En el gobierno de López Obrador, la construcción de la paz ha quedado como un enunciado vacío de contenido, mientras que el Consejo encargado de su construcción no sólo no se ha instaurado, sino que ni siquiera ha vuelto a mencionarse, lo mismo que los modelos de justicia transicional.
Por Elena Azaola / @InsydeMx
Este artículo se publicó originalmente en Animal Político y se reproduce con autorización expresa de la autora.
Poco antes de que iniciara el gobierno actual, el presidente electo dio a conocer el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Allí reconoció la grave crisis de seguridad que enfrenta el país y anunció que acudiría a “nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz…”. Entre estas estrategias se mencionaron la amnistía, la adopción de modelos de justicia transicional, así como el establecimiento de un Consejo para la Construcción de la Paz que sería una instancia de articulación de actores e instituciones nacionales e internacionales encargadas de colaborar en la construcción de la paz (págs. 2, 12).
Sin embargo, poco después de la toma de posesión, el gobierno resolvió apostar por dejar en manos de militares la formación y el mando de la recién creada Guardia Nacional para que se hiciera cargo de enfrentar la grave crisis de inseguridad. Ello no obstante que, de acuerdo con los informes que anualmente ha rendido la CNDH de 2006 a la fecha, los integrantes de las Fuerzas Armadas han sido señalados como responsables del 70% de los casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Transcurrido ya el primer año de gobierno, todo parece indicar que frente a la propuesta inicial de un modelo híbrido sustentado tanto en el combate a la inseguridad como en la construcción de la paz, el gobierno ha resuelto inclinarse sólo por la primera opción sin haberse ocupado hasta ahora de la segunda. La construcción de la paz ha quedado como un enunciado vacío de contenido mientras que el Consejo encargado de su construcción no sólo no se ha instaurado, sino que ni siquiera ha vuelto a mencionarse, lo mismo que los modelos de justicia transicional.
Dentro de este contexto, conviene volver a dirigir la mirada, aunque sea brevemente, hacia algunas lecciones que los procesos de construcción de paz han arrojado en diferentes latitudes.
De entrada, hay que recordar que la mayor parte de las situaciones de conflicto interno que han experimentado distintos países tiene como origen las disputas por razones étnicas, políticas o religiosas. El conflicto que vivimos en México es atípico ya que no puede encuadrarse dentro de estas categorías. En nuestro caso, se trata de grupos criminales que retan a las fuerzas del Estado y libran batallas entre sí por el control de territorios. Algunos especialistas sostienen que, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, la situación que enfrenta México sí puede tipificarse como la de un conflicto interno que podría ameritar la intervención de organismos internacionales. Sin embargo, otros piensan que no es así. Mientras concluye este debate, la violencia en nuestro país continúa creciendo y no existe consenso en lo que es necesario hacer para contenerla. Es por ello que resulta útil conocer los resultados de algunos procesos de paz, sobre los que existe una vasta literatura que aquí sólo podemos resumir en trazos muy gruesos.
El término “Operaciones de Paz” se refiere a las diversas actividades que la comunidad internacional lleva a cabo para asistir a las partes contendientes en un conflicto. Estas actividades incluyen: lograr la paz, construirla y sostenerla. Hasta el año 2000 existían registros de 21 “Comisiones de la Verdad”, entre ellas, las de Argentina, Uganda, Guatemala, Brasil, Sudáfrica, Alemania, Chile, El Salvador y Bolivia. Después del 2000 han existido otras en Indonesia, Bosnia, Camboya, Colombia y Perú, entre otras. Los mandatos específicos y los poderes de estas comisiones difieren considerablemente y reflejan las necesidades tanto como las realidades políticas de cada país (Yordan, 2009).
