujeres 5.9.
Apenas un 20 por ciento de la población practica una actividad física por un tiempo acumulado de 28 horas a la semana; el 29 por ciento dijo hacer alguna actividad física por un promedio de 2.5 horas semanales.
Uno de los escasos resultados de la encuesta calificados como positivos fue el de la lactancia materna, de la que se vio un incremento significativo con respecto a la ENSANUT de 2012, cuando México se ubicó en el último lugar en este renglón junto con Panamá, a nivel Latinoamérica.
En cuanto a los hábitos alimenticios, la encuesta reveló que apenas un 20 por ciento de los menores comen verduras, mientras que en los adultos la cifra sube al 45 por ciento.
La ingesta de bebidas no lácteas endulzadas alcanzó el 85 por ciento en casi todos los grupos de edad, seguida de las botanas, dulces y postres.
En estos grupos de alimentos, la población infantil tiene la mayor prevalencia: 2 de cada 3 menores los consumen, mientras que 1 de cada 3 adultos lo hacen.
El efecto de estos hábitos salta a la vista: el sobrepeso y la obesidad se presentan en un 34 por ciento de menores de 5 a 11 años. Pero mientras en la encuesta anterior, era más la presencia de sobrepeso que de obesidad en ese grupo de edad, los resultados del 2018 reflejan que ahora son más los menores que presentan ambos problemas de salud.
Entre 212 y 2018 hubo también un ligero incremento de ambos rubros en adolescentes (pasó del 32 al 35 por ciento), pero en el caso de las mujeres el impacto es mayor; el porcentaje de población femenina con obesidad y sobrepeso pasó del 35.8 al 41 por ciento en esos seis años.
Lo mismo se encontró en la población adulta: 3 de cada 4 mujeres tienen sobrepeso u obesidad. El porcentaje es un poco menor en el caso de los varones.
“Continúa la emergencia epidemiológica, sí, es una pandemia global (la) diabetes; tendríamos que analizar a profundidad en distintos grupos de edad, pero sí hay evidencia de que en México hay cada vez más casos de diabetes a edad más temprana”, evidenció el director del INSP Juan Ángel Rivera.
“En términos de que si es poquito o mucho, es mucho comparado con otros países –añadió- hablar de que el 10 por ciento de los adultos mexicanos son diabéticos es un número altísimo comparado con casi cualquier otro país y por eso nos preocupa… la diabetes es uno de los efectos que se presenta como una especie de secuela de los problemas de obesidad”.
Rivera calificó como “algo muy interesante, triste” que en el caso de las mujeres, 40 por ciento presentan obesidad mientras en los hombres es el 30.
“Hablamos de una inequidad de género en los efectos que esto puede tener, en detrimento de las mujeres”.
Para el Subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López-Gatell, en los sexenios anteriores hubo fallas en la articulación de las políticas públicas para favorecer la disminución de estas enfermedades.
Pero también reveló que “hay indicios que sugieren que en gobiernos anteriores, el conflicto de interés, el atender a los intereses privados por encima de los públicos” también inhibió el desarrollo de políticas para frenar lo que ahora son epidemias nacionales.
“Al final, la política pública de prevención se redujo a una versión muy limitada y posiblemente obsoleta en la promoción de la salud”, además de que se utilizaron una gran cantidad de recursos en campañas de comunicación “cuyo impacto no ha sido formalmente documentado”, expuso el subsecretario.
Ahora, la información obtenida a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición será la línea de base “que nos permita comparar los logros que vayamos teniendo con políticas integrales que sean inmunes y resistentes a cualquier presión”, mencionó el Subsecretario, en alusión a la reforma legal modificar el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas y el rechazo de la industria al nuevo formato.
El funcionario federal aclaró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha trabajado por varios meses en un diálogo con el empresariado internacional y nacional por “las inquietudes que ha mostrado ante políticas como el etiquetado”, mismas que consideró legítimas.
Pero fue rotundo en afirmar que la política pública que en materia de salud y alimentación definió la actual administración “se hace y se seguirá haciendo en protección, promoción y defensa de los intereses públicos”, con atención a inquietudes de todos los sectores sociales, pero con la estrategia de cambiar la situación que prevalece con “una grave y alarmante epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles” relacionadas con la mala alimentación.
López-Gatell resumió tres líneas de las primeras políticas públicas del arranque del sexenio para modificar la estrategia pasada de combatir las enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad) desde un punto de vista meramente médico, “cuando el daño ya es manifiesto”:
El nuevo etiquetado frontal de los productos industriales, procesados y ultra procesados, que ya se aprobó; la regulación de la publicidad, para lo que en un plazo de 180 días se revisará el Reglamento de publicidad y el de insumos y servicios para armonizarlos con el nuevo etiquetado, y la transformación de los más de 6 millones de desayunos escolares que actualmente se reparten entre el DIF y la Secretaría de Educación Pública, en desayunos calientes con mayores contenidos nutricionales y productos locales.
En particular, se quiere proteger a la niñez de la publicidad que pudiera ser engañosa o inductiva al consumo de productos no saludables.
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