La violencia criminal tiene secuestrado al estado de Guanajuato desde hace casi una década. Esta era una entidad con una larga tradición de tranquilidad social, donde incluso la Revolución y la Guerra Cristera no alteraron en demasía la convivencia comunitaria, con excepcionales episodios violentos que no se convirtieron en normalidad o recurrencia en el tiempo.
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Hoy experimentamos un ambiente de terror social, motivado por ataques recurrentes entre las organizaciones criminales que buscan el control territorial de un estado que genera el 6% de la PIB nacional, y que ha desarrollado un sistema muy funcional de ciudades medias de gran dinamismo. Esos cárteles delictivos ya no buscan el control de la producción y circulación de drogas enervantes entre los puntos de producción y los de consumo internacional.
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Ese mercado se ha reconfigurado, y los profesionales del crimen han reorientado sus objetivos a las actividades económicas de las sociedades locales. Resulta que se han reinventado como un Estado dentro del Estado, e imponen su propio sistema contributivo a los negociantes honestos, que hoy deben pagar por “protección” y derecho de piso. Esto ante la mirada atónita, impotente o cómplice de las autoridades legalmente constituidas.
El artero ataque perpetrado contra los dueños del restaurante Barra 1604 de la sufrida ciudad de Salamanca el pasado domingo 19, es sólo uno de los centenares de episodios de violencia que se desarrollan semana a semana en nuestra entidad. Hice el experimento de buscar los términos “ataque armado salamanca” en Google, y obtuve docenas de resultados para los años 2021, 2020 y 2019. Un volumen pavoroso de actos violentos entre los miembros de esos sicariatos, pero más aterrador cuando son dirigidos contra la sociedad civil, que usualmente es víctima inocente de los malandrines que buscan vampirizarla.
Pero resulta que ahora matan a bombazos cobardes y teledirigidos, victimando además a trabajadores honestos que se dedican a las entregas domiciliarias, un espléndido servicio social. Estoy convencido de que este nuevo tipo de ataque inaugura una nueva era en el clima generalizado de miedo comunitario. Estoy de acuerdo en que no es terrorismo, pues no se cumplen las condiciones formales: no hay motivaciones políticas, étnicas, raciales, religiosas, nacionalistas o reivindicativas, ni se ataca a objetivos indefinidos, buscando generar miedos irracionales. Fue, por lo contrario, un ataque dirigido a un objetivo concreto: los dueños del negocio. Es sencillamente un asesinato a sangre fría, premeditado y cobarde.
Se ha anunciado que la fiscalía del estado ha capturado a los presuntos autores, apenas a las 72 horas del crimen. Ojalá que en efecto se haya desplegado una investigación profesional, sin las presiones de la opinión mediática. Temo que el clima político actual no favorece un procedimiento ecuánime y sensato. Vemos cómo la federación presiona al estado para mudar la conducción de esa fiscalía, y esa coyuntura no ayuda a la procuración de justicia.
Es importante que los ciudadanos y las autoridades no nos dejemos amedrentar por la brutalidad de los criminales organizados. Como nunca, es urgente invertir recursos y talento en la construcción de estrategias efectivas de prevención y combate, sin el contaminante del discurso electorero de la clase política, más interesada en su continuidad en el poder. Es tarea para los técnicos criminalistas, los forenses de la violencia y la policía de investigación, no de los palabreros.
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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. riondal@gmail.com – @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/ – https://rionda.blogspot.com/
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