Existen dos paradigmas éticos predominantes en la reconstrucción del orden político como consecuencia de un conflicto: el llamado liberal, que privilegia la construcción de instituciones liberales y el juicio de los criminales de guerra, y el paradigma de la reconciliación. Éste último parte de una aproximación más holística y tiene por objetivo central restaurar el estado de relaciones justas, lo que incluye no solo el restablecimiento de los derechos humanos, sino también dar respuesta al amplio rango de heridas que resultan de las injusticias políticas cometidas tanto por estados como por individuos, por lo que implica llevar a cabo un conjunto de prácticas que involucran a víctimas, perpetradores, funcionarios del estado y la comunidad. La idea de justicia como una relación o un balance correcto se encuentra también en la justicia restaurativa contemporánea, una aproximación a la justicia penal que ha emergido en la pasada generación (Philpott, 2009).
Cuando las heridas primarias que resultan de un conflicto no son atendidas, se producen heridas secundarias que llevan a las víctimas a cometer actos de revancha inspirados por su resentimiento, por el odio o por temor, así como por la memoria de los actos de injusticia sufridos como ocurrió en Ruanda, Irlanda del Norte, Bosnia, Israel, Palestina, Alemania y muchos otros. La literatura sobre el tema también destaca que el reto fundamental de las operaciones de paz no es sólo acabar con la violencia sino establecer órdenes autosostenibles. Construir procesos de paz y reconciliación en sociedades profundamente divididas, requiere de estrategias de construcción de paz que reparen las divisiones sociales y psicológicas que subyacen a la violencia colectiva (Aiken, 2008).
Desafortunadamente, muchas sociedades que salen de un conflicto permanecen en un estado de “no guerra-no paz”, pues se han ocupado de las manifestaciones del conflicto, pero no han logrado atender los factores que subyacen y ofrecer soluciones de largo plazo. Como lo muestra el caso de Guatemala, la paz lograda tras los acuerdos puede ser aún más violenta que la sufrida durante la guerra civil (Mac Ginty, 2010).
Después de los acuerdos, viene el proceso de construcción de la paz que puede ser de paz negativa o positiva. La paz negativa consiste en las tareas que tienen como objetivo inmediato prevenir el retorno a la violencia, tales como la desmilitarización, o la desmovilización. La paz positiva, en cambio, se ocupa de remover las causas subyacentes del conflicto que van desde resolver lo inmediato hasta ocuparse de la recuperación a mediano y largo plazos(1).
Reconstruir el capital social y los sistemas de vida en las sociedades de post conflicto es más complejo y difícil que reconstruir la infraestructura física. Requiere, entre otras cosas, redefinir y reorientar las relaciones entre la autoridad política y los ciudadanos, rediseñar las relaciones entre diferentes grupos sociales y étnicos, crear una sociedad civil en su sentido más amplio, promover la salud psicosocial y la reconciliación, así como transformar las políticas económicas y las instituciones.
Como dijera Barbara Holton a partir de su experiencia en el proceso de construcción de paz de Sudáfrica: tenemos que empezar por ser capaces de imaginar cómo queremos que sea nuestro entorno una vez que superemos esta crisis. Si no somos capaces de imaginar cómo debe verse nuestro entorno una vez que hayamos superado la crisis, no vamos a poder voltear la página y dejar atrás la violencia. Tenemos que dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a tratar de imaginar, recrear, cómo es el entorno en que queremos vivir(2).
Finalmente, es importante tener presente que en la construcción de la paz y la reconciliación el involucramiento de la sociedad local es insustituible. La reconciliación y la resolución de los conflictos son, en último término, procesos que deben ser diseñados, implementados y sostenidos por y desde los participantes locales en los conflictos. Si la gente ha de vivir en armonía por un largo plazo, deben ser capaces de solucionar ellos mismos sus diferencias.
En suma, esta mirada rápida a través de los estudios sobre los procesos de paz nos dice mucho del camino que México tiene que transitar y del papel que a todos nos corresponde jugar para lograr procesos de paz que sean duraderos y sostenibles.
Elena Azaola es antropóloga y psicoanalista, investigadora del CIESAS e investigadora emérita del SNI.
Referencias
- Véase Berinyuu, Abraham Adu. “Peace building in Africa: Lessons from Truth Commission”, International Journal of Humanities and Peace 20.1 (2004): 24-34.
- Conferencia impartida por Barbara Holton en el Centro Internacional para la Prevención del Delito, Montreal, 2010.
