Está en riesgo inminente el derecho ciudadano a ejercer un voto libre y auténtico, como debe ser el voto en las elecciones populares. Esta es una de las consecuencias más profundas de las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo, y que están en su fase final con la decisión que puede tomar pronto el Senado de la República.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Lo que está en juego no es cualquier arreglo jurídico más, algún ajuste institucional común y corriente, un cambio convencional de tal o cual regla legal, sino la muy probable afectación al derecho soberano que tenemos como ciudadanía a definir el rumbo de la sociedad a través de elecciones realmente efectivas, independientes y plenamente confiables, incuestionables y autónomas, sin la interferencia de los poderes, y, especialmente, sin la intervención interesada de los gobiernos en turno.
Nuestro derecho a ejercer plenamente el voto estuvo como una aspiración en la Constitución, hasta que a fines del siglo XX se convirtió en una práctica real, concreta, con toda la potencia que hemos testificado y de la que nos hemos beneficiado en este cuarto de siglo. La Constitución de 1857 colocó en sus artículos 35 y 36 la prerrogativa del ciudadano a votar en las elecciones populares, y ahí se mantuvo literalmente en 1917, con la misma y breve frase de cinco palabras que ahora consigna el articulo 34.
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Pues bien, lo que puede ocurrir ahora es el regreso a la presencia simbólica de ese derecho fundamental, que durante tanto tiempo fue conculcado por los gobiernos y los poderes fácticos. Lo hicieron a todas las escalas, de las elecciones nacionales a las locales, en las legislativas o las del poder ejecutivo, sobre todo por medio del control de los procesos y las instituciones que organizan y regulan las votaciones, con la intervención de los gobernantes utilizando los recursos presupuestales, la estructura gubernamental y el poder político en la orientación de los resultados electorales, y con el apoyo de todos los aparatos de propaganda y comunicación pública disponibles.
Lo que conseguimos como sociedad a fines de los años noventa, como resultado del largo e intrincado proceso de reformas políticas y electorales, fue uno de los grandes logros nacionales, una de las realizaciones históricas que esperaron mucho tiempo y por fin nos colocaron a la par de los sistemas y las naciones democráticas.
A la distancia podemos identificar muchas insuficiencias de la transición, o más bien muchas ausencias en la transformación social y económico, pero solo de manera interesada y malintencionada se pueden negar los beneficios indiscutibles del cambio en las instituciones y procesos electorales, en la autonomía del IFE y luego del INE, en la confianza y seguridad que nos otorgó la realización, por fin, de elecciones libres y auténticas, y la operación de mecanismos abiertos para procesar los cuestionamientos en los casos en los que surgen problemas operativos en las campañas, las elecciones, el conteo de los votos o en cualquiera de tantas circunstancias previstas en esa legislación tan barroca, tan compleja, que se construyó como respuesta a las viejas prácticas de control de las elecciones desde el poder gubernamental.
Todos los partidos y fuerzas políticas contribuyeron a la construcción de las reglas que ahora tenemos, todos aportaron a esa sobrecarga de tareas del IFE y del INE, que supuso dedicar los presupuestos necesarios, todos consiguieron sus triunfos electorales con esas reglas y mecanismos. Siempre habrá oportunidad de mejoras, posibilidades de reformas que mantengan lo fundamental, que es la autonomía del INE y de su capacidad operativa, pero aunque se veía llegar, no deja de ser una regresión histórica el empeño destructivo para conseguir el control gubernamental de las instituciones y procedimientos electorales, lo que en lo hechos anularía la libertad y la autenticidad del voto, como ocurrió casi de forma continua hasta fines de los años noventa.
Ahora solo el gobierno federal y su partido están empeñados en desmontar el entramado que permitió finalmente el voto libre y auténtico, el ejercicio de ese derecho fundamental. Es perversa la campaña que desató el propio Presidente de la República para estigmatizar al INE y a todas las instituciones electorales, para atacar personalmente a los consejeros, y sobre todo a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama, que se atrevieron a responder a tantas mentiras y a documentar y difundir las consecuencias funestas que puede tener la reforma de la legislación electoral, a los efectos que de hecho ya está teniendo.
Hasta ahora ni las autoridades que promovieron las reformas, el llamado Plan B, ni el partido MORENA, han dicho nada sobre las consecuencias operativas en la equidad en las contiendas, el conteo de los resultados, la instalación de las casillas, la elaboración y actualización del padrón, en la reestructuración y organización tanto del INE como de los demás órganos electorales, en la extinción del servicio profesional electoral, en el daño laboral para miles de trabajadores, en el impacto presupuestal para el propio INE y toda la estructura electoral nacional y local, al impacto en los procedimientos que garantizan la limpieza de las elecciones, a las dificultades que habrá para que la ciudadanía intervenga en la preparación, instalación y operación de las casillas y en conteo de los votos, en la regulación de la propaganda gubernamental y la intervención de los funcionarios públicos en los procesos y las campañas… entre muchas otras implicaciones del Plan B.
El examen de estas y tantas otras consecuencias está a la vista de todo mundo, pero solo ha recibido denuestos, ha sido ignorado tanto por las autoridades que promovieron las reformas como por el partido mayoritario en las cámaras legislativas. Lo expuso el INE y lo suscribió todo el Consejo General del INE https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/147695/CGex202301-25-ip-1.pdf y es un examen pormenorizado y anticipado de una de las peores labores destructivas que se han registrado en México, de una regresión tan lamentable como escandalosa.
Con estos daños mayores a las funciones electorales, al desmontar la construcción nacional que se consiguió con tanto esfuerzo, con este empeño para que las elecciones regresen al control del gobierno en turno, lo que está a punto de ocurrir es que de nuevo el derecho fundamental de elegir de forma libre y auténtica vuelva a ser solo un hecho simbólico, anulado por la simulación, por la intervención de las autoridades en las campañas, por el uso de recursos públicos en beneficio de las candidaturas afines a la autoridad, por la incapacidad material de organizar debidamente las elecciones.
Está en riesgo inminente el derecho ciudadano a ejercer un voto libre y auténtico.
